Cinco personas que formaban parte del piquete fueron detenidas y, tras pasar la noche bajo custodia, fueron llevadas ante el tribunal encadenadas, una forma de trato inhumano o degradante que puede constituir tortura. El 2 de junio de 2020, se presentaron cargos contra ellas por violar la Normativa de Prevención y Control de Enfermedades (Medidas para las Áreas Locales Infectadas) de 2020

El 2 de octubre de 2020, el Tribunal de Primera Instancia de Ipoh dictó la retirada no equivalente a absolución de los cargos contra cinco activistas a quienes se había acusado de “reunión no autorizada” por su participación en un acto de protesta pacífico del sindicato del personal de limpieza de hospitales públicos contra una empresa de servicios de limpieza. En el acto se protestaba contra el presunto trato injusto de sindicalistas y el suministro insuficiente de equipo de protección individual (EPI) a las personas encargadas de las tareas de limpieza.

No se requiere ninguna otra acción. Muchas gracias a todas las personas que enviaron llamamientos.

El Tribunal de Primera Instancia de Ipoh dictó la retirada no equivalente a absolución de los cargos presentados contra cinco activistas —M. Sarasvathy, L. Danaletchumy V. Santhiran, P. Jothi y C. Subramaniam Raja—por su participación, el 2 de junio de 2020, en un acto de protesta pacífico para denunciar el presunto trato indebido del personal de limpieza hospitalario por parte de una empresa subcontratista. La fiscalía decidió no continuar con las acciones judiciales y, según una abogada de los activistas, es muy improbable que se los vuelva a llamar.

La abogada argumentó en una carta de representación presentada al tribunal que el piquete o acto de protesta no podía considerarse una reunión ni una marcha relacionada con la economía, la religión, la educación, los deportes, el ocio o la cultura, restringidas según el artículo 7.1 de la Orden de Control de la Circulación implementada por el gobierno malasio con motivo de la pandemia. Afirmó asimismo que organizar un piquete no es una de las “actividades prohibidas” recogidas en la Norma número 2 de la Normativa de Prevención y Control de Enfermedades Contagiosas (Medidas para las Áreas Locales Infectadas) de 2020. La fiscalía aceptó la petición de la defensa de no continuar con los cargos contra los activistas, y el Tribunal de Primera Instancia de Ipoh dictó su retirada no equivalente a absolución el 2 de octubre de 2020.

Durante el acto de protesta se denunció, entre otras cosas, el suministro insuficiente de equipos de protección individual (EPI) contra la COVID-19 y la intimidación de integrantes del personal de limpieza con actividad sindical, extremos que negó la empresa subcontratista. El piquete estaba formado por menos de 20 personas, que se reunieron respetando las medidas de distancia interpersonal, uso de mascarilla y control de la temperatura. Cinco personas que formaban parte del piquete fueron detenidas y, tras pasar la noche bajo custodia, fueron llevadas ante el tribunal encadenadas, una forma de trato inhumano o degradante que puede constituir tortura. El 2 de junio de 2020, se presentaron cargos contra ellas por violar la Normativa de Prevención y Control de Enfermedades (Medidas para las Áreas Locales Infectadas) de 2020.

Nombre y género gramatical preferido: M. Sarasvathy (femenino); L. Danaletchumy (femenino); V. Santhiran (masculino); P. Jothi (femenino); C Subramaniam Raja (masculino)

Tercera y última actualización de la au 93/20

Enlace a la au anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/asa28/2995/2020/es/