Miércoles, 17 de febrero, 2021
El gobierno de Andorra presentó una denuncia penal por acusación falsa contra Vanessa Mendoza Cortés, alegando que su prestigio y buen nombre habían quedado en entredicho. El Estado se basó en disposiciones del Código Penal que deberían reformarse. La difamación no debe ser delito ni utilizarse para proteger del escrutinio y la crítica a gobiernos, instituciones del Estado o valores abstractos
Todos los cargos presentados contra la defensora de derechos humanos que se enfrenta a cuatro años de cárcel por hablar de los derechos humanos de las mujeres —incluido el derecho a un aborto sin riesgos— ante un foro de personas expertas de la ONU deben ser retirados; así lo ha afirmado Amnistía Internacional con motivo de la comparecencia de la defensora ante una jueza mañana en Andorra.
El gobierno de Andorra presentó cargos de difamación contra Vanessa Mendoza Cortés después de que ésta hablara sobre los derechos de las mujeres y las niñas en el país ante el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2019. Andorra es uno de los pocos países del mundo en los que el aborto todavía está prohibido en todos los casos.
“Procesar a una respetada defensora de los derechos humanos por su legítima labor y participación en una reunión de un organismo especializado de la ONU es un acto de intimidación indignante, y un intento de amordazar la libertad de expresión”, ha manifestado Monica Costa Riba, responsable de campañas de Amnistía Internacional.
“En lugar de ser penalizada por su defensa de los derechos de mujeres y niñas, Vanessa Mendoza Cortés debería recibir ayuda para realizar su trabajo.”
Vanessa Mendoza Cortés, psicóloga y presidenta de la Asociación Stop Violencias (Associació Stop Violències), organización de derechos de las mujeres, aprovechó su intervención ante el foro de personas expertas de la ONU para pedir la despenalización del aborto en Andorra y mayor protección de los derechos reproductivos de mujeres y niñas.
El gobierno de Andorra presentó una denuncia penal por acusación falsa alegando que su “prestigio y buen nombre” habían quedado en entredicho. Vanessa Mendoza Cortés fue acusada formalmente en 2020, y para ello la fiscalía se basó en el informe que había presentado ante el organismo de la ONU.
Los cargos en su contra conllevan duras penas, incluida una de hasta cuatro años de prisión, y multas de hasta 30.000 euros.
“En lugar de utilizar sanciones penales para impedir que Vanessa Mendoza Cortés exprese pública y libremente sus opiniones, las autoridades andorranas deben retirar todos los cargos contra ella”, ha dicho Monica Costa Riba.
“Pedimos a las autoridades de Andorra que pongan todo su empeño en cumplir con su obligación de proteger los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas, y no en criminalizar a quienes hablan públicamente en su defensa.”
Si desean más información o concertar entrevistas, pónganse en contacto con press@amnesty.org stefan.simanowitz@amnesty.org +44 2030365599
Información complementaria
El gobierno de Andorra presentó una denuncia penal por acusación falsa contra Vanessa Mendoza Cortés, alegando que su prestigio y buen nombre habían quedado en entredicho. El Estado se basó en disposiciones del Código Penal que deberían reformarse. La difamación no debe ser delito ni utilizarse para proteger del escrutinio y la crítica a gobiernos, instituciones del Estado o valores abstractos. Andorra debe modificar estos artículos y no aplicarlos hasta su reforma.
La comparecencia prevista para el 17 de febrero forma parte de las actuaciones preliminares contra Vanessa Mendoza Cortés.
Declaración pública de Amnistía Internacional https://www.amnesty.org/es/documents/EUR12/3684/2021/es/