Kenia: Residentes desalojados vulnerables a la COVID-19

A pesar de haber obtenido órdenes provisionales del Tribunal para Medioambiente y Tierras, según las cuales deben detenerse los desalojos, más de 7.000 familias del asentamiento precario de campesinos de la zona de alcantarillado de Kariobangi, el mercado de Korogocho, Kisumu Ndogo y el poblado de Nyayo, en Nairobi, Kenia, fueron desalojadas forzosamente por la Empresa de Aguas y Alcantarillado de la Ciudad de Nairobi entre el 4 y el 6 de mayo. Los residentes tienen títulos de propiedad de sus casas y han estado pagando impuestos al gobierno del condado por la tierra. La Empresa de Aguas y Alcantarillado de la Ciudad de Nairobi ha dejado sin hogar a los residentes durante la pandemia de COVID-19, lo que aumenta su vulnerabilidad a contagiarse del virus.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

H. E Uhuru Kenyatta

Presidente de la República de Kenia y Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas / The President of the Republic of Kenya and Commander in Chief of the Armed Forces

Office of the President

PO Box 62345 – 00200

Nairobi, Kenia

Correo-e: [email protected]

Twitter: @UKenyatta 

Señor presidente Uhuru Kenyatta:

Me preocupa enormemente que se haya dejado sin hogar a más de 7.000 familias del asentamiento precario de campesinos de la zona de alcantarillado de Kariobangi, el mercado de Korogocho, Kisumu Ndogo y el poblado de Nyayo después de que la Empresa de Aguas y Alcantarillado de la Ciudad de Nairobi las haya desalojado forzosamente entre el 4 y el 6 de mayo.

El 2 de mayo, el jefe de la División de Policía de Starehe y el vicecomisionado del condado dijeron a los residentes del asentamiento precario de campesinos de la zona de alcantarillado de Kariobangi que debían evacuar sus casas y permitir que la Empresa de Aguas y Alcantarillado utilice la tierra que alega poseer. Sin embargo, los residentes tienen títulos de propiedad y han estado pagando tasas o impuestos al gobierno por esas tierras. El 3 de mayo, los residentes pidieron y obtuvieron del Tribunal para Medioambiente y Tierras una orden provisional para detener el desalojo hasta que se examinara la cuestión el 7 de mayo. Sin embargo, según los residentes, los representantes de la Empresa de Aguas y Alcantarillado rompieron en pedazos la orden judicial cuando se la entregaron y procedieron a demoler casas.

El acceso a una vivienda adecuada es fundamental para protegerse frente a la COVID-19, impedir su propagación y recuperarse de ella. El desalojo forzoso constituye una violación del derecho a una vivienda adecuada, y la falta de hogar que provoca ha incrementado la vulnerabilidad de los residentes afectados a contraer la enfermedad. Me preocupa enormemente que, en el contexto de esta pandemia mortal, los residentes se vean ahora expuestos al frío y la lluvia, sin cobijo, agua, alimentos o instalaciones de higiene.

En vista de lo anterior, le insto a:

• Anunciar una suspensión de los desalojos en Kenia mientras dure la pandemia de COVID-19;
• garantizar que las víctimas de desalojo forzoso del asentamiento precario de campesinos de la zona de alcantarillado de Kariobangi, el mercado de Korogocho, Kisumu Ndogo y el poblado de Nyayo cuentan con viviendas alternativas de emergencia, un remedio efectivo y ayuda humanitaria;
• Abrir una investigación sobre el desprecio hacia la orden del Tribunal para Medioambiente y Tierras por parte de la Empresa de Aguas y Alcantarillado de la Ciudad de Nairobi, y garantizar que los responsables rinden cuentas;
• Anunciar una moratoria de los desalojos colectivos hasta que se adopten salvaguardias jurídicas y de procedimiento adecuadas para garantizar que cumplen las normas internacionales de derechos humanos y la legislación nacional.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

Los residentes del asentamiento precario de campesinos de la zona de alcantarillado de Kariobangi han estado pagando al gobierno del condado de Nairobi impuestos por las tierras, y poseen títulos de propiedad que determinan que la tierra en la que viven les pertenece. Los residentes tienen registros de sus pagos de impuestos por las tierras en forma de recibos que se remontan a 1996. En abril de 2019, los residentes recibieron una notificación de desalojo enviada por carta por el secretario del Gabinete sobre Tierras y el gobierno del condado de Nairobi. Después de eso, no recibieron más información del gobierno respecto al desalojo, la indemnización o el reasentamiento.

En respuesta a las órdenes verbales de desalojar, el 3 de mayo de 2020 el Tribunal para Medioambiente y Tierras certificó como urgente el caso presentado por el Grupo Autoconstituido de Campesinos de la Zona de Alcantarillado de Kariobangi y programó una vista para el jueves 7 de mayo de 2020. El Tribunal también dictó una orden provisional para detener los desalojos hasta que se examinara el caso el 7 de mayo.

Sin embargo, la Empresa de Aguas y Alcantarillado de la Ciudad de Nairobi llevó a cabo los desalojos forzosos en un intento de recuperar para sí la tierra de los residentes. Los representantes de la empresa estaban acompañados por el vicecomisionado del condado, el jefe de área y agentes de la policía administrativa. La Empresa de Aguas y Alcantarillado de la Ciudad de Nairobi se creó en diciembre de 2003 en virtud de la sección 486 de la Ley de Sociedades, y pertenece íntegramente al condado de la ciudad de Nairobi.

El derecho a una vivienda adecuada está consagrado como derecho justiciable en la Constitución de Kenia, cuyo artículo 43.1.b establece que “toda persona tiene derecho a una vivienda accesible y adecuada y a un nivel razonable de saneamiento”. En virtud de diversos tratados de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Kenia está obligada a abstenerse de realizar desalojos forzosos y a impedirlos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha subrayado que los desalojos sólo podrán llevarse a cabo como último recurso, cuando se hayan explorado todas las alternativas factibles, y únicamente cuando existan salvaguardias de procedimiento y legales adecuadas. Éstas incluyen una consulta real con las personas afectadas, un aviso adecuado y razonable, viviendas alternativas adecuadas y una compensación por todas las pérdidas, así como salvaguardias respecto de la forma en que se llevan a cabo los desalojos y acceso a recursos y procedimientos jurídicos, incluido el acceso a asistencia letrada gratuita en caso necesario. Los gobiernos deben garantizar que nadie se queda sin vivienda o es vulnerable a otras violaciones de derechos humanos como consecuencia de un desalojo. Las normas internacionales de derechos humanos también establecen que, incluso en los casos en que se considera justificado un desalojo, los Estados deben garantizar la aplicación de todas las salvaguardias y requisitos del proceso debido.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 18 de junio de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía en su país si van a enviar llamamientos después de la fecha límite.

Nombre y género gramatical preferido: Grupo (no aplicable)