Estados Unidos de América: misuri programa una ejecución para un asesinato cometido en 2005

Está previsto que el estado de Misuri ejecute a Kevin Johnson el 29 de noviembre de 2022. Kevin Johnson fue condenado a muerte en 2007 por el asesinato de un policía, cometido en 2005. En el momento del delito tenía 19 años, y había vivido una vida de privación y abusos sexuales y físicos. El crimen tuvo lugar unas horas después del repentino fallecimiento de su hermano menor. Kevin Johnson tenía un historial de trastornos psiquiátricos pero, pese a ello, el jurado, en el momento de decidir sobre su vida o su muerte, no escuchó ningún testimonio experto sobre el efecto de la muerte de su hermano o su propia historia traumática y su discapacidad intelectual.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

 Gobernador

Office of Governor Michael L. Parson

P. O. Box 720

Jefferson City, MO 65102, EE. UU.

Fax: +1 573 751-1495

Correo-e vía: https://governor.mo.gov/contact-us/mo-governor

 

Señor Gobernador Parson:

El estado de Misuri planea ejecutar a Kevin Johnson el 29 de noviembre de 2022. Un jurado condenó a Johnson a muerte a finales de 2007 por el asesinato, cometido en julio de 2005, de un agente de policía de Kirkwood. No cabe duda de que se trata de un delito grave, pero le insto a considerar las circunstancias que lo precedieron: el repentino fallecimiento del hermano menor de Kevin Johnson el mismo día de los disparos, así como la traumática infancia de Kevin y su discapacidad psicosocial (intelectual).

 

Kevin Johnson tiene un historial de alucinaciones auditivas y depresión severa que comenzó a los seis años de edad. Tenía ideación suicida y trató de suicidarse en los primeros años de su adolescencia. Los abogados defensores no presentaron ningún testimonio de expertos en salud mental sobre el estado mental de Kevin Johnson en el momento de los disparos. Dado que el jurado (en desacuerdo) de su primer juicio a principios de 2007 se quedó a sólo dos votos de declararlo culpable de asesinato en segundo grado, el hecho de que al jurado del segundo juicio se le negara ese testimonio experto resulta especialmente inquietante. De hecho, en 2016, un neuropsicólogo concluyó que la combinación de trastornos psicológicos y un funcionamiento deficiente del lóbulo frontal significaba que “la brújula moral [de Kevin Johnson] estaba en la práctica desactivada” cuando disparó al policía tras la muerte de su hermano menor, y que esa información “podría haberse planteado como circunstancia atenuante respecto a su culpabilidad moral en el momento del delito”.

 

Según la Constitución estadounidense, la pena capital "debe limitarse a los delincuentes [...] cuya extrema culpabilidad los convierte en los más merecedores de ejecución” (Roper v. Simmons, 2005) Le pido que considere de qué manera cumple esta norma la ejecución de una persona que tenía sólo 19 años en el momento del delito y había vivido una infancia de terribles privaciones, abandono y abusos físicos y sexuales, y que además sufría discapacidad intelectual que podría haber afectado a su capacidad de reflexionar en el momento de los disparos.

 

Le pido que detenga esta ejecución y conmute la condena de muerte de Kevin Johnson.

 

Atentamente,

[NOMBRE]

 Información complementaria

 

El 5 de julio de 2005, una patrulla policial detectó el automóvil de Kevin Johnson ante su domicilio familiar en Meacham Park, junto a Kirkwood, cerca de San Luis. El joven de 19 años estaba en libertad condicional por un delito menor, y se había dictado contra él una orden de detención por violar dicha libertad. Mientras los agentes registraban el auto, la abuela de Kevin Johnson salió corriendo de su casa pidiendo ayuda, porque uno de sus otros nietos, de 12 años y hermano de Kevin, acababa de desplomarse inconsciente. Kevin Johnson, que en esos momentos estaba en la puerta de al lado, vio a un policía que sacaba a su madre de la casa y le impedía volver a entrar para estar junto a su hijo. El niño de 12 años fue llevado a toda prisa al hospital, donde murió de un problema cardiaco.

Esa misma tarde, Kevin Johnson se encontró con uno de los policías que habían estado en la casa. Kevin Johnson, que más tarde testificaría que se “volvió loco” y describiría su estado mental como un “trance”, acusó al agente de matar a su hermano, y le disparó múltiples veces para luego marcharse caminando. El policía sobrevivió a ese ataque, pero su auto rodó calle abajo, chocó contra un árbol y se detuvo. El agente salió del auto, y entonces Kevin Johnson le disparó de nuevo. Del total de siete heridas de bala, una era mortal.

El fiscal acusó a Kevin Johnson de asesinato en primer grado. Según la ley de Misuri, una persona comete asesinato en primer grado “si, deliberadamente, causa la muerte de otra persona tras reflexionar sobre el asunto”. La reflexión se define como una “meditación tranquila durante un cierto periodo de tiempo, sin importar su brevedad”. El primer juicio de Kevin Johnson en San Luis a principios de 2007 terminó con un jurado en desacuerdo que, por 10 votos contra 2, votó a favor de asesinato en segundo grado. A finales de 2007 dio comienzo un nuevo juicio. Esta vez, en su búsqueda de una declaración de culpabilidad por asesinato en primer grado, el fiscal subrayó reiteradamente que Kevin Johnson había reflexionado con una “meditación tranquila” antes de matar al agente porque tomó la “decisión consciente” de hacerlo. Aunque en virtud de la ley estatal el asesinato en segundo grado es un homicidio deliberado e intencional —del que el jurado de 2007 había estado a punto de declarar culpable a Kevin Johnson—, la defensa no puso objeciones a la táctica de la fiscalía. La defensa tampoco obtuvo la opinión de ningún experto en salud mental sobre el estado mental de Kevin Johnson en el momento de los disparos, y sobre si ese estado habría afectado a su capacidad de reflexionar.

Durante su infancia y adolescencia, Kevin Johnson soportó una vida de pobreza severa, privación, abusos sexuales y físicos y abandono. Kevin tenía un historial de depresión severa y sufría alucinaciones auditivas e ideación suicida. Cuando tenía 13 o 14 años trató de quitarse la vida. En 2016, un examen neuropsicológico que incluyó el estudio de voluminosos materiales de información adicional concluyó que Kevin Johnson había “nacido en un entorno de violencia, abuso y abandono, con una predisposición genética a la enfermedad mental”. Este examen concluyó también que, desde una corta edad, Kevin había “desarrollado una serie de trastornos mentales, incluidos trastorno depresivo mayor, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y psicosis, todos los cuales habrían requerido tratamiento con medicamentos psicotrópicos”. El neuropsicólogo sugirió además que esa información podría haber sido pertinente para quienes tomaban decisiones en el juicio, por ejemplo “como circunstancia atenuante respecto a su culpabilidad moral en el momento del delito”. El derecho internacional prohíbe el uso de la pena de muerte contra personas con discapacidad psicosocial (intelectual).A este respecto, el Comité de Derechos Humanos ha declarado que los Estados “deben abstenerse de imponer la pena de muerte a quienes [...] tengan una culpabilidad moral limitada”.

En 2005, la Corte Suprema de Estados Unidos, de acuerdo con el derecho internacional, prohibió la pena de muerte para personas que fueran menores de 18 años en el momento del delito, alegando que su culpabilidad moral estaba reducida. La Corte reconoció la inmadurez, la impulsividad, la falta de criterio y la susceptibilidad de la gente joven a “influencias negativas y presiones externas, incluidas las de sus compañeros”, así como su potencial de reforma. La Corte apuntó que las “cualidades que distinguen a los menores de los adultos no desaparecen cuando la persona cumple los 18 años”. En 2018, al adoptar una resolución que pedía a todas las jurisdicciones que aplican la pena de muerte en Estados Unidos que “no ejecuten o condenen a muerte a ninguna persona que tuviera 21 años o menos en el momento del delito”, el Colegio Estadounidense de Abogados señaló “un creciente consenso científico respecto a que hay áreas clave del cerebro correspondientes a la toma de decisiones y a la capacidad de juicio que siguen desarrollándose hasta al menos los primeros años de la veintena”, lo cual forma parte de la “evolución del consenso moral de que las personas en el final de la adolescencia comparten con los adolescentes más jóvenes una menor culpabilidad moral”.

Kevin Johnson es negro. La víctima del asesinato era blanca. Un estudio realizado recientemente por expertos sobre 408 delitos posiblemente punibles con la pena capital cometidos en San Luis entre 1977 y 2018 (con fechas de condena entre 1991 y 2020), tras controlar los factores agravantes y atenuantes, concluyó que los casos con víctimas blancas tenían 3,5 veces más de probabilidades de dar lugar a una pena de muerte que los casos con víctimas negras. También concluyó que los efectos de la raza de la víctima eran “especialmente pronunciados en dos momentos decisorios atribuibles exclusivamente a la fiscalía: la decisión de juzgar el caso como asesinato en primer grado y la decisión de anunciar la intención de pedir la pena de muerte”. Respecto a los casos que implican el asesinato de policías, la fiscalía del condado de San Luis se encargó de cinco en los 27 años que estuvo en su puesto el fiscal que supervisó el juicio de Kevin Johnson. Cuatro de esos casos tenían acusados negros, contra los cuales la fiscalía pidió la pena de muerte. No la pidió en el caso de un acusado blanco.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, incondicionalmente. En Estados Unidos se han llevado a cabo 12 ejecuciones en 2022, y 1.552 desde que la Corte Suprema confirmó los nuevos estatutos de pena de muerte en 1976. Misuri ha sido responsable de 92 de esas ejecuciones y, de ellas, el 80% eran por delitos con víctimas blancas.