Indonesia: Más de 400 personas rohinyás abandonadas en el mar

Al parecer unas 400 personas refugiadas rohinyás, que huyen de la violencia en su país de origen, están abandonadas en el mar y ya se han registrado decenas de muertes. Los gobiernos del sur y el sureste asiático están usando las restricciones de la pandemia de COVID-19 para impedirles atracar en condiciones de seguridad y solicitar asilo. El gobierno de Indonesia, como copresidente del Proceso de Bali de 2016, tiene la responsabilidad de gestionar una respuesta regional a esta crisis y coordinar las operaciones de búsqueda y salvamento para localizar y ayudar a las embarcaciones en dificultades, de acuerdo con las declaraciones regionales y el derecho internacional.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo

Retno Lestari Priansari Marsudi, S. H., LL. M.

Ministro de Asuntos Exteriores / Minister of Foreign Affairs

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Taman Pejambon no. 6, Central Jakarta, DKI Jakarta 10110 Indonesia

Teléfono: 021-3812714

Fax: 021-3813036

Correo-e: [email protected] 

Excelencia:

Le escribo para expresarle mi extrema preocupación por varios cientos de hombres, mujeres, niños y niñas rohinyás que llevan semanas, probablemente meses, abandonados en el mar.  Estas personas huyeron de sus hogares en el estado de Rajine, en el norte de Myanmar, tras emprender las fuerzas armadas una brutal campaña de violencia en su contra, y los gobiernos de toda la región han estado invocando las restricciones de la pandemia de COVID-19 para negarles permiso para desembarcar.

Es alarmante saber que ya se han perdido decenas de vidas en el mar y que, según los informes, las personas a quienes se ha permitido desembarcar están gravemente malnutridas y deshidratadas. Según la información que ha podido obtener Amnistía Internacional, al parecer aún siguen en el mar unas 400 personas refugiadas.

Como sabrá, los ministros que participaron en el Proceso de Bali se comprometieron en marzo de 2016 a adoptar un enfoque regional integral para garantizar la seguridad y la protección de personas refugiadas y migrantes. Como copresidente del Proceso de Bali, el gobierno indonesio desempeña un papel crucial en la respuesta a esta crisis para garantizar que no se pierden más vidas trágicamente.

Me preocupa esta situación, que recuerda la angustiosa crisis del Mar de Andamán de 2015, cuando no se rescató a innumerables rohinyás y cientos perdieron la vida. Esta falta de respuesta a una crisis humanitaria no puede repetirse un año tras otro.

Por consiguiente, insto a su gobierno a que:

• Solicite de inmediato una reunión de urgencia a fin de coordinar las operaciones de búsqueda y salvamento para localizar y ayudar a las embarcaciones en dificultades, de acuerdo con las declaraciones regionales y el derecho internacional;
• Coopere con los gobiernos de la región para abstenerse de rechazar embarcaciones devolviéndolas al mar, y permita que todas las embarcaciones que llevan a bordo personas refugiadas y migrantes atraquen con seguridad en el país más cercano;
• Junto con los países vecinos (especialmente Malasia y Tailandia), dé prioridad a las necesidades humanitarias inmediatas de las personas refugiadas y migrantes —alimentación adecuada, agua, techo y atención de salud— con arreglo a la Normativa Presidencial 125/2016 cuando las embarcaciones entren en aguas indonesias.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

Desde agosto de 2017, más de 740.000 rohinyás han huido de sus hogares en el estado de Rajine, en el norte de Myanmar, tras emprender las fuerzas armadas una brutal campaña de violencia en su contra. Un informe de la ONU ha concluido que estos crímenes podrían constituir también genocidio. En los años siguientes a la campaña, la población rohinyá ha seguido huyendo atravesando la frontera.

Durante años, la población rohinyá ha intentado llegar a Malasia, Tailandia, Indonesia y otros países. La falta de visados y documentos de viaje y las estrictas restricciones a la libertad de circulación, que hacen que las conexiones por tierra sean casi imposibles, convierten a menudo las travesías por mar en la única opción.

Según la información que ha podido obtener Amnistía Internacional, varios cientos de personas siguen en el mar. Según los informes, en mayo de 2020 murieron decenas de personas en una embarcación que las autoridades de Malasia devolvieron al mar. Las que sobrevivieron, que pudieron desembarcar en Bangladesh, presentaban un estado grave de desnutrición y deshidratación. En las últimas semanas de junio, Malasia y Bangladesh, que inicialmente aceptaban embarcaciones que estaban en el mar, están negándose a ofrecer ayuda a personas que necesitan ser rescatadas. Incluso la guardia costera ha obligado a darse la vuelta a estas embarcaciones. Otros países no han respondido.

Los gobiernos de Asia meridional y el sureste asiático deben lanzar de inmediato operaciones de búsqueda y salvamento de las personas rohinyás abandonadas en el mar, llevarles comida y medicinas y permitirles un desembarco seguro. Las autoridades no deben obligar a las embarcaciones a darse la vuelta. La respuesta a la pandemia de COVID-19 no debería ser una excusa para impedir a la población rohinyá desembarcar sin peligro y pedir asilo.

Los gobiernos deben, además, cumplir los compromisos contraídos en declaraciones regionales, incluida la Declaración de la ASEAN sobre operaciones de búsqueda y salvamento en el mar, la Declaración de Bali de 2016 y el resultado de la reunión de febrero de 2020 del grupo de trabajo sobre el Proceso de Bali que “subrayó la prioridad de salvar vidas en el mar y no poner en peligro la vida y la seguridad de las personas en respuesta a la migración marítima irregular”.

A pesar de no ser Estado Parte en la Convención de 1951, Indonesia desempeña un papel fundamental como copresidente, junto con Australia, del Proceso de Bali . En 2016, Indonesia también dictó la Normativa Presidencial 125/2016 relativa al tratamiento de las personas refugiadas extranjeras. Además, el país tiene un grupo especial de trabajo sobre el tratamiento de las personas refugiadas (Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri) que depende del Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, y que está en coordinación con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) en Indonesia.

La comunidad internacional también debe hacer mucho más para apoyar a Bangladesh y compartir la responsabilidad y la carga económica que representa acoger a casi un millón de personas refugiadas en un momento en el que su economía sufre ya los efectos de la desaceleración mundial debido a la pandemia. En definitiva, la población refugiada rohinyá tiene derecho a seguir solicitando asilo, y los Estados deben mantener abiertas las fronteras a las personas refugiadas que siguen huyendo ahora o que lo hagan en el futuro.

Pueden escribir llamamientos en: Indonesio bahasa, inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 31 de julio de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía en su país si van a enviar llamamientos después de la fecha límite.

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