Durante abril y mayo, fuerzas del Ejército Nacional Libio bombardearon barrios civiles en Trípoli, causando víctimas civiles y daños a bienes civiles en los barrios de Ain Zara, Tariq el-Sour, Souq al-Talata y Souq El-Joma, según testigos, residentes y una fuente médica del Ministerio de Salud vinculado al Gobierno de Acuerdo Nacional. Amnistía Internacional verificó imágenes de los momentos posteriores a dichos ataques en las que se veían personas civiles muertas y heridas

Nuevas pruebas obtenidas por Amnistía Internacional indican que las partes en el conflicto en Libia pueden haber cometido crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos —como saqueos, ataques indiscriminados y colocación de minas terrestres antipersonal en edificios civiles— entre el 13 de abril y el 1 de junio en el último recrudecimiento de los combates cerca de Trípoli.

Amnistía Internacional ha examinado decenas de incidentes por medio de testimonios de testigos, del análisis de los videos y fotografías de fuentes de acceso público y de imágenes de satélite. La organización pide a todas las partes en el conflicto y a las fuerzas afines a ellas en Libia que cesen de inmediato los ataques contra la población civil y otras violaciones del derecho internacional humanitario, incluidas las que se cometen para castigar a civiles por su presunta a vinculación con grupos rivales.

 “Una vez más, la población civil en Libia está pagando el precio de que todas las partes estén incrementando los ataques de represalia y otras graves violaciones, y demostrando un desprecio total por las leyes de la guerra y las vidas civiles”, ha manifestado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. 

“Pedimos a todas las partes en el conflicto y a sus milicias y grupos armados afines que detengan de inmediato los ataques indiscriminados y otras graves violaciones cometidas contra personas asociadas a grupos rivales. Los mandos militares deben condenar públicamente tales actos. Países como Turquía, Rusia y Emiratos Árabes Unidos deben dejar de violar el embargo de armas de la ONU.”

Durante años, las autoridades judiciales libias no han podido o no han querido actuar, lo que ha dado lugar a que años de impunidad fomentaran estas graves violaciones. Amnistía Internacional también pide a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establezcan de manera inmediata una comisión de investigación o un mecanismo similar para investigar las violaciones del derecho internacional humanitario y otras violaciones de derechos humanos, determinar responsabilidades y preservar las pruebas de crímenes a fin de garantizar justicia para las víctimas.

Actos de represalia

La reciente escalada de los combates en los alrededores de Trípoli y en el oeste de Libia, donde varias localidades occidentales han cambiado de manos entre grupos armados afines al Gobierno de Acuerdo Nacional, reconocido internacionalmente, y el autodenominado Ejército Nacional Libio, que actualmente controla de facto la mayoría del este y el sur del país, ha desencadenado un aumento de los ataques de represalia.

El 13 de abril, fuerzas afines al Gobierno de Acuerdo Nacional tomaron las ciudades de Surman y Sabratha y varias localidades en el oeste de Trípoli utilizando armas y equipamientos turcos, transferidos en vulneración del embargo de armas de la ONU. Testigos de los hechos explicaron a Amnistía Internacional que miembros de grupos armados vinculados al Gobierno de Acuerdo Nacional saquearon varias viviendas civiles y edificios públicos, incluido el principal hospital de Sabratha, e incendiaron casas. Amnistía Internacional también ha verificado una fotografía publicada en las redes sociales por un combatiente del Gobierno de Acuerdo Nacional en la que se ve una celebración de soldados del Gobierno de Acuerdo Nacional al lado de cadáveres de varios combatientes del Ejército Nacional Libio.

Imágenes de video analizadas por Amnistía Internacional muestran más incidentes de represalias contra civiles por su presunta vinculación a uno u otro bando.

En un video verificado por Amnistía Internacional se ve a hombres armados saqueando bienes civiles en la localidad de Al-Asabah, 120 kilómetros al sur de Trípoli, después de que las fuerzas del Gobierno de Acuerdo Nacional se hicieran con su control el 21 de mayo. Una persona residente en la zona contó a Amnistía Internacional que había presenciado un incidente en el que unos hombres armados habían saqueado la casa de un combatiente del Ejército Nacional Libio.

En otro perturbador video publicado en las redes sociales el 30 de abril, y verificado por Amnistía Internacional, se ve a un combatiente afín al Gobierno de Acuerdo Nacional amenazando a las “fuerzas Al Kaniat” (vinculadas al Ejército Nacional Libio) con que “no dejarían una sola mujer con vida” cuando tomaran Tarhuna.

Amnistía Internacional examinó otro video en el que un combatiente vinculado al Gobierno de Acuerdo Nacional amenazaba a la población de Tawergha y de Sirte, en referencia al desalojo forzoso de toda la población de la ciudad en represalia por el uso de la localidad como base para lanzar ataques contra Misrata. Con la toma de control de Tarhuna por parte del Gobierno de Acuerdo Nacional, dichas afirmaciones hacen temer futuros ataques de venganza contra civiles.

Las Fuerzas Al Kaniat, afines al Ejército Nacional Libio, han cometido violaciones graves contra civiles en Trípoli y Tarhuna. La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia informó sobre numerosos homicidios ilegítimos perpetrados por fuerzas Al Kaniat.

En otro video examinado por Amnistía Internacional en la página personal de un combatiente del Ejército Nacional Libio se ve a éste amenazando con matar a todo el mundo en Bengasi, junto con “las personas que estén en su casa, aunque sean bebés”, si lloran la muerte de quienes perdieron la vida combatiendo junto al Gobierno de Acuerdo Nacional. Amnistía Internacional verificó un video donde se ve a la primera brigada de infantería del Ejército Nacional Libio exhibiendo cadáveres de combatientes en una camioneta mientras se llama “perro sirio” a un combatiente del Gobierno de Acuerdo Nacional el 18 de abril.

Minas terrestres antipersonal

Las fuerzas del Ejército Nacional Libio también han cometido graves violaciones, incluidos actos de represalia como el uso de minas terrestres antipersonal, en flagrante violación de la prohibición internacional.

La población explicó a Amnistía Internacional que, alrededor del 22 de mayo, fuerzas afines al Ejército Nacional Libio colocaron minas terrestres antipersonal al retirarse de los barrios de Ain Zara y Salah el-Din en el sur de Trípoli. Al menos un civil perdió la vida el 22 de mayo cuando regresaba a su domicilio familiar a consecuencia de la explosión de una mina terrestre colocada en la casa, según su familia.

Fuerzas vinculadas al Ejército Nacional Libio colocaron numerosas minas terrestres antipersonal activadas por cuerda y otras armas trampa en hogares y otros bienes de carácter civil. En fotografías y videos verificados por Amnistía Internacional se ven minas terrestres antipersonal rusas y de la era soviética, incluidas minas MON-50s, MON-90s, OZM-72s y MS3s, prohibidas por el derecho internacional dado su carácter indiscriminado. Algunas viviendas en Ain Zara en las que se habían colocado armas trampa fueron marcadas como “опасно”, que significa “peligroso” en ruso. Se vio a personal extranjero empleado por la empresa militar rusa Wagner saliendo de esas áreas inmediatamente antes del descubrimiento de las minas terrestres.

Ataques indiscriminados

Durante abril y mayo, fuerzas del Ejército Nacional Libio bombardearon barrios civiles en Trípoli, causando víctimas civiles y daños a bienes civiles en los barrios de Ain Zara, Tariq el-Sour, Souq al-Talata y Souq El-Joma, según testigos, residentes y una fuente médica del Ministerio de Salud vinculado al Gobierno de Acuerdo Nacional. Amnistía Internacional verificó imágenes de los momentos posteriores a dichos ataques en las que se veían personas civiles muertas y heridas. Testigos y una fuente médica confirmaron a Amnistía Internacional un ataque lanzado por fuerzas del Ejército Nacional Libio sobre Souq Al-Talat el 31 de mayo, que se saldó con al menos 3 personas civiles muertas y 11 heridas, entre ellas un niño que sufrió la amputación de una pierna.

Las fuerzas afines al Gobierno de Acuerdo Nacional también han llevado a cabo ataques indiscriminados durante los meses de abril y mayo en los barrios periféricos de Trípoli de Qasr Bin Ghashir, Beni Walid, Tarhuna y cerca del pueblo de Ash Shwayrif, que se saldaron con víctimas civiles según familiares de éstas, una fuente médica y las fotos examinadas y verificadas por Amnistía Internacional. Al menos una niña murió a causa de los bombardeos en Qasr Bin Ghashir el 1 de junio, según testimonios, y varios edificios sufrieron daños según fotografías verificadas por Amnistía Internacional.

Una investigación sobre el terreno de Amnistía Internacional de agosto de 2019 de los combates que estallaron en abril de ese mismo año concluyó que tanto las fuerzas vinculadas al Gobierno de Acuerdo Nacional como las afines al Ejército Nacional Libio eran responsables de ataques indiscriminados y desproporcionados, así como del uso de diversas armas explosivas poco precisas en zonas urbanas densamente pobladas.

Amnistía Internacional también ha documentado el uso de bienes de carácter civil por parte del Gobierno de Acuerdo Nacional con fines militares, lo que ha puesto en peligro a la población civil. Aeropuertos civiles en Trípoli y Misrata reciben cargamentos de material militar de Turquía, y las Fuerzas Especiales de Disuasión —milicia afín al Gobierno de Acuerdo Nacional— han mantenido su base y su prisión cerca del aeropuerto. Las fuerzas del Ejército Nacional Libio han bombardeado reiteradamente el aeropuerto, dejándolo inactivo en varias ocasiones y ocasionando daños en aeronaves civiles.

Información general

Desde abril de 2020, las fuerzas del Gobierno de Acuerdo Nacional han estado avanzando hacia posiciones del Ejército Nacional Libio en el oeste de Libia, han tomado varias zonas costeras y la base aérea de Al-Watiya, han hecho retroceder a las fuerzas del Ejército Nacional Libio de los barrios periféricos de Trípoli y se han hecho con el control de Tarhuna y de localidades en torno a Gharyan.

El 13 de abril, el mando de Surman del Gobierno de Acuerdo Nacional emitió una declaración en la que advertía a sus tropas de que no cometieran actos de represalia, y se comprometía a investigar dichos “incidentes puntuales”. Hasta la fecha, ningún mando o combatiente implicado en tales crímenes ha rendido cuentas o ha sido apartado del servicio activo.

A pesar de existir un embargo de armas de la ONU desde 2011, Emiratos Árabes Unidos y Rusia y Turquía han apoyado al Ejército Nacional Libio y al Gobierno de Acuerdo Nacional, respectivamente, con transferencias ilícitas de armas y apoyo militar directo.

Amnistía Internacional está investigando la constante llegada de material militar y combatientes extranjeros —que vulnera el embargo de armas de la ONU— a ambas partes en el conflicto.