China: Condena a 10 honkoneses en juicio injusto

Diez de los 12 hongkoneses detenidos en agosto de 2020 por la guardia costera china fueron condenados el 30 de diciembre de 2020 en un juicio sin garantías. Tras más de cuatro meses detenidos, los 10 siguen sin poder acceder a sus familias ni a los abogados elegidos por éstas.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo 

Director Fang Hongsheng

Yantian Branch of Shenzhen Municipal Public Security Bureau

2078 Shenyan Lu, Yantian Qu,

 Shenzhen Shi 518081, República Popular China

Correo-e: [email protected]

Señor Director:

Le escribo para expresarle mi grave preocupación por 10 hongkoneses que llevan más de cuatro meses detenidos en China sin comunicación directa con sus familias o abogados de su elección, y que el 30 de diciembre de 2020 fueron condenados a prisión tras un juicio injusto. Dos de ellos fueron condenados a tres y dos años de prisión respectivamente por “organizar el cruce clandestino de personas por la frontera” (组织他人偷越国（边）境), y los otros ocho, a siete meses por “cruzar clandestinamente la frontera” (偷越国（边）境).

Dado que los 10 fueron detenidos el 23 de agosto de 2020, las autoridades han violado su derecho a representación letrada, rechazando todas las solicitudes presentadas por los abogados contratados por sus familias para reunirse con ellos y afirmando que los 10 habían “elegido sus propios abogados”, sin permitir ninguna comunicación directa entre los acusados y sus familias. En el juicio del 28 de diciembre de 2020, sólo los representaron abogados elegidos por el gobierno. Desde entonces, a dos de los abogados contratados por sus familias les han retirado sus permisos para ejercer.

Los abogados contratados por las familias no pudieron asistir al juicio, pues según el tribunal no había sitio en la tribuna para el público. Sé que esta es una excusa utilizada a menudo por los tribunales chinos para que familiares y otras personas no asistan a los juicios que las autoridades consideran “delicados”.

Asimismo, me parece preocupante que las autoridades no informaran a las familias de los acusados de ningún detalle del juicio. Los abogados asignados por el gobierno sólo les informaron de la fecha, la hora y el lugar de la vista tres días antes de su celebración. El día del juicio, los familiares de los acusados no pudieron ponerse en contacto con los abogados ni recibieron información alguna ni copias del veredicto emitido el 30 de diciembre de 2020. Los letrados tampoco se ocuparon de las peticiones de las familias para reunirse con los acusados tras dictarse la sentencia.

Es sumamente preocupante que no haya manera de que las familias o los abogados contratados por ellas puedan confirmar si los 12 están bien de salud. En particular, me preocupa la situación de tres personas con problemas de salud previos, que necesitan medicarse con regularidad, ya que no se ha podido saber si están recibiendo bajo custodia la atención médica que necesitan.

En particular me intranquiliza la situación de QUINN Moon y TANG Kai-yin, que tienen problemas de salud previos y necesitan medicarse con regularidad, pues no hay forma de saber si están recibiendo la atención médica que necesitan mientras están detenidos. La familia de Quinn, que padece depresión y necesita medicación regular, afirma que sigue sin poder ponerse en contacto con el abogado asignado por el gobierno. Tang necesita también medicarse regularmente para el asma. Resulta sumamente preocupante que no haya manera de que las familias y los abogados contratados por ellas se reúnan con estas 10 personas y comprueben si están bien de salud.

Le pido que actúe de inmediato para:

• garantizar que estas 10 personas tienen acceso sin demora, periódico y efectivo a sus familias y a los abogados contratados por éstas;
• permitir a estas 10 personas acceder de inmediato, regularmente y sin limitaciones a los servicios médicos que soliciten o necesiten.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

CHENG Tsz-ho (鄭子豪), CHEUNG Chun-fu (張俊富), QUINN Moon (喬映瑜), TANG Kai-yin (鄧棨然), LI Tsz-yin (李子賢), LI Yu-hin (李宇軒), WONG Wai-yin (黃偉然) y otras cuatro personas más fueron interceptadas por agentes de la guardia costera de China continental tras haber salido de Hong Kong en una lancha motora el 23 de agosto de 2020.

LIU Tsz-man (廖子文) y otro adolescente eran menores de 18 años en el momento de la detención. A finales de diciembre de 2020, las autoridades decidieron no procesar a ambos adolescentes y los entregaron a la policía de Hong Kong el 30 de diciembre de 2020. La familia de uno de los adolescentes dijo que parecía nervioso tras su regreso a Hong Kong y evitaba hablar sobre su experiencia en el Centro de Detención de Distrito de Yantian, en China continental. Tras su repatriación a Hong Kong desde China continental, ambos se enfrentan a cargos penales presentados contra ellos antes de salir de Hong Kong en agosto de 2020. Liu está acusado de conspirar para provocar incendios y de posesión de sustancias con intención de destruir o dañar bienes. El otro adolescente está acusado de incendio provocado y posesión de armas ofensivas.

Desde que los 12 hongkoneses fueron interceptados el 23 de agosto de 2020, las autoridades chinas los han privado de su derecho a representación letrada de su elección. Además de rechazar todas las peticiones de los abogados contratados por sus familias para reunirse con los detenidos, las autoridades amenazaron e intimidaron al menos a cuatro de los letrados para que se retiraran del caso. El Departamento Provincial de Justicia de Hunan informó a Lu Siwei y Ren Quanniu, representantes letrados de Quinn Moon y Wong Wai-yin, el 31 de diciembre de 2020 y el 4 de enero de 2021, respectivamente, de que se les habían retirado sus licencias para ejercer. Estas decisiones se elevarán a definitivas tras celebrarse las vistas de revisión que tendrán lugar en enero de 2021.

Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos de personas detenidas en China continental —muchas de ellas defensoras de los derechos humanos— que han sido privadas de su derecho a ver a los abogados que ellas mismas o sus familias han elegido para representarlas. En algunos casos, las autoridades han designado abogados para las personas detenidas sin su autorización ni la de sus familias. En otros, han amenazado a los abogados para que abandonaran los casos, han afirmado sin aportar ninguna prueba que la persona detenida había despedido a los abogados contratados por las familias, o han impedido a las familias contratar a abogados, todo lo cual constituye una negación del derecho de las personas detenidas a representación legal. Cuando se priva a una persona de este derecho, con frecuencia se le niega también información sobre sus derechos jurídicos, con lo que queda más expuesta a procedimientos jurídicos injustos.

La posibilidad de reunirse con representantes legales elegidos por la persona interesada es parte fundamental del derecho a un juicio justo, y constituye una salvaguarda fundamental para prevenir la tortura y otros malos tratos. Al negar a estas 12 personas acceso a representación legal y a sus familias, se está contraviniendo el derecho internacional de los derechos humanos y, en concreto, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, además de la propia Ley de Procedimiento Penal china.

Antes de su detención en China continental por “cruzar clandestinamente la frontera”, 11 de estas 12 personas habían sido detenidas en Hong Kong por una serie de presuntos delitos, como conspiración con la intención de provocar lesiones, disturbios, agresión a un agente de policía, conspiración para provocar incendios, posesión de sustancias con intención de destruir o dañar bienes, fabricación de sustancias explosivas y conspiración con la intención de provocar incendios. Según los informes, una de las 12 personas detenidas, Li Yu-hin, se fue de Hong Kong para buscar asilo tras ser detenido por “posesión de munición sin permiso” y “connivencia con elementos extranjeros para poner en peligro la seguridad nacional”. Li es uno de los al menos 89 activistas y manifestantes que han sido detenidos por violación de la ley de seguridad nacional de Hong Kong desde que ésta entró en vigor, el pasado 30 de junio. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y varios órganos de expertos de la ONU han expresado en varias ocasiones su preocupación por la ley de seguridad nacional, argumentando que esta ley, redactada de forma muy general, puede llevar a “una interpretación discriminatoria o arbitraria que podría menoscabar la protección de los derechos humanos”. Algunas de estas 22 personas detenidas han sido acusadas de poner en peligro la seguridad nacional sólo por actos de expresión pacífica, como la posesión de pancartas con eslóganes políticos o la publicación de mensajes en las redes sociales. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe invocar la “seguridad nacional” como excusa para negar a la población el derecho a expresar opiniones políticas diferentes o a ejercer los demás derechos humanos protegidos por las normas internacionales.

Pueden escribir llamamientos en: Inglés o chino. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 11 de marzo de 2021. Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: CHENG Tsz-ho (鄭子豪) (masculino), CHEUNG Chun-fu (張俊富) (masculino), QUINN Moon (喬映瑜) (femenino), TANG Kai-yin (鄧棨然) (masculino), LI Tsz-yin (李子賢) (masculino), LI Yu-hin (李宇軒) (masculino), WONG Wai-yin (黃偉然) (masculino).

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/3471/2020/es/