Martes, 21 de julio, 2020

En Tatauine, ciudad del sur del país, la gente se estaba manifestando para reclamar el cumplimiento de un acuerdo con el gobierno para la creación de empleo firmado en 2017 cuando la policía intervino para disolver la sentada


"Las autoridades de Túnez deben poner en marcha una investigación exhaustiva, independiente y efectiva sobre la violenta represión ejercida del 20 al 23 de junio de 2020 para disolver la ‘sentada de El Kamur’”, afirma Amnistía Internacional en una detallada declaración que ha publicado hoy.

En Tatauine, ciudad del sur del país, la gente se estaba manifestando para reclamar el cumplimiento de un acuerdo con el gobierno para la creación de empleo firmado en 2017 cuando la policía intervino para disolver la sentada. Amnistía Internacional ha concluido que las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a decenas de manifestantes e hicieron uso innecesario y excesivo de la fuerza, entre otras cosas dando golpes y esparciendo gas lacrimógeno.

Amnistía Internacional entrevistó a 16 personas: algunas que habían sufrido los efectos del gas lacrimógeno, seis que habían sido detenidas y varias que habían presenciado la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas; dos profesionales de la salud que habían tratado a personas hospitalizadas por exposición al gas lacrimógeno, y un periodista local. Además, la organización examinó fotografías e imágenes de vídeo grabadas por manifestantes y periodistas locales, así como declaraciones de autoridades locales y del Ministerio del Interior.

“La gente protesta porque está atravesando graves dificultades económicas. En lugar de golpear y detener a estas personas, el gobierno debe centrarse en abordar las causas de los problemas que impulsan a la gente a salir una y otra vez a la calle a protestar”, ha afirmado Amna Guellali, directora adjunta para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.

“Sólo una investigación independiente puede disuadir del uso excesivo de la fuerza en el futuro. Toda persona de quien se determine que ha hecho uso ilegítimo de la fuerza, como golpear brutalmente a manifestantes y disparar gas lacrimógeno de forma indiscriminada, debe ser obligada a rendir cuentas.”