Informe 2022 Amnistía Internacional: Venezuela

En la presentación del Informe Anual de Amnistía Internacional- Capítulo Venezuela se demostró que hubo malos tratos contra personas a las que se consideraba críticas con el gobierno. Se sometió a intimidación, hostigamiento, agresiones y detención a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas. Empeoró la emergencia humanitaria y persistían las violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un sistema de salud cada vez más debilitado y escasez de agua, combustible, alimentos y electricidad. La impunidad por violaciones de derechos humanos continuó siendo la norma. La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó y condenó la impunidad sistémica, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional determinó que había motivos para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad y anunció la apertura de una investigación formal.

 

 

Las fuerzas de seguridad, incluida la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional (FAES), siguieron llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales. En enero, 14 hombres murieron durante una operación de seguridad en la parroquia La Vega de la capital, Caracas, en circunstancias que apuntaban a que podían haber sido víctimas de ejecución extrajudicial.1

Según la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, las fuerzas policiales habían matado hasta marzo a más de 200 personas. La Misión declaró que investigaría las circunstancias de los homicidios y la

 

República Bolivariana de Venezuela

Jefe del Estado y del gobierno: Nicolás Maduro Moros

 

La continuada crisis de derechos humanos se vio agravada por los efectos de la pandemia de COVID-19. Continuó la política de represión aplicada por el gobierno de Nicolás Maduro, y se conocieron nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura y otros participación de la FAES.

 

 

Continuaron las detenciones arbitrarias por motivos políticos en el marco de una política gubernamental de represión. Según la organización de derechos humanos Foro Penal, se detuvo a otras 44 personas, con lo que la cifra total de personas recluidas en detención arbitraria por motivos políticos al final del año ascendía a 244. Entre estas

 

personas había activistas políticos, estudiantes, personal de las fuerzas armadas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas consideradas detractoras del gobierno de Maduro.

Roland Carreño, periodista y miembro del partido Voluntad Militar detenido de forma arbitraria en octubre de 2020, permanecía bajo custodia acusado de “terrorismo” y otros delitos en virtud de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo.

 

Foro Penal informó de que al menos dos personas que habían sido detenidas de forma arbitraria —Salvador Franco, miembro del pueblo indígena pemón y, Gabriel Medina, quien había sufrido problemas de salud durante más de un mes— murieron en prisión sin recibir la atención médica adecuada.

 

La familia y el abogado de Raúl Isaías Baduel, que murió en octubre supuestamente a causa de complicaciones relacionadas con la COVID-19 mientras se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), pidieron una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de la muerte.

 

 

Se abrió una nueva investigación penal sobre la desaparición forzada, detención arbitraria, tortura y muerte de Rafael Acosta Arévalo, ocurrida en 2019, pero sin incluir la responsabilidad de la cadena de mando.

 

En septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó de que era habitual que las autoridades no investigaran las denuncias de tortura. En 67 de los 183 casos que documentaba, las personas presas habían comparecido ante el tribunal con señales visibles de malos tratos. En algunos casos, las denuncias de tortura no figuraban en las actas judiciales; en otros se ordenaba al Ministerio Público abrir una investigación formal. Con todo, las familias y los abogados defensores dijeron a los representantes de la Misión que no tenían conocimiento de que se hubieran producido avances en esos procedimientos.

 

La Misión de Determinación de los Hechos también documentó la práctica del secuestro o la detención de familiares con el propósito de obligar a las personas a las que se atacaba como parte de la estrategia represiva a presentarse ante las autoridades (método conocido como “Sippenhaft”).

 

Eran habituales las denuncias de tortura y otros malos tratos en las etapas iniciales de la desaparición forzada.

 

 

En Caracas se llevaron a cabo varias operaciones de seguridad contra bandas delictivas, durante las cuales las fuerzas militares y policiales hicieron un uso innecesario e ilegal de la fuerza. Se tuvo noticia de varias muertes causadas por balas perdidas en dos operaciones practicadas en enero y julio.

 

 

Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.2 La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela expresó profunda preocupación en relación con la voluntad del Estado de procesar a las personas sospechosas de ser penalmente responsables de violaciones de derechos humanos, y declaró que “el Estado no ha[bía] adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos, combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamiento domésticos”.

 

Las autoridades anunciaron la creación de una comisión para la reforma del sistema judicial. Sin embargo, la persona designada para dirigirla había sido señalada por la Misión de Determinación de los Hechos como probable responsable de crímenes de lesa humanidad y era representante de la Asamblea Nacional, lo que ponía en duda su independencia e imparcialidad.

 

El militar acusado de la muerte de David Vallenilla durante una manifestación pacífica en 2017 fue absuelto en septiembre. El Ministerio Público recurrió la decisión y en octubre se le impuso una pena de 23 años de cárcel. Estaba pendiente de investigar la responsabilidad de mando.

 

 

Los procedimientos y tribunales penales seguían empleándose indebidamente para acallar la disidencia. Era habitual el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles, y también el uso de tribunales especiales contra el “terrorismo”. Con el pretexto de las restricciones relativas a la COVID-19, las autoridades prohibían a las personas detenidas recibir visitas de familiares y abogados, lo que dejó a muchas de ellas en régimen de incomunicación y sin tiempo suficiente para preparar su defensa.

 

En su informe, la Misión de Determinación de los Hechos manifestó que el sistema de justicia “ha[bía] jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno” y que “[l]os efectos del deterioro del Estado de derecho se propag[aban] más allá de los directamente afectados, repercut[ían] en toda la sociedad”.

 

 

Las iniciativas para pedir verdad, justicia y reparación a través de mecanismos internacionales, ante la falta de recursos efectivos en el ámbito nacional, seguían viéndose frustradas por los intentos de las autoridades de evitar el escrutinio internacional. El gobierno del presidente Maduro no reconocía la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a pesar de las diversas sentencias y recomendaciones formuladas por ambos organismos.

 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) conservó el mandato de cooperación técnica con altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro y de supervisión de la situación de los derechos humanos, pero seguían pendientes las invitaciones para que visitaran el país los órganos creados en virtud de tratados y los relatores y relatoras especiales de la ONU, como los titulares de las áreas de defensores y defensoras de los derechos humanos, derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y ejecuciones extrajudiciales, así como como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. En febrero visitó Venezuela la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.

 

En noviembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre la situación de Venezuela. En una visita a Caracas, el fiscal firmó un memorando de entendimiento con las autoridades, que se comprometieron a colaborar plenamente con las investigaciones pese a que no aceptaron que se hubieran cumplido los criterios para que la investigación avanzara.

 

 

En el marco de una arraigada política de represión, quienes pertenecían o parecían pertenecer a la oposición política al gobierno de Nicolás Maduro sufrían ataques y actos de hostigamiento constantes y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos.

En julio, Freddy Guevara, destacado militante de Voluntad Popular, fue detenido arbitrariamente en Caracas y permaneció más de un mes bajo custodia. Pese a que el gobierno le permitió posteriormente sumarse a las negociaciones que mantenía con la oposición en Ciudad de México, su detención fue representativa de la represión que se ejercía de manera continuada.

 

Los medios de comunicación próximos al partido gobernante, como el programa de televisión “Con el mazo dando”, siguieron estigmatizando y atacando a quienes defendían los derechos humanos y a otras personas percibidas como opositoras al gobierno.

 

 

La ONG local Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó de que, entre enero y junio, había habido 3.393 actos de protesta, en su mayor parte en relación con derechos económicos, sociales y culturales, tales como los derechos laborales, los servicios médicos, los altos precios de los alimentos y la falta de servicios básicos, incluido el combustible. Al menos 59 protestas recibieron como respuesta ataques de la policía, el ejército o grupos armados progubernamentales, que causaron la muerte de un manifestante y lesiones a otros siete.

 

Según la ONG venezolana Espacio Público, entre enero y agosto se registraron más de 292 ataques contra la prensa y periodistas, incluidos actos de hostigamiento e intimidación, detenciones arbitrarias, censura y ataques digitales. Esos ataques agravaron la falta de transparencia en relación con los datos epidemiológicos sobre la pandemia de COVID-19.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) prohibió varios programas —como, por ejemplo, “Punto de Corte Radio”, que transmitía la emisora Radio Fe y Alegría— y uno de los principales periódicos del país.

 

Un tribunal falló en contra de El Nacional, uno de los principales periódicos de Venezuela, que recibió una multa equivalente a 13 millones de dólares estadounidenses tras perder un juicio por difamación en relación con Diosdado Cabello, un alto cargo gubernamental.

 

En octubre, la policía irrumpió en el domicilio de Roberto Deniz, del portal web Armando Info; la CIDH había dictado medidas cautelares en favor de Roberto y sus familiares en 2020.

El periodista Luis Carlos Díaz siguió sometido a graves restricciones y procesamiento.

 

 

Se intensificó la represión y criminalización de la sociedad civil y de quienes defendían los derechos humanos.

En enero, cinco miembros de la organización humanitaria Azul Positivo fueron detenidos arbitrariamente y acusados de delitos que incluían el de “terrorismo”.

 

Quedaron en libertad condicional en febrero, pero seguían sometidos a restricciones y enjuiciamiento al finalizar el año.

En marzo, el gobierno aprobó una norma administrativa que obligaba a las ONG locales a inscribirse ante un organismo de vigilancia “antiterrorista” y revelar información reservada y confidencial sobre las víctimas de violaciones de derechos humanos y sobre su propia financiación y funcionamiento.

 

La presión internacional llevó al gobierno a anular algunas de esas disposiciones. Sin embargo, la norma se mantuvo en vigor y las organizaciones locales se exponían a ser criminalizadas en virtud de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo si no se inscribían. Las organizaciones nacionales e internacionales interpretaron esta norma como una clara medida de represión contra el personal humanitario y quienes defendían los derechos humanos.

 

En julio, los miembros de la ONG local FundaREDES Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García fueron detenidos arbitrariamente por agentes del SEBIN, y acusados de incitación al odio, traición y “terrorismo”. A pesar de las numerosas solicitudes cursadas, los representantes legales de su elección no obtuvieron la acreditación necesaria para comparecer ante el tribunal. Al concluir el año, los tres estaban en espera de las primeras audiencias preliminares. Rafael Tarazona y Omar de Dios García quedaron en libertad condicional en octubre. Javier Tarazona, quien padecía un problema grave de salud que requería atención urgente, permaneció detenido.

 

Según el Centro para los Defensores y la Justicia, en 2021 se produjeron 743 ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, un 145% más que en 2020.

 

 

A pesar de los cierres de fronteras y las restricciones de la libertad de circulación a causa de la pandemia, el número de venezolanos y venezolanas que huían del país para escapar de la violación masiva de sus derechos humanos siguió aumentando y alcanzó los 6 millones al concluir el año.

 

Muchas personas siguieron utilizando pasos fronterizos no oficiales —por mar, en embarcaciones precarias, y a través de peligrosas rutas terrestres—, lo que se tradujo en notificaciones de muertes en el mar, así como en los pasos fronterizos. (La información sobre las violaciones de derechos humanos relacionadas con personas venezolanas refugiadas en Curazao figura en el apartado sobre Países Bajos.)

 

 

La compleja emergencia humanitaria del país siguió intensificándose.

Según la OACNUDH, el acceso a los servicios básicos durante la pandemia — como la atención médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina— era limitado y e iba empeorando.

 

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU anunció que, a 31 de agosto, 2,7 millones de personas habían recibido algún tipo de ayuda en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria.

 

 

La infraestructura del sistema de salud siguió deteriorándose. La información pública relativa a la COVID-19 era poco clara. La ONG local Médicos Unidos denunció que más de 815 profesionales de la salud habían muerto a

causa de la COVID-19 desde marzo de 2020; las autoridades ocultaban las cifras detalladas de los fallecimientos de personas pertenecientes a ese colectivo.

 

El acceso a las vacunas contra la COVID-19 fue uno de los principales problemas, junto con el uso de vacunas que los organismos reguladores independientes no habían considerado seguras ni eficaces. No se hizo público ningún plan nacional de vacunación. El personal de salud siguió exigiendo equipos de protección, así como incrementos salariales.

Según la ONG Acción Ciudadana Contra el SIDA, entre enero y junio se registró una escasez de antirretrovirales del 58,68%.

 

Las organizaciones de la sociedad civil siguieron exigiendo la reactivación del Programa de Procura de Órganos, que llevaba cuatro años suspendido.

 

La Organización Mundial de la Salud informó de un brote de fiebre amarilla.

 

 

La OACNUDH señaló que un tercio de la población venezolana se encontraba en situación de inseguridad alimentaria.

El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores estimaba que el costo de la canasta de productos básicos en octubre alcanzaba los 260,77 dólares estadounidenses al mes, mientras que el salario mínimo mensual era de 1,66 dólares. En julio, el Programa Mundial de Alimentos anunció que proporcionaría asistencia a los niños y niñas menores de seis años en las zonas que había identificado como las más afectadas por la inseguridad alimentaria.

 

El sistema de distribución de alimentos — formado por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción— siguió funcionando, pero la Fundación Bengoa informó de que no satisfacía las necesidades nutricionales.

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, el 94,5% de la población vivía en situación de pobreza y el 76,6%, en situación de pobreza extrema.

 

 

El suministro de agua potable y servicios de saneamiento siguió fallando, lo que desató protestas en las comunidades locales. La Asamblea Nacional aprobó en junio el Proyecto de Ley Orgánica de Aguas, que planteaba motivos de preocupación al carecer de perspectiva de derechos humanos.

 

 

Continuaba preocupando la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

Los elevados precios y las restricciones relacionadas con la pandemia impedían acceder a los servicios de contracepción. El Fondo de Población de la ONU llevó a cabo actividades en algunas comunidades para ayudar a reducir la mortalidad materna y facilitar el acceso a anticonceptivos.

 

La CIDH instó a Venezuela a eliminar los obstáculos que impedían el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y a revisar su restrictiva legislación en materia de aborto.

 

Vannesa Rosales, defensora de los derechos humanos del estado Mérida — detenida arbitrariamente en octubre de 2020 por proporcionar a una niña de 13 de años, embarazada a consecuencia de una violación, información sobre procedimientos para interrumpir el embarazo—, quedó en libertad el 21 de julio después de permanecer detenida nueve meses, seis de ellos bajo arresto domiciliario.

 

 

En las prisiones y otros centros de detención persistían la falta de atención médica, la insuficiencia de comida y agua potable, las condiciones de insalubridad, el hacinamiento y la violencia. Según las ONG locales Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad, la desnutrición y la tuberculosis habían sido las principales causas de muerte en las prisiones. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó de que 94 personas habían muerto bajo custodia, en su mayoría por desnutrición.

 

Una Ventana a la Libertad denunció que el hacinamiento en los centros de detención preventiva era del 292%, mientras que el Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que el de otros centros penitenciarios alcanzaba el 198% y que el 56% de la población reclusa se encontraba en espera de juicio.

 

 

 

No existían legislación ni políticas públicas que garantizaran los derechos de las personas LGBTI. La CIDH pidió al gobierno que adoptara medidas eficaces para reconocer sus derechos y poner fin a la discriminación, la violencia y las situaciones de vulnerabilidad a las que estaban expuestas.

 

 

El Ministerio Público anunció que había 72 oficinas fiscales en todo el país especializadas en la investigación penal en materia de violencia de género.

Las ONG locales siguieron denunciando que fiscales, jueces, agentes policiales y otras autoridades continuaban teniendo una mala preparación para proteger los derechos de las mujeres, y éstas a menudo sufrían revictimización a causa de la violencia institucional.

 

La falta de datos oficiales detallados hacía difícil evaluar la situación de la violencia de género, pero el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) documentó que se habían cometido 235 feminicidios en el país entre enero y octubre.

CEPAZ criticó la falta de protección estatal para las sobrevivientes de cáncer de mama, un apoyo que la CIDH había solicitado en 2020.

 

 

La situación del Arco Minero del Orinoco y de la minería ilegal siguió siendo motivo de preocupación y continuó afectando gravemente a los derechos de los pueblos indígenas, que sufrían abusos tales como explotación laboral y violencia de género.

 

Las organizaciones de la sociedad civil notificaron que la COVID-19, la malaria, la tuberculosis, la hepatitis y las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, así como una epidemia de sarampión, fueron algunos de los problemas de salud que afectaron a los pueblos indígenas durante el año.

 

 

Revisa el informe completo: https://www.amnesty.org/es/latest/research/2022/03/annual-report-202122/