Las autoridades argelinas deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a un mínimo de 266 activistas y manifestantes encarcelados por participar en el movimiento de protesta Hirak, criticar a las autoridades, denunciar corrupción del Estado o expresar solidaridad con personas detenidas, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, cuando Argelia se dispone a celebrar el 60 aniversario de su independencia el 5 de julio.
En mayo de 2022, observadores locales informaron de que al menos 266 activistas y manifestantes se consumen en prisiones argelinas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión; las autoridades deben retirar con urgencia todos los cargos formulados en su contra.
En muchos casos, personas que se han manifestado pasan periodos excesivamente prolongados recluidas en espera de juicio. En otros, son condenadas a hasta cinco años por cargos demasiado amplios y falsos como “dañar” la seguridad nacional, “menoscabar la unidad nacional”, “ofender” a funcionarios públicos, “incitar a reuniones no armadas”, difundir noticias falsas y terrorismo.
“Cuando se cumplen 60 años del reconocimiento de Argelia como Estado independiente, se siguen ignorando, pisoteando o restringiendo activamente las libertades básicas y los derechos humanos”, ha afirmado Amna Guellali, directora adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“La detención injustificada de activistas y manifestantes debe terminar. Es vergonzoso que las autoridades argelinas sigan haciendo uso de leyes demasiado amplias y represivas para enjuiciar a personas que se han limitado a ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión.”
El 24 de abril de 2022, Hakim Debbazi, detenido en relación con Hirak, murió bajo custodia en circunstancias poco claras. Debbazi tenía 55 años y era padre de tres hijos. Estaba detenido en espera de juicio desde febrero de 2022, tras compartir en Facebook una publicación de otra página que convocaba una protesta para conmemorar el tercer aniversario del movimiento Hirak. Fue procesado por “incitar a una reunión no armada”, “ofender a funcionarios públicos” y publicar contenidos que podían “dañar el interés nacional”. El tribunal rechazó la solicitud de libertad provisional presentada por sus abogados, pero no ofreció explicación alguna de su denegación.
Zakiya Sadeg, tía y abogada de Debbazi, dijo a Amnistía Internacional que éste había informado a su esposa durante una visita en abril de que sufría dolores en el pecho y dificultades respiratorias. También dijo que estaba recluido en una pieza pequeña, llena de humo y sin ventilación. Casi un mes después de la muerte de Debbazi, el ministro de Justicia de Argelia afirmó, aludiendo a un informe de la autopsia, que había muerto por causas naturales.
La detención injustificada de activistas y manifestantes debe terminar.
Amna Guellali, Amnistía Internacional
De todos los casos documentados por Amnistía Internacional, al menos cuatro personas detenidas han sido sometidas a juicios adicionales mientras estaban en prisión por cargos relacionados con la expresión de críticas al Estado dentro o fuera de Internet. El 8 de junio de 2020, el activista ambiental Mohad Gasmi fue detenido y después condenado a cinco años de prisión por una publicación en Facebook que las autoridades consideraron “enaltecimiento del terrorismo”. Mientras estaba en prisión, fue enjuiciado por otros cargos relacionados con su participación en activismo ambiental en el extranjero y sus comunicaciones con activistas en Internet. Se le impuso una pena adicional de tres años.
El periodista Merzoug Touati también fue condenado a una pena de prisión adicional mientras cumplía la condena inicial de un año por “incitar a una reunión no armada” y publicar contenidos que “menoscaban la unidad nacional”. El 29 de mayo de 2022, fue condenado a otro año de prisión y multado con 350 dólares estadounidenses en una causa distinta incoada por los mismos cargos. Touati quedó finalmente en libertad el 20 de junio en aplicación de un indulto presidencial. No se han retirado los cargos en su contra. El 28 de junio de 2022 se le impusieron otra pena de un año de prisión y una multa de 342 dólares. Esta condena es la cuarta que se dicta en su contra en 2022.
Tras la suspensión de la actividad del movimiento de protesta Hirak debido a la COVID-19 en 2020, las autoridades argelinas intensificaron su represión de la disidencia pacífica. La creciente represión contra quienes manifiestan actitudes críticas hacia el Estado no se circunscribió al interior del país, sino que también se dirigió contra varias personas que residían en el extranjero o que trataban de obtener refugio en otros países.
Este mismo año, un refugiado fue secuestrado en Túnez y fue devuelto a Argelia y enjuiciado por al menos 10 cargos, entre ellos “participación en una organización terrorista”, por su presunta vinculación con el Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia (MAK).
Asimismo, al menos dos solicitantes de asilo fueron deportados por su presunta vinculación con organizaciones no autorizadas, y al menos tres personas con doble nacionalidad que residían en Canadá fueron detenidas arbitrariamente o interrogadas a su llegada a Argelia y después se les impidió salir del país durante semanas o meses.