Viernes, 28 de octubre, 2022

El presidente Jair Bolsonaro y su administración deben asegurarse de que difunden información fiable, contrarrestan las declaraciones falsas y hacen todo lo que está en sus manos para prevenir y condenar cualquier ataque e intimidación en los días previos a la votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales


En respuesta a información divulgada por medios de comunicación sobre la intensificación de episodios de violencia y amenazas de motivación política en el marco de las elecciones en Brasil, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Las noticias sobre la intensificación de la violencia y las amenazas contra personas que ejercen sus derechos civiles y políticos es alarmante. Entre ellas, es muy preocupante el incremento exponencial de denuncias de acoso electoral por parte de personas trabajadoras que sufren presiones para definir o declarar su voto, incluyendo amenazas de perder sus empleos si no lo hacen.”  

“La intimidación electoral también se ha acentuado en los centros religiosos e inunda las redes sociales, donde cada vez más personas, incluyendo figuras públicas, agreden y persiguen a quienes expresan una opinión diferente a la suya.”

Las noticias sobre la intensificación de la violencia y las amenazas contra personas que ejercen sus derechos civiles y políticos es alarmante

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

“El presidente Jair Bolsonaro y su administración deben asegurarse de que difunden información fiable, contrarrestan las declaraciones falsas y hacen todo lo que está en sus manos para prevenir y condenar cualquier ataque e intimidación en los días previos a la votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.”

“También es imprescindible que todas las instituciones del Estado funcionen plenamente y dentro de un marco de derechos humanos, incluyendo las fuerzas de seguridad pública y el sistema de justicia, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de la población brasileña antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 30 de octubre.”