Irán: Riesgo de ejecución de kurdo torturado

Heidar Ghorbani, preso kurdo iraní de 47 años, corre riesgo de ejecución por “rebelión armada contra el Estado” (baghi), a pesar de que en su juicio se cometieron graves violaciones del derecho a un juicio justo y de que el tribunal que lo juzgó confirmó que jamás estuvo armado. Su sentencia condenatoria está basada en “confesiones” obtenidas por medio de tortura cuanto estuvo sometido a desaparición forzada. Las autoridades deben anular la sentencia y concederle un juicio nuevo y justo.

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Presidente de la Magistratura / Head of Judiciary
EbrahimRaisi
c/o Permanent Mission of Iran to the UN

Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Suiza

 

Señor EbrahimRaisi:            

HeidarGhorbani, miembro de la minoría kurda de irán condenado a muerte y recluido en la prisión de Sanandaj, provincia de Kurdistán, corre riesgo de ejecución. La Sección 27 del Tribunal Supremo de Irán confirmó su condena de muerte el 6 de agosto de 2020 sin tener en cuenta las numerosas violaciones del debido proceso cometidas ni las dudas planteadas por sus abogados en torno a las pruebas presentadas. El 5 de septiembre de 2020, el Tribunal Supremo rechazó su petición de una revisión judicial.

El 21 de enero de 2020, un tribunal revolucionario de Sanandaj lo había declarado culpable de “rebelión armada contra el Estado” y condenado a muerte en relación con los homicidios de tres hombres pertenecientes, según informes, a la fuerzas paramilitares Basihj, cometidos en septiembre y octubre de 2016 por miembros del grupo kurdo de oposición armada Partido Democrático Kurdo de Irán. En su sentencia, el tribunal reconoció que HeidarGhorbani jamás estuvo armado. Sin embargo, se basó en las declaraciones que había hecho, presuntamente bajo tortura, en las que “confesaba” haber prestado apoyo a los autores de los homicidios, a quienes había llevado en un vehículo a los lugares donde se cometieron y sacado después de allí.

Amnistía Internacional recuerda que la sentencia dictada incumple las obligaciones contraídas por Irán en virtud del derecho internacional, que limita el uso de la pena de muerte a “los más graves delitos” , es decir, los que comportan homicidio intencional. Además, infringe la legislación iraní, según la cual, para determinar la comisión del delito de “rebelión armada contra el Estado”, la persona acusada debe ser miembro de un grupo armado y haber recurrido ella misma a las armas.

El juicio de HeidarGhorbani fue manifiestamente injusto. Tras su detención, el 11 de octubre de 2016, las autoridades lo recluyeron en régimen de aislamiento durante varios meses y lo sometieron a desaparición forzada. HeidarGhorbani ha dicho que, durante ese periodo, lo torturaron reiteradamente para que hiciera una “confesión” que se grabó en vídeo y se emitió por la cadena estatal Press TV antes de su juicio en marzo de 2017, violando así su presunción de inocencia. Ha afirmado que sus interrogadores le propinaron patadas y puñetazos, le impidieron dormir y lo obligaron a permanecer tendido en el suelo mientras le pisaban el pecho hasta causarle sensación de ahogo. Durante la fase de investigación le negaron el acceso a asistencia letrada, y en el juicio se negó a sus abogados acceso pleno al sumario.

Lo insto a anular la sentencia y la condena a muerte de HeidarGhorbani y a ordenar que sea sometido a un nuevo juicio que sea justo y en el que no se recurra a la pena de muerte. Le pido que garantice que se investiga su desaparición forzada y su tortura, con miras a llevar ante la justicia a los presuntos responsables para que sean sometidos un juicio justo, y que tome medidas para garantizar que no se utilizan como prueba en los tribunales “confesiones” obtenidas por medio de tortura o sin la presencia de un abogado.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

En los últimos meses, se ha observado en Irán un alarmante aumento del uso de la pena de muerte contra manifestantes, disidentes y miembros de minorías. Amnistía Internacional teme que las personas condenadas a muerte pertenecientes a minorías étnicas desfavorecidas de Irán corran especial peligro, dadas las constantes ejecuciones de miembros de estos grupos llevadas a cabo por las autoridades ante la preocupación de que estallen protestas populares.

El artículo 287 del Código Penal Islámico de Irán establece: “Todo grupo que tome las armas en contra de los fundamentos de la República Islámica de Irán será considerado baghi, y en caso de hacer uso de las armas, sus miembros serán condenados a muerte”. Según la información contenida en el sumario de la causa de HeidarGhorbani, que Amnistía Internacional ha podido consultar, incluso el investigador del caso —que trabaja en la fiscalía de la provincia de Kurdistán— sostuvo en un escrito del 1 de febrero de 2017 que no había pruebas para acusar a HeidarGhorbani de “rebelión armada contra el Estado” (baghi). Sin embargo, el fiscal insistió en incluir este cargo en el acta de acusación formal, aparentemente bajo la influencia de los cuerpos de seguridad e inteligencia.

El 12 de septiembre de 2020, los abogados de HeidarGhorbani apelaron al presidente de la Magistratura iraní para que ejerciera las facultades que le confiere el artículo 477 del Código de Procedimiento Penal de Irán y ordenara una revisión de la causa por contravenir claramente la sentencia dictada la legislación iraní y la sharia (ley islámica).

HeidarGhorbani fue detenido el 12 de octubre de 2016 por alrededor de 10 agentes del Ministerio de Inteligencia, que irrumpieron en su casa y no mostraron ninguna orden judicial de detención. Durante casi tres meses se negó a su familia toda información sobre su suerte y su paradero, por lo que ni siquiera sabían si estaba muerto o vivo. El 5 de enero de 2017, le permitieron hacer una breve llamada a su familia, pero se siguió ocultando su paradero. Después de esta llamada telefónica, siguió sin comunicarse a la familia su suerte y su paradero hasta abril de 2017, cuando lo trasladaron a la prisión central de Sanandaj, provincia de Kurdistán. Tras su traslado allí, HeidarGhorbani reveló que, estando sometido a desaparición forzada, había pasado varios días recluido en un centro de detención de Kamyaran, provincia de Kurdistán, administrado por la Unidad de Investigación de la policía de Irán (Agahi), y había sido trasladado luego a un centro de detención del Ministerio de Inteligencia en Sanandaj, donde estuvo recluido en régimen de aislamiento durante varios meses. El 8 de marzo de 2017, Press TV, cadena estatal iraní que emite en inglés, difundió un vídeo propagandístico, titulado “El conductor de la muerte”, en el que se mostraron las “confesiones” forzadas de HeidarGhorbani sin su consentimiento. Además de violar el derecho a la presunción de inocencia y a guardar silencio durante los interrogatorios y el juicio, dada la angustia mental que causan a las personas detenidas y a sus familias, este tipo de vídeos de “confesión”, que deshumanizan y demonizan en general a las víctimas y pretenden demostrar que son “culpables” de graves delitos, violan la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes según el derecho internacional.

Además de ser juzgado ante un tribunal revolucionario, HeidarGhorbani compareció también en juicio ante la Sección 1 del Tribunal Penal 1 de la provincia de Kurdistán por complicidad en asesinato, intento de secuestro y apoyo a los perpetradores directos para que escaparan. En este juicio, el 6 de octubre de 2019 fue condenado a un total de 118 años y 6 meses de prisión y a recibir 200 latigazos.

Dado el carácter irreversible de la pena de muerte, los procedimientos en los casos de pena capital deben cumplir escrupulosamente todas las normas internacionales pertinentes que protegen el derecho a un juicio justo, sin importar lo atroz que sea el delito. Todas las personas que se expongan a la pena capital deben contar con un abogado defensor competente en todas las etapas del proceso. Se las debe considerar inocentes hasta que se haya demostrado su culpabilidad con pruebas claras y convincentes y sin que quepa ninguna otra explicación de los hechos, en estricta aplicación de las más rigurosas normas de reunión y valoración de pruebas. Deben tenerse en cuenta, además, todas las circunstancias atenuantes. Los procedimientos deben garantizar el derecho de revisión de los elementos de hecho y jurídicos del caso ante un tribunal superior. La imposición de la pena de muerte tras un proceso penal que haya incumplido gravemente las normas sobre juicios justos constituye privación arbitraria del derecho a la vida y puede representar incluso ejecución extrajudicial.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características de la persona condenada o el método de ejecución utilizado por el Estado para matarla. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a todos los países que aún utilizan la pena de muerte, incluido Irán, que declaren una moratoria oficial de las ejecuciones con miras a abolir por completo esta pena.

Pueden escribir llamamientos en: Persa o inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 17 de noviembre de 2020. Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: HeidarGhorbani(masculino)