Miércoles, 04 de noviembre, 2020

Según la investigación, las personas sospechosas participaron en una “acción no autorizada” que causó daños a “la infraestructura de la ciudad y a un vehículo policial” y “obstaculizó el transporte público y el trabajo de organizaciones”


Ante la noticia de que las autoridades bielorrusas han iniciado actuaciones penales masivas contra más de 200 personas que se manifestaban pacíficamente que fueron detenidas durante una concentración el domingo y que ahora podrían ser encarceladas hasta tres años, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:

“Es evidente que las autoridades bielorrusas temen la libertad de reunión pacífica en el país y ahora la criminalizan en masa tratando de enjuiciar en una única causa a 231 personas detenidas. Los manifestantes denominaron su concentración del domingo Marcha contra el Terror, y ahora las autoridades los someten a más intimidación.

“Al llamar oficialmente delincuentes a cientos de personas que participaban en una manifestación pacífica, las autoridades bielorrusas muestran su profundo desdén hacia los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esta causa penal es totalmente absurda y sienta un precedente peligroso; debe cerrarse de inmediato..

“Pedimos a los gobiernos del mundo que respondan al círculo vicioso de opresión e intensificación de la injusticia en Bielorrusia presionando a las autoridades del país para que garanticen el respeto a los derechos humanos y que toda la ciudadanía bielorrusa puede ejercer libremente sus derechos y libertades sin estas inquietantes represalias”.

Información complementaria

El lunes, el Comité de Investigación de Bielorrusia abrió un procedimiento penal en el que acusaba a 231 personas detenidas durante la concentración pacífica de protesta del domingo en Minsk de “organizar o preparar actividades que alteran gravemente el orden público” (apartado 1 del artículo 342 del Código Penal de Bielorrusia, delito castigado con un máximo de tres años de cárcel).

Según la investigación, las personas sospechosas participaron en una “acción no autorizada” que causó daños a “la infraestructura de la ciudad y a un vehículo policial” y “obstaculizó el transporte público y el trabajo de organizaciones”.

Tras las protestas mayoritariamente pacíficas del domingo, en las que se produjeron enfrentamientos aislados entre policía y manifestantes, las autoridades han respondido orquestando una campaña de detenciones masivas en la que detuvieron desproporcionadamente a unas 300 personas.