Kenia: Desalojo forzoso deja a 300 personas sin hogar

El 1 de octubre, organismos gubernamentales y las compañías nacionales ferroviaria y eléctrica desalojaron por la fuerza de sus hogares a residentes en el asentamiento de Dagoretti Corner, en Nairobi (Kenia), y dejaron a más de 3.000 personas sin hogar. Este acto ilegal se llevó a cabo con absoluto desprecio de la moratoria presidencial sobre desalojos,decretada el 11 de mayo de 2020 en respuesta a la pandemia de COVID-19. Pedimos a todas las partes implicadas que actúen teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la buena salud y la vida de todas las personas que fueron desalojadas por la fuerza durante el desalojo ilegal.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo 

Uhuru Kenyatta

Presidente de la República de Kenia y comandante en jefe de las fuerzas armadas

Office of the President

PO Box 62345– 00200

Nairobi, Kenia [email protected]

 

Señor presidente Uhuru Kenyatta:

Me dirijo a usted para expresarle mi profunda preocupación por el desalojo forzoso de la población residente en el asentamiento de Dagoretti Corner en Nairobi, llevado a cabo la mañana del 1 de octubre por organismos gubernamentales y por las compañías nacionales ferroviaria y eléctrica. Los desalojos forzosos han dejado a más de 3.000 personas sin hogar. La demolición de hogares y negocios se ha realizado con absoluto desprecio por la moratoria presidencial de desalojos, decretada el 11 de mayo de 2020 en respuesta a la pandemia de COVID-19, y haciendo caso omiso de las obligaciones internacionales de Kenia en materia de derechos humanos.

El acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano y es fundamental para protegerse de la COVID-19, detener su propagación y también para recuperarse de la enfermedad. Por ese motivo, repruebo enérgicamente el desalojo forzoso de la población residente en el asentamiento de Dagoretti Corner. Más de 100 agentes de policía armados y uniformados supervisaron la demolición, que empezó a las 10 de la mañana. El desalojo forzoso también provocó la destrucción de más de 200 pequeños negocios. Las autoridades no actuaron con las debidas garantías y, por ejemplo, no cumplieron con el requisito de notificar adecuadamente el desalojo. El desalojo forzoso no sólo pone en mayor riesgo de exposición a la COVID-19 a las personas afectadas y desestabiliza sus vidas y medios de sustento, sino que también constituye una violación de derechos humanos, entre ellos el derecho a una vivienda adecuada.

En vista de lo anterior, le insto a:

• garantizar que los ministerios responsables de Tierras, Vivienda y Energía asumen responsabilidad plena por las injusticias que han sufrido estas familias y les proporcionan recursos efectivos, entre ellos alojamiento alternativo adecuado, compensación y garantías de no repetición;
• pedir al Parlamento investigar y emplazar a todas las personas responsables de las compañías ferroviaria y eléctrica de Kenia para determinar por qué se hizo caso omiso de la moratoria presidencial sobre desalojos en Nairobi durante la pandemia de COVID-19;
• instar al inspector general de la Policía a emitir un aviso dirigido a todos los agentes de policía para que no participen en actividades ilegales asociadas a desalojos, y a investigar y emprender acciones administrativas contra todos aquellos que participaron en el desalojo forzoso de la población residente en el asentamiento de Dagoretti Corner.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

El 11 de mayo, después de los desalojos forzosos en Kariobangi, el presidente de Kenia, a través del ministro del Interior y de Coordinación del Gobierno Nacional, anunció que “hasta que el país supere los desafíos de la pandemia de COVID-19, no debe llevarse a cabo ningún desalojo”.^[1] El ministro también declaró que los agentes de policía habían recibido órdenes de no realizar desalojos forzosos y confirmar las resoluciones judiciales sobre desalojos con la Fiscalía General del Estado.

El desalojo forzoso del 1 de octubre en el asentamiento de Dagoretti Corner se llevó a cabo para recuperar unos terrenos que pertenecen a la compañía de ferrocarril de Kenia. La compañía nacional eléctrica también demolió viviendas construidas a lo largo de un tendido eléctrico. La mayoría de residentes estaban fuera trabajando cuando demolieron las viviendas y no pudieron salvar sus pertenencias. Según nos informan, los residentes llevaban más de 25 años viviendo allí. La demolición de las viviendas, en las actuales circunstancias, no sólo aumenta el riesgo de la población residente ante la COVID-19, sino que también constituye una violación grave de los derechos humanos, entre ellos el derecho a una vivienda adecuada, consagrados en la Constitución de Kenia y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país. Instamos a todas las partes implicadas a actuar teniendo en cuenta la necesidad de garantizar los derechos humanos y la salud de todas las personas.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 27 de noviembre de 2020. Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: 3.000 personas residentes en el asentamiento de Dagoretti Corner en Nairobi (ellos/ellas)