Jueves, 07 de mayo, 2020

El 22 de febrero, varias personas ocuparon parte de una calle cercana a la estación de metro de Jaffrabad, en la zona nororiental de Nueva Delhi, para protestar pacíficamente contra la Ley de Enmienda de la Ley sobre Ciudadanía


Meeran Haider, Shifa-Ur-Rehman y Safoora Zargar, esta última embarazada de tres meses, han sido arrestados por protestar pacíficamente contra la Ley de Enmienda de la Ley sobre Ciudadanía, que legitima la discriminación por religión y viola claramente la Constitución de India y el derecho internacional de los derechos humanos. Detenidos en virtud de la represiva Ley de Prevención de Actividades Ilegales, pueden permanecer bajo custodia sin cargos hasta 180 días o incluso más, un plazo que excede con creces lo dispuesto en las normas internacionales. Esta ley carece de disposiciones sobre garantías adecuadas previas al juicio para evitar la tortura y otros malos tratos, lo cual, unido a la amenaza inminente de que se produzca un brote de COVID-19 en la cárcel, hace albergar graves temores por el bienestar de los tres activistas.

 

Amit Shah

Ministro del Interior de India / Union Home Minister of India

Ministry of Home Affairs

North Block

New Delhi 110001, India

Correo-e: jscpg-mha@nic.in

Twitter: @amitshah

Señor Ministro del Interior:

Le escribo para expresarle mi honda preocupación por el arresto de Safoora Zargar, embarazada de tres meses, y de Meeran Haider y Shifa-Ur-Rehman; los tres son manifestantes pacíficos que actualmente se encuentran detenidos en la cárcel de Tihar —una de las más atestadas de India— acusados de violar la represiva Ley de Prevención de Actividades Ilegales por expresar pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.

Me inquieta saber que el gobierno indio viene utilizando de forma habitual leyes represivas, como la Ley de Prevención de Actividades Ilegales, para socavar los derechos humanos y reprimir la disidencia. Estas leyes son meros instrumentos de acoso que las autoridades emplean para intimidar y encarcelar a quienes critican al gobierno. La lentitud de los procesos de investigación y las estrictísimas disposiciones relativas a la fianza de estas leyes garantizan que quienes se atreven a protestar —por ejemplo, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales del derecho y periodistas— se enfrenten a muchos años de cárcel.

Safoora, Meeran y Shifa-Ur-Rehman participaron en las protestas que hubo en febrero de 2020 contra la Ley de Enmienda de la Ley sobre Ciudadanía, que legitima la discriminación por motivos de religión y viola claramente la Constitución de India y el derecho internacional de los derechos humanos. Como sin duda sabe, la alta comisionada de la ONU para los Derechos humanos, el Parlamento Europeo, la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional estadounidense, así como varios miembros del Senado de Estados Unidos, han planteado graves motivos de preocupación respecto a esta ley de enmienda.

Resulta preocupante que, a pesar de que reclusos de una cárcel central de Indore y de una prisión de distrito en Karnataka han dado positivo en las pruebas de la COVID-19, el gobierno siga utilizando leyes represivas para detener a activistas pacíficos y, además, poniendo sus vidas en grave riesgo.

Por eso, le pido que:

  • Se asegure de que se revisan los casos de detención en espera de juicio y se pone en libertad de inmediato a Safoora Zargar, Meeran Haider y Shifa-Ur-Rehman, arrestados en aplicación de una ley represiva por ejercer su derecho a la libertad de expresión;
  • Se asegure de que se derogan o enmiendan todas las leyes —incluida la Ley de Prevención de Actividades Ilegales— que penalizan o imponen restricciones arbitrarias o radicales al derecho humano de libertad de expresión, y que la legislación de India se armoniza con las normas internacionales de derechos humanos.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

Safoora Zargar, estudiante de investigación de la Universidad de Jamia Millia, Meeran Haider, miembro del Comité de Coordinación de Jamia y Shifa-Ur-Rehman, presidente de la asociación de estudiantes Jamia Millia Islamia, están acusados de ser “conspiradores clave” en los disturbios de Delhi de febrero de 2020. La policía de Delhi los arrestó el 10, el 2 y el 24 de abril, respectivamente, y después se les aplicó la Ley de Prevención de Actividades Ilegales.

El embarazo de Safoora es una circunstancia que debería eximirla de seguir detenida en virtud de esta ley, especialmente en medio de la pandemia de COVID-19.  Las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok) recomiendan que, mientras se deciden las medidas previas al juicio, cuando sea posible y apropiado se preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas.

El 22 de febrero, varias personas ocuparon parte de una calle cercana a la estación de metro de Jaffrabad, en la zona nororiental de Nueva Delhi, para protestar pacíficamente contra la Ley de Enmienda de la Ley sobre Ciudadanía. Un día después, Kapil Mishra, dirigente del Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party), efectuó unas desafiantes declaraciones y lanzó un ultimátum a la policía de Delhi para que obligara a retirarse a quienes protestaban en un plazo de tres días. Poco después de estas declaraciones, estallaron disturbios y los ataques de una muchedumbre hindú se saldaron con la muerte de 50 personas musulmanas.

Durante los disturbios fueron grabados vídeos, cuya autenticidad se ha comprobado, en los que se veía a agentes de policía arrojando piedras y golpeando a jóvenes musulmanes. En uno de esos vídeos, los agentes obligaban a cantar el himno nacional a los hombres, que les rogaban que dejaran de agredirlos. Uno de los hombres murió a consecuencia de las heridas.

Mientras personas que protestaban pacíficamente están detenidas de forma arbitraria en virtud de unas leyes draconianas, las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes durante las protestas contra la Ley de Enmienda de la Ley sobre Ciudadanía, y los posteriores disturbios que se saldaron con varias muertes —como también señaló la comunicación de los relatores especiales al gobierno de India, de fecha 28 de febrero de 2020— siguen pendientes de investigación.

La Ley de Enmienda de la Ley sobre Ciudadanía, que entró en vigor en diciembre de 2019, legitima la discriminación por motivos de religión y viola claramente la Constitución de India y el derecho internacional de los derechos humanos. Aunque es una ley incluyente en el objetivo que afirma perseguir, resulta excluyente en su estructura e intención. El texto legal enmienda la Ley sobre Ciudadanía de 1955 para permitir que las personas migrantes en situación irregular consigan la ciudadanía india mediante naturalización e inscripción en el registro, pero restringe esta posibilidad a personas hindúes, sijs, budistas, jainistas, parsis y cristianas de Afganistán, Bangladesh y Pakistán que hayan entrado en India antes del 31 de diciembre de 2014. Para estas comunidades concretas, la Ley también reduce de 11 a 5 los años de residencia que se requieren para conseguir la ciudadanía india por naturalización.

La Ley de Enmienda a la Ley sobre Ciudadanía viola el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los que India es Estado Parte.

El gobierno utiliza habitualmente la Ley de Prevención de Actividades Ilegales para eludir los derechos humanos y reprimir la disidencia. En 2018, el índice de condenas en aplicación de esta ley fue del 27%, mientras que el 93% de los casos seguían en espera de juicio. Esta ley es un mero instrumento de acoso que las autoridades emplean para intimidar y encarcelar a quienes critican al gobierno. Sus estrictas disposiciones sobre imposición de fianzas y la lentitud de los procesos de investigación garantizan que estas personas permanezcan encarceladas durante años, creando un cómodo marco para la detención ilegítima y la tortura.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés e hindi

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 16 de junio de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía en su país si van a enviar llamamientos después de la fecha límite.

Nombre y género gramatical preferido: Safoora Zargar (femenino), Meeran Haider (masculino), Shifa-Ur-Rehman (masculino)