De aprobarse, este proyecto de ley, ahora en fase de debate en el Parlamento (la siguiente sesión está prevista para los días 20-21 de agosto) constiuiría una grave violación de los derechos de libertad de expresión y asociación

El 5 de noviembre de 2021, el gobierno de Zimbabue publicó oficialmente un proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas para combatir el terrorismo y prohibir la captación de apoyos de organizaciones no gubernamentales. Tras consultas públicas y contribuciones de varias partes interesadas, en junio de 2022 se presentó un proyecto de ley modificado que altera significativamente el inicial, ignora los motivos de preocupación de la sociedad civil, impone unas disposiciones más estrictas y represivas, y de aprobarse, amenaza con aplastar la sociedad civil y las organizaciones que sacan a la luz violaciones de los derechos humanos y exigen a los gobiernos que rindan cuentas, además de criminalizar su labor e imponer medidas punitivas, incluida la prisión.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo

Ministro de Servicios Públicos, Trabajo y Bienestar Social
Minister of Public Service, Labour and Social Welfare

Professor Paul Mavima

9^th Floor Mukwati Building

Corner S.V Muzenda Street and Central Avenue

P.Bag CY17

Causeway, Harare, Zimbabue

Correo-e: mpslswzim@gmail.com

Twitter: @ProfPMavima

Sr. Paul Mavima:

Le escribo para expresarle mi preocupación por el proyecto de Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas que actualmente se debate en el Parlamento. Como sabe, este proyecto fue presentado por primera vez por el gobierno el 5 de noviembre de 2021 para “combatir el terrorismo” y prohibir la captación de apoyos de carácter privado de organizaciones no gubernamentales (ONG). En junio de 2022, tras consultas públicas y contribuciones de varias partes interesadas, el gobierno presentó nuevas enmiendas al proyecto de ley. Estas últimas modificaciones suponen una grave amenaza para la fundamental labor de las organizaciones de la sociedad civil que han estado sacando a la luz violaciones de los derechos humanos, exigiendo a los gobiernos que rindan cuentas y garantizando que los derechos de la población de Zimbabue se respetan, protegen, fomentan y se hacen efectivos. Las modificaciones propuestas introducen penas adicionales y excesivamente punitivas, tanto de carácter penal como civil, para las Organizaciones Voluntarias Privadas infractoras, así como la responsabilidad civil individual de sus fideicomisarios/as, empleados/as y directivos/as y de cualquier persona que participe en el control de una Organización Voluntaria Privada, incluidos miembros del público. El proyecto de ley concentra el poder en la oficina del Registro, un poder que puede utilizarse para eliminar del registro y negar su inscripción en él a organizaciones que en el pasado han sido atacadas y criticadas por el gobierno.

Además, las modificaciones adicionales que se introdujeron en junio de 2022 reflejan cambios sustanciales de amplio alcance que no estaban en el proyecto de ley original sobre el que el Comité Parlamentario sobre Servicios Públicos, Trabajo y Bienestar Social  consultó al público. Estos cambios significativos deben ser sometidos a la consulta del público.

De aprobarse, este proyecto de ley, ahora en fase de debate en el Parlamento (la siguiente sesión está prevista para los días 20-21 de agosto) constiuiría una grave violación de los derechos de libertad de expresión y asociación, obstaculizando gravemente el trabajo de la sociedad civil y llegando a permitir la eliminación de algunas organizaciones que trabajan para promover y proteger los derechos humanos y exigir que el gobierno rinda cuentas.

Le insto a retirar de inmediato el proyecto de ley, que tiene importantes cambios, y que no siga debatiéndose en el Parlamento hasta que sea sometido a consulta pública, así como a eliminar cualquier disposición que socave el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo le insto a examinar a fondo las recomendaciones efectuadas por las organizaciones de la sociedad civil durante el proceso de consulta.

Atentamente,

Información complementaria

El 31 de agosto de 2001, el gobierno de Zimbabue aprobó en Consejo de Ministros enmiendas a la Ley de Reforma sobre Organizaciones Voluntarias Privadas propuestas por el Ministerio de Justicia, Asuntos Jurídicos y Parlamentarios. Los cambios propuestos se recibieron con escepticismo generalizado dado el actual contexto y las experiencias históricas del país. Zimbabue ya está en modo electoral y se encamina hacia unas elecciones cruciales en julio de 2023. La interpretación de las disposiciones del proyecto de ley propuesto sobre Organizaciones Voluntarias Privadas debe hacerse en su contexto actual. En general, las disputas postelectorales, el desplome de la economía y las dificultades económicas generalizadas producto de unas políticas económicas y unas medidas de austeridad deficientes han agravado las tensiones en el país. Las ONG han sido acusadas falsamente de injerencia en los asuntos políticos y de agitar a la población para que vote contra el partido gobernante.

El 29 de junio de 2021, el coordinador de desarrollo de la provincia de Harare del partido dirigente emitió la normativa de que las ONG presenten sus estrategias operativas para su examen y aprobación. Pidió a la policía que detuviera a cualquiera que se negara a cumplir esta orden y amenazó con prohibir a aquellas ONG que no hubieran presentado sus planes estratégicos. La sociedad civil se unió para impugnar la legalidad de estas órdenes, y en septiembre de 2021, el Tribunal Superior, halló que la directiva era ilegal.

El gobierno también ha estudiado la posibilidad de presentar un “Proyecto de Ley Patriótico”. Un parlamentario del partido gobernante, Pupurai Togarepi, de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, que apoyó la moción de que el gobierno presente un Proyecto de Ley Patriótico, señaló: “[… ]las organizaciones de la sociedad civil que se desvían de su ocupación fundamental y comienzan a promover actividades que desestabilizan al pueblo de Zimbabue [...] la gente viene a este país, nos dicen que son organizaciones de bienestar social, pero tienen agendas políticas [...] si has hecho campaña contra Zimbabue, la ley debe prohibirte ocupar ningún puesto público, porque matarás a la gente a la que quieres cuidar."

En 2004 hubo un primer intento de regular las ONG a través del Proyecto de Ley de Organizaciones No Gubernamentales, aprobado por el Parlamento, pero que nunca llegó a ser promulgado por el entonces presidente, Robert Mugabe. Este proyecto de ley apareció en un contexto similar. Desde entonces el contexto no ha cambiado, pues los dirigentes de la sociedad civil siguen siendo objeto de ataques, acusados, o bien de manchar la imagen del Estado al sacar a la luz violaciones de derechos humanos o bien de representar intereses “occidentales” cuando exigen a las autoridades que respeten y protejan estos derechos.

El Proyecto de Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas aglutina a todas las organizaciones de la sociedad civil inscritas con arreglo a diferentes leyes bajo una sola, y en sus cláusulas se nota el intento de controlar y suprimir a la sociedad civil consideraba “antigubernamental”. El objetivo del texto legal es limitar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de realizar funciones que podrían afectar de manera significativa a la capacidad de los y las zimbabuenses de a pie de participar plenamente en las próximas elecciones; en este sentido, infringe los derechos civiles y políticos que les garantiza la Constitución. El Proyecto de ley contiene vagas disposiciones en las que se prohíbe apoyar u oponerse a un partido o candidato político, pero sin definir claramente qué se entiende por apoyar u oponerse a un partido político. Las organizaciones de la sociedad civil, es decir, organizaciones que proporcionan redes de seguridad fundamentales para los actores políticos en el periodo previo a las elecciones, bien sea facilitando asistencia letrada o sociosanitaria, educando a los/as votantes, movilizando la entrada de nuevos votantes y  observadores electorales, son consideradas “políticas” en virtud del proyecto de ley propuesto, y temen que se malinterpreten sus intervenciones como apoyo a partidos políticos.

La sociedad civil ha presentado información oral y por escrito, incluido el Análisis Consolidado de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Proyecto de Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas, poniendo de relieve sus motivos de preocupación al Comité Jurídico del Parlamento, Comité Parlamentario sobre Servicios Públicos. El 11 de abril de 2022, la sociedad civil mantuvo una reunión consultiva con el ministro de Justicia, que se refirió a la posibilidad de que el Parlamento introdujera varias enmiendas. Las modificaciones propuestas que el ministro de Servicios Públicos, Trabajo y Bienestar Social presentó al Parlamento son peores que las primeras, e incluyen disposiciones que presentan penas y sanciones de carácter penal y civil para las Organizaciones Voluntarias Privadas infractoras, así como la responsabilidad civil individual de sus fideicomisarios/as, empleados/as y directivos/as y de cualquier persona que participe en el control de una Organización Voluntaria Privada, incluidos miembros del público.

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