La anulación de pasaportes no es una novedad absoluta en Venezuela, con casos documentados desde 2016 que afectaban principalmente a figuras de alto perfil. Sin embargo, el período post-electoral de 2024 marcó un punto de inflexión, evidenciando un aumento significativo en el número de casos

En un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Venezuela ha desplegado una táctica preocupante: la anulación de pasaportes. Esta práctica, lejos de ser un mero trámite administrativo, se ha consolidado como una estrategia del Estado para silenciar y reprimir a voces disidentes, particularmente a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas. Un informe reciente del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), respaldado por expertos y organizaciones de la sociedad civil, revela la profundidad de esta problemática, documentando casos y analizando las severas consecuencias para las víctimas. La investigación de CEJIL, basada en 40 entrevistas confidenciales realizadas en 2024 a periodistas y defensores afectados, así como en un análisis exhaustivo de informes nacionales e internacionales y la normativa venezolana, subraya cómo la anulación de pasaportes se ha intensificado notablemente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

La anulación de pasaportes no es una novedad absoluta en Venezuela, con casos documentados desde 2016 que afectaban principalmente a figuras de alto perfil. Sin embargo, el período post-electoral de 2024 marcó un punto de inflexión, evidenciando un aumento significativo en el número de casos. Esta medida se suma a un patrón de represión selectiva que incluye detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tratos crueles, hostigamiento, amenazas y el uso indebido de leyes para criminalizar la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa. La preocupación es aún mayor si se considera que más de 7 millones de venezolanos han emigrado en la última década, muchos de ellos de manera forzada, lo que convierte la movilidad en una necesidad vital y el pasaporte en un documento indispensable.

El marco legal y la arbitrariedad

La entidad encargada de la emisión y anulación de pasaportes en Venezuela es el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP). A pesar de que la Ley Orgánica de Identificación no contempla explícitamente la anulación de pasaportes, una reforma de 2021 (Decreto N° 4.571) permitió la anulación por motivos como robo, hurto, extravío, deterioro, alteración de datos o por orden administrativa o judicial.

Lo alarmante reside en la forma en que estas disposiciones son manipuladas. El SAIME exige un formulario en su página web para la anulación, pero los trámites de identificación son "personalísimos", lo que en la práctica significa que una persona solo puede gestionar un nuevo pasaporte en Caracas, sin posibilidad de hacerlo desde el extranjero o a través de terceros. Esta centralización y la ausencia de una regulación clara sobre la restricción de ingreso al país con pasaporte vencido —justificada por los consulados venezolanos en normativas de seguridad aérea de la OACI y el SAIME— evidencian la discrecionalidad en el proceso.

La vinculación del con el MPPRIJP, que también supervisa al SEBIN y la Policía Nacional Bolivariana, otorga a este ministerio un rol central en operaciones de seguridad e inteligencia, lo que sugiere una instrumentalización para fines represivos. Su organigrama lo conecta directamente con los más altos niveles del Gobierno, incluyendo la Presidencia.

Casos emblemáticos y escalada de la represión

Si bien la anulación de pasaportes no es reciente, el informe de CEJIL destaca un aumento considerable de casos a partir del período electoral de 2024. Antes de esta fecha, la práctica se dirigía a líderes políticos y sociales de alto perfil. Por ejemplo, en 2017, el entonces alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, y el diputado Américo de Grazia, sufrieron la anulación de sus pasaportes al intentar ingresar o salir del país. Otros casos incluyen a los diputados Luis Florido, Eudoro González y Williams Dávila, así como al exgobernador Henrique Capriles, quien intentaba reunirse con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Las autoridades del SAIME justificaban estas anulaciones con alegaciones de "procesos inconclusos de renovación", "suplantaciones" o "declaraciones falsas de robo o pérdida".

Periodistas reconocidos también fueron víctimas de esta práctica. En 2017, César Miguel Rondón denunció la anulación de su pasaporte bajo el argumento de que estaba "reportado como robado". Similarmente, en 2018, el periodista Nelson Bocaranda fue informado de la anulación de su pasaporte por un "error técnico". En muchos de estos casos, las anulaciones estuvieron precedidas por declaraciones públicas de altos funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, en contra de estas figuras.

El año 2024, incluso antes de las elecciones, ya mostraba signos de esta escalada. Se identificaron tres casos de anulación con dificultades para acceder al sistema del SAIME o movimientos desconocidos en las cuentas de los usuarios, lo que sugiere una intervención irregular. Estas irregularidades incluían la eliminación de usuarios, la asociación de perfiles a correos electrónicos no autorizados o la recepción de notificaciones falsas de anulación. Además, previo a las elecciones, miembros del gobierno habían declarado la intención de negar o revocar documentos de identidad e incluso la ciudadanía a opositores. La CIDH también había documentado problemas en la expedición y renovación de pasaportes, exacerbados por cambios burocráticos y la suspensión de servicios consulares.

Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, la situación se intensificó drásticamente. El CEJIL documentó 36 casos de anulación de pasaportes en 2024, calificándolos como una represalia contra la labor de defensa de derechos humanos y la democracia. Ejemplos recientes incluyen la detención y desaparición temporal de la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, en febrero de 2024, el periodista Carlos Julio Rojas en abril de 2024, y el abogado Kennedy Tejera en agosto de 2024, todos en un contexto de represión intensificada. Más recientemente, en enero de 2025, el defensor Carlos Correa Barros y el periodista Julio Balza también fueron detenidos y desaparecidos temporalmente. Estas detenciones se enmarcan en un aumento alarmante de arrestos arbitrarios, con Foro Penal reportando un ascenso de 287 presos políticos en junio de 2024 a 1,877 en diciembre de 2024.

Consecuencias y recomendaciones

Las consecuencias de la anulación de pasaportes son multifacéticas y devastadoras. De facto, esta medida restringe severamente la libertad de circulación, un derecho fundamental, afectando tanto la capacidad de salir como de regresar al país. Para aquellos en el exilio, la imposibilidad de renovar el pasaporte se traduce en la pérdida de estatus migratorio regular, acceso a servicios básicos, refugio y protección internacional. Además, genera un "exilio forzado silencioso", dejando a muchos en un limbo legal y vulnerables. Los impactos psicológicos, la imposibilidad de reunificación familiar, la pérdida de empleo y las barreras para acceder a servicios esenciales son solo algunas de las consecuencias humanas directas.

Desde el punto de vista jurídico, la anulación de pasaportes viola el derecho a la personalidad jurídica, a la nacionalidad, a la libertad de circulación y residencia, y al debido proceso. La falta de un proceso legal claro, la ausencia de notificación y motivación de las decisiones, y la imposibilidad de acceder a recursos judiciales efectivos, vulneran el derecho a la protección judicial. Esta práctica es un ejemplo claro de un patrón de represión estatal que busca restringir la libertad de expresión, limitar la movilidad y generar un clima de temor constante, afectando la vida cotidiana y desincentivando cualquier forma de participación social o política considerada disidente.

Frente a esta grave situación, el informe de CEJIL propone una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional, los Estados receptores, los órganos de protección, las empresas y las instituciones financieras internacionales. Entre ellas destacan:

• A la comunidad internacional: La exigencia a Venezuela de cesar la anulación arbitraria de pasaportes y de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esto incluye la condena pública de estas prácticas, la colaboración para documentar y denunciar casos, y el impulso de acciones coordinadas para garantizar la protección de las víctimas.

• A los Estados receptores: La adopción de medidas para proteger a los venezolanos afectados, como la emisión de títulos de viaje, la facilitación del acceso a servicios esenciales y la regularización migratoria. Es crucial que se canalicen recursos para la integración y movilidad segura, y que se promuevan políticas coordinadas que faciliten la movilidad y respeten los derechos humanos.

• A ACNUR y CICR: La evaluación de casos de periodistas y defensores de derechos humanos afectados para facilitar la emisión de títulos de viaje por razones humanitarias.

• A las empresas e instituciones financieras internacionales: La creación de fondos para apoyar a los venezolanos afectados por la anulación de pasaportes, cubriendo costos de emisión o renovación de documentos de identificación. También se recomienda financiar el traslado seguro de personas en riesgo y proveer apoyo técnico y financiero a organizaciones de derechos humanos.

Imagen de Venezuela Migrante