Israel y Territorios Palestinos Ocupados: Salah Hammouri debe ser liberado de una detención administrativa injusta
Salah Hammouri es abogado, investigador y defensor de derechos humanos francopalestino que trabaja para la ONG palestina Addameer
Ante la noticia de que las autoridades israelíes han prorrogado tres meses la detención administrativa del defensor de derechos humanos Salah Hammouri, la directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, Heba Morayef, ha declarado:
“Desde marzo, las autoridades israelíes mantienen a Salah Hammouri en detención arbitraria sin cargos ni juicio en un intento evidente de reprimir su trabajo sobre derechos humanos. Es indignante que ahora tenga que cumplir tres meses más en detención.
Las autoridades israelíes deben liberar inmediatamente a Salah Hammouri. Todas las personas en detención administrativa deben quedar en libertad de inmediato si no van a ser acusadas en breve de algún delito reconocible internacionalmente y enjuiciadas en procedimientos acordes a las normas sobre juicios justos.
Hoy, en lugar de volver a casa con su familia, Salah Hammouri se enfrenta a otros tres meses de cárcel. Su detención aún puede ser prorrogada nuevamente y utilizada en su contra para acelerar su expulsión de Jerusalén. Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes que garanticen el mantenimiento de su estatuto de residencia en Jerusalén para que pueda proseguir su labor de derechos humanos sin temor a represalias.”
Información complementaria
Salah Hammouri es abogado, investigador y defensor de derechos humanos francopalestino que trabaja para la ONG palestina Addameer. Lleva recluido bajo custodia de las autoridades israelíes desde el 7 de marzo, cuando se lo llevaron de su casa en el barrio de Kufr Aqab de Jerusalén.
Desde septiembre de 2020, las autoridades israelíes han dado pasos para retirar a Salah Hammouri su condición de residente permanente por “deslealtad” al Estado de Israel, por lo que corre peligro de ser deportado.
Según Addameer, en mayo de 2022 había 600 personas palestinas en detención administrativa. La detención administrativa permite a Israel recluir a personas palestinas sin intención de someterlas a juicio penal. Las órdenes pueden renovarse indefinidamente y las pruebas se mantienen en secreto, por lo que la persona no puede impugnar de manera efectiva su detención ni saber cuándo saldrá en libertad. El uso sistemático que hace Israel de la detención administrativa viola el derecho internacional de los derechos humanos, ya que termina siendo una detención arbitraria que, si se prolonga o repite, puede constituir trato o pena cruel, inhumano y degradante. Amnistía Internacional ha mostrado que el uso de la detención administrativa por parte de Israel constituye un acto inhumano perpetrado para seguir sometiendo a la población palestina a un sistema de apartheid, lo que constituye un crimen de lesa humanidad.