Américas: Garantizar el derecho a la educación sexual integral salva vidas
La campaña ESIgualdad actualmente está integrada por más que 50 organizaciones en nueve países, trabajando en diversos temas incluyendo los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, la educación, la salud, los derechos de la niñez y los derechos LGBTI+
Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, lanzan hoy la campaña ESIgualdad, que busca articular esfuerzos para hacer realidad el derecho de niños, niñas y adolescentes a una educación sexual integral.
“Hoy nos unimos con organizaciones de toda la región con un simple mensaje para los Estados de América Latina y el Caribe: ha llegado la hora de que dejen de dar la espalda a las demandas por una educación sexual integral laica, científica y con enfoque de género”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas para Amnistía Internacional.
Bajo el lema #DeseoSeaDerecho, la campaña hace un llamado a los Estados para acelerar significativamente el cumplimiento de su obligación de asegurar la implementación universal de la educación sexual integral. Esta es una herramienta clave para la prevención de abusos sexuales que tiene el potencial de salvar la vida de niños, niñas y adolescentes que pidan y reciban ayuda a tiempo; así como para el disfrute de otros derechos humanos.
La campaña también busca hacer frente al alarmante incremento de ataques y desinformación contra las políticas y leyes que buscan abordar la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos en la educación pública, encabezados por grupos con una agenda contraria a los derechos humanos que comparten falsedades, engaños y mentiras que generan mucho miedo en jóvenes y sus familias, poniendo sus derechos en juego.
La situación en la región respecto al cumplimiento del derecho a la educación sexual integral es desoladora. En algunos países, no existe ningún respaldo institucional para la educación sexual integral, efectivamente imposibilitando su implementación. Por ejemplo, en Paraguay, bajo presión por grupos opuestos a la igualdad de género y los derechos humanos, el Ministerio de Educación emitió una resolución en 2017 que prohibió todos los materiales de educación relacionados con la perspectiva de género del sistema de educación pública. Esta resolución sigue vigente hasta la fecha.
Iniciativas parecidas en otros países también han avanzado. En Guatemala, el proyecto de ley 5272, lo cual prohibiría a instituciones educativas privadas y públicas implementar políticas y programas sobre educación integral en sexualidad, avanzó en segundo debate en el Congreso en 2018.
Pasos positivos para avanzar en este ámbito también han sido frenados por grupos de oposición. En la República Dominicana, una orden departamental emitida por el Ministerio de Educación en 2019 para la creación de una política para la igualdad de género dentro del Ministerio provocó fuertes movilizaciones en su contra. Hasta la fecha, el Ministerio sigue sin ninguna política en esta materia.
Aún en países que cuentan con leyes o políticas públicas que respaldan el derecho a la educación sexual integral, existen serias deficiencias respecto a su implementación efectiva. En Argentina, por ejemplo, la educación sexual integral ha sido obligatoria por ley desde 2006, pero estudios del Ministerio de Educación han revelado que muchos estudiantes siguen sin recibir ningún tipo de educación sexual integral, y la mayoría de los estudiantes que sí han recibido algo de educación sexual lo han recibido de manera incompleta, no sostenida y fragmentada.
Estos fallos ocurren en una región afligida por altos índices de desigualdad de género, violencia contra las mujeres, niñas y personas LGBTI, embarazos precoces no-deseados y forzados, y otras vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos. La educación sexual integral plantea combatir todas estas problemáticas.
“La educación sexual integral es una herramienta fundamental para la defensa de los derechos humanos. Hay evidencia contundente de que puede contribuir substancialmente a las respuestas a una amplia gama de problemas estructurales que han afligido a nuestras sociedades durante décadas: desde las violencias y desigualdades de género hasta los problemas vinculados con la salud sexual y reproductiva. Es clave también para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar sus proyectos de vidas en igualdad y tomar decisiones libres e informadas. Pero los Estados de la región siguen sin dar prioridad suficiente a este tema. Esto tiene que cambiar,” dijo Erika Guevara Rosas.
La campaña ESIgualdad actualmente está integrada por más que 50 organizaciones en nueve países, trabajando en diversos temas incluyendo los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, la educación, la salud, los derechos de la niñez y los derechos LGBTI+.