Tras su detención, Mohammed pasó casi dos semanas recluido en régimen de incomunicación, y hasta la fecha sólo se le ha permitido hacer una llamada telefónica a su familia

El 4 de octubre de 2020, Mohammed al-Sulaiti, ciudadano qatarí, fue detenido arbitrariamente por expresar sus críticas al gobierno en Twitter. Es la segunda vez que lo detienen arbitrariamente; en 2018 pasó cinco meses recluido sin cargos. A continuación se le impuso sin justificación legal la prohibición de viajar. Tras protestar contra la prohibición en Twitter, quedó otra vez privado de libertad sin cargos.

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Embajador de Qatar en Reino Unido / Ambassador
Youssef Ali al-Khater

Embassy of the State of Qatar

1 South Audley St. London W1K 1NB
ReinoUnido

Fax: +44 020-7493 2661

Twitter: @QatarEmb_London

Señor Embajador:

El 4 de octubre de 2020, las autoridades qataríes detuvieron a Mohammed al-Sulaiti, que había publicado unos tuits en los que criticaba al gobierno. Cuatro vehículos sin distintivo oficial llegaron a su casa, en Doha, y unos agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil y sin placas identificativas se lo llevaron. Personas de su entorno han confirmado que no tenía antecedentes penales ni se había dictado ninguna orden de detención contra él, y Amnistía Internacional ha comprobado que está bajo custodia del Departamento de Seguridad del Estado. Fue recluido en régimen de incomunicación durante las dos primeras semanas de su detención. Hasta la fecha no se han revelado los cargos contra él, por lo que se trata de un caso de detención arbitraria.

Es la segunda vez que las autoridades qataríes lo detienen arbitrariamente. La noche del 17 al 18 de julio de 2018 fue abordado el aeropuerto de Doha, al hacer escala allí de camino a Turquía. Pasó un total de cinco meses recluido sin cargos, hasta que lo dejaron en libertad sin haberse abierto en ningún momento una causa penal contra él. Durante este tiempo estuvo bajo custodia del Departamento de Seguridad del Estado, hermético órgano ejecutivo que tiene un amplio mandato desde el punto de vista jurídico y extraordinarias facultades de detención.

Cuando se puso fin a su detención administrativa, el 22 de diciembre de 2018, se le impuso indefinidamente y sin justificación legal la prohibición de viajar fuera del país. Qatar no promociona medios efectivos para impugnar la prohibición de viajar, que el Departamento de Seguridad del Estado y la Fiscalía pueden imponer a su arbitrio. Al-Sulaiti expresó claramente sus críticas a la prohibición de viajar en las redes sociales, especialmente en Twitter. En agosto de este año, Amnistía Internacional publicó una declaración sobre él y otros tres ciudadanos qataríes sometidos arbitrariamente a prohibiciones de viajar. Durante las semanas siguientes, Al-Sulaiti no dejó de reproducir y distribuir la declaración en Twitter ni de protestar contra esta política qatarí, y organizó en su cuenta de Twitter una encuesta para instar a sus conciudadanos y conciudadanas a protestar también publicando experiencias similares de prohibición de viajar.

Lo insto a garantizar que se pone fin de inmediato a la detención arbitraria de Mohammed al-Sulaiti. Si hay indicios creíbles de que ha cometido un delito reconocido por el derecho internacional, deben presentarse cargos contra él y darle la oportunidad de impugnar sin demora en los tribunales su detención y los cargos; de lo contrario, ha de ser puesto en libertad. Hasta que quede en libertad, es indispensable que tenga acceso a un abogado, pueda comunicarse con su familia y esté protegido contra la tortura y otros malos tratos.

Atentamente,
[NOMBRE]

Internacional complementaria

En el momento de su detención en julio de 2018, Mohammed al-Sulaiti, ciudadano qatarí, vivía en Estados Unidos desde 2015. Tenía un visado válido durante 10 años y residía en el área metropolitana de Detroit, donde era copropietario y gerente de un comercio de alimentación en Detroit y de un restaurante en Ann Arbor. Su familia vivía con él, y sus hijos estaban escolarizados allí. En el verano de 2018 reservó un vuelo a Turquía para pasar unas vacaciones allí con su familia. Sin embargo, durante el viaje, al hacer escala en el Aeropuerto Internacional Hamad de Doha la noche del 17 al 18 de julio de 2018, fue detenido. Pasó los cinco meses siguientes bajo custodia del Departamento de Seguridad del Estado, poderosa agencia ejecutiva subordinada sólo al emir (según el artículo 1 de su ley constitutiva). Jamás se presentaron cargos contra él y se le negó el acceso a una defensa legal efectiva.

Según Mohammed y fuentes de su entorno, su detención en 2018 tuvo su origen en un conflicto con la familia de su ex esposa, que acudió a la Fiscalía para que se formularan contra él acusaciones de oposición política. Mohammed y esas fuentes han dicho a Amnistía Internacional que no le interesa la política y que sus únicas críticas al gobierno se deben a su detención arbitraria y al hecho de que se le haya prohibido viajar desde que quedó en libertad el 22 de diciembre de 2018. Con independencia de las razones de su detención, es el Estado el que tiene que justificar la privación de libertad de una persona. Las condiciones procesales que garantizan que no se viola el derecho a no ser detenido arbitrariamente están establecidas en los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Qatar se adhirió en 2018. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, el órgano que interpreta y vigila el cumplimiento del Pacto, señala que el derecho a un juicio justo consagrado en estos artículos “exige que se garantice al acusado el pronto acceso a su abogado”, y que pueda “reunirse [...] en privado” con su abogado, y añade que el derecho a preparar su defensa debe “comprender el acceso a [...] todos los materiales que la acusación tenga previsto presentar ante el tribunal contra el acusado”.

Durante su primera detención no se proporcionó a Mohammed ninguna documentación en absoluto sobre las acusaciones, posibles cargos, investigaciones o pruebas contra él. No pudo preparar una defensa legal efectiva con sus abogados, con los que sólo tuvo una oportunidad de hablar, en la segunda mitad de septiembre. Aparte de esta reunión, sólo vio a su abogado en el juicio, y en algunas de las sesiones ni siquiera pudieron sentarse juntos. Tras un periodo inicial de detención de hasta 30 días por orden del Departamento de Seguridad del Estado —en virtud del artículo 7 de la Ley del Departamento de Seguridad del Estado— la responsabilidad de seguir manteniendo detenida a la persona se traslada a la Fiscalía, que, según el artículo 33.2 del Código de Procedimiento Penal, debe justificar la continuidad de la detención ante un tribunal cada 30 días. En el caso de Mohammed, estos plazos judiciales se trataron meramente como un formulismo, y no se le concedió el derecho sustantivo a impugnar la continuidad de su detención, como demuestra el hecho de que no se le permitiera reunirse con un abogado. Mohammed pasó los cuatro primeros meses de detención bajo la custodia del Departamento de Seguridad del Estado, en un lugar incluido en un gran recinto donde está también un importante edificio del Ministerio del Interior (al este del barrio conocido como FereejbinOmran). En noviembre lo trasladaron a otro centro de detención, situado junto al puente de la zona industrial de la carretera de Salwa a Doha. Según información independiente recabada por Amnistía Internacional, este lugar es el principal centro de detención de Qatar, aunque no aparece en los mapas de Internet. Mohammed estuvo recluido allí durante el último mes de su detención.

Tras ser puesto en libertad, quedó retenido en Qatar en virtud de una prohibición de viajar que le impedía regresar a Estados Unidos para reintegrarse a sus negocios y medios de sustento. A partir de entonces se mostró cada vez más crítico con la prohibición de viajar, y en agosto de 2020 Amnistía Internacional publicó una declaración donde determinaba que la prohibición a que estaba sometido era una de las diversas sanciones administrativas arbitrarias impuestas a los ciudadanos y ciudadanas qataríes. Durante las seis semanas siguientes, Mohammed citó reiteradamente la declaración en su cuenta de Twitter, @mohdalsulait74i. El 4 de octubre fue detenido en su casa, aparentemente sin orden judicial, y su cuenta de Twitter desapareció repentinamente, aunque gran parte de su contenido —como la organización de una encuesta online para calcular el número de qataríes sometidos a la prohibición de viajar— se conserva gracias al proyecto Internet Archive. Tras su detención, Amnistía escribió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía y la Oficina de Comunicación del Gobierno de Qatar para conocer su paradero. El 19 de octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos contestó explicando que se encuentra bajo custodia de la Seguridad del Estado para ser investigado por “delitos contra la seguridad del Estado” no especificados. Tras su detención, Mohammed pasó casi dos semanas recluido en régimen de incomunicación, y hasta la fecha sólo se le ha permitido hacer una llamada telefónica a su familia. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha señalado en su informe recién publicado sobre Qatar que, durante su visita oficial a Doha en 2019, no se le permitió visitar el centro de detención de la Seguridad del Estado, que la ley que regula la facultad de detención de este departamento le otorga poderes discrecionales excepcionales y muy problemáticos y que había sido informado de que, en la práctica, tal forma de detención da lugar a periodos muy largos de privación de libertad, lo que viola las normas internacionales de derechos humanos.

Pueden escribir llamamientos en: Árabe o inglés. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 21 de diciembre de 2020. Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Mohammed al-Sulaiti(masculino)