Israel y los Territorios Palestinos ocupados: En peligro de desplazamiento forzado 1.150 personas

Jamila y Muhammad Abu Sabha y sus seis hijos son una de las alrededor de 180 familias palestinas que viven en Masafer Yatta, en el sur de Cisjordania, en los Territorios Palestinos Ocupados, que están en peligro de sufrir desplazamiento forzado. Aproximadamente 1.150 personas palestinas, la mitad de ellas niños y niñas, viven actualmente en nueve pueblos cuya demolición total está prevista. Tras 23 años de procedimientos legales, el Tribunal Supremo israelí resolvió el 4 de mayo de 2022 que se podía proceder al desalojo de los habitantes de Masafer Yatta. La actividad militar en la zona ha aumentado desde el fallo del tribunal en mayo de 2022, lo que hace temer que las demoliciones sean inminentes. La ejecución por parte de Israel de esta expulsión en gran escala constituiría un acto de traslado forzoso, que es un crimen de guerra y un crimen lesa humanidad.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Responsable de la Administración Civil en Judea y Samaria

Brigadier General Fares Atila

Head of the Civil Administration in Judea and Samaria

Office for the Coordination of Government Activities in the Territories

Beit El Military Base

Beit El 9063100, Israel

Fax: +972-(0)2-6599133

Correo-e: [email protected]

Brigadier General Fares Atila:

Me preocupa el desplazamiento forzado de Jamila y Muhammad Abu Sabha, de su familia y de otras personas palestinas que viven en el sur de Cisjordania, en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). En la zona conocida como Masafer Yatta hay nueve pueblos en peligro de demolición inminente y sus 1.150 residentes se enfrentan a desplazamiento forzado.

El ejército israelí dijo que necesitaba llevar a cabo adiestramiento en el área, de modo que la declaró “zona de tiro”. Los lugareños recurrieron contra este plan porque llevan generaciones viviendo en Masafer Yatta y necesitan el espacio para su actividad ganadera. No obstante, ya han agotado todas las vías de recurso legal puesto que, el 2 de octubre, el Tribunal Supremo rechazó su solicitud de una nueva vista. La demolición de viviendas, escuelas y carreteras constituye una violación del derecho de los habitantes de Masafer Yatta a un nivel de vida adecuado, incluida la vivienda, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

Al mismo tiempo, en la región de Masafer Yatta se están expandiendo varios asentamientos y puestos de avanzada israelís: Mitzpe Yair al sur, Susya oriental al oeste, y Avigayil, Havat Maon y Maon al norte. El asentamiento de civiles de un Estado ocupante en un territorio ocupado y el traslado forzoso de personas protegidas son violaciones graves del derecho internacional humanitario y constituyen crímenes de guerra. Estos traslados forzosos se llevan a cabo para mantener el sistema de opresión y dominación de Israel contra la población palestina y, por lo tanto, también constituyen un crimen de lesa humanidad de apartheid.

Le insto a detener inmediatamente todos los planes de demolición de viviendas palestinas y desalojo de residentes de Masafer Yatta, a poner fin a la actividad relativa a los asentamientos israelís y a detener los traslados forzosos de la población palestina en la Cisjordania ocupada en general. Asimismo, Israel debe poner fin a las demás violaciones de derechos humanos perpetradas en los TPO contra la población palestina, como las restricciones arbitrarias de la libertad de circulación y residencia de las personas palestinas en sus comunidades, y de su derecho a acceder a medios de sustento, servicios de atención a la salud y educación.

Atentamente,

Información complementaria

Masafer Yatta está integrado por 19 pueblos y aldeas, de los que 9 corren riesgo inminente de demolición. Las autoridades israelíes han ordenado demoler casi todas la viviendas, así como los refugios para animales, las cisternas, las escuelas de educación primaria y secundaria y las infraestructuras comunitarias de los pueblos de Masafer Yatta —al-Fakhit, al-Majaz, al-Markaz, Halawa, Jinba, Khallet al-Dab‘a, Isfay al-Fawqa, Isfay al-Tahta y al-Tabban—, alegando que se construyeron sin los permisos oficiales en un lugar designado zona militar. Dichos permisos son casi imposibles de obtener para la población palestina en el contexto de un régimen de tierras y viviendas sistemáticamente discriminatorio.

Desde que el Tribunal Supremo falló el 4 de mayo de 2022 que las demoliciones podían proseguir, las excavadoras de la administración civil del ejército israelí han demolido la vivienda de Jamila Abu Sabha dos veces, el 11 de mayo y el 1 de junio de 2022.  En septiembre de 2022, el ejército realizó maniobras con tanques cerca de la escuela de los hijos de Jamila, Que contó a Amnistía Internacional que sus hijos más pequeños, de dos, tres y cuatro años, están aterrados desde las demoliciones. Jamila Abu Sabha, quesera y ama de casa, tuvo que reorganizar el trabajo y la labor de cuidados que realizaba en su casa para que cupiera en una jaima. Las fotografías de su vivienda antes de las demoliciones muestran una casa pequeña de bloques de cemento con macetas de hierbas aromáticas. Para alojar a su familia en caso de que su jaima sea demolida, como lo fue antes su casa, Muhammad Abu Sabha, propietario y cuidador de 200 ovejas, ha acondicionado y amueblado una cueva que anteriormente se usaba para almacenar material de pastoreo. Su hija de 14 años, Fatima, que estudia en la escuela de secundaria de al-Fakhit, mostró la cueva a un equipo de investigación de Amnistía Internacional y comentó: “No quiero vivir aquí.”

La mañana del 23 de noviembre de 2022, que era día de clase, las excavadoras de la administración civil demolieron la escuela de primaria de Isfay al-Fawqa. En junio de 2021, el ejército israelí había destruido los pocos caminos pavimentados y tuberías de agua que conectaban los pueblos. Las tuberías se han reparado posteriormente, pero siguen en riesgo. Las personas residentes con las que habló Amnistía Internacional el 14 de octubre de 2022 dijeron que los nuevos e impredecibles controles de seguridad militares impidieron a los profesores llegar a las cinco escuelas (ahora cuatro) en junio y septiembre de 2022. El 15 de julio, un control de seguridad repentino cerca de Halawa impidió durante 10 horas a Muhammad Ali Abu Aram, de 62 años, obtener tratamiento médico contra la formación de coágulos de sangre, según sus sobrinos. Reiteradamente, el ejército israelí confiscó los vehículos que las personas residentes y los profesores utilizan para ir al trabajo, alegando que entraban en una zona cerrada. En mayo de 2022 se confiscaron cuatro vehículos pertenecientes a profesores de la escuela de primaria de Jinba y la escuela de secundaria de al-Fakhit. El autobús escolar de Jinba, que presta servicio a niños y niñas de 50 familias, fue confiscado al comienzo del año escolar, el 31 de agosto de 2022. El sábado 8 de octubre, los lugareños de Khallet al-Dab‘a organizaron un festival con actuaciones de los niños y niñas, música y puestos de comida. Las personas residentes contaron a Amnistía Internacional que habían decorado el pueblo, y ensayado actividades; sin embargo, sólo pudo asistir una docena de visitantes debido a que los controles de seguridad israelís habían impedido el acceso.

Las localidades de Masafer Yatta están en las colinas del sur de Hebrón, en la Zona C de la Cisjordania ocupada. Esta zona representa el 60% de Cisjordania y las autoridades israelíes conservan el control exclusivo del urbanismo y la zonificación. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, entre 2018 y 2022, 4.323 personas palestinas residentes en Cisjordania fueron desalojadas por la fuerza y alrededor de 3.500 edificios fueron demolidos debido a la zonificación discriminatoria y a los planes urbanísticos en la Zona C. Otras más de 5.000 personas palestinas corren peligro inminente de desalojo forzoso, en particular en Masafer Yatta y en las comunidades que se dedican al pastoreo en el valle del Jordán, como Humsa y Hadidiya. Al mismo tiempo, las autoridades israelís han proporcionado subvenciones, incentivos fiscales y servicios a precios económicos para animar a la población israelí judía a vivir en 279 asentamientos ilegales en aproximadamente el 40% de Cisjordania (obviando Jerusalén Oriental), donde residen más de 465.400 colonos israelíes, según estadísticas de la organización israelí Peace Now. Entre 2018 y 2022, el gobierno de Israel aprobó planes para construir 10.294 viviendas en los asentamientos israelís de la Zona C. Durante ese mismo periodo y en esa mismo zona, el gobierno israelí sólo aprobó la concesión de permisos de construcción para 27 viviendas palestinas, según Peace Now.

Israel designa arbitrariamente grandes áreas de tierras palestinas como zonas militares, tierras estatales, yacimientos arqueológicos o parques nacionales para aumentar al máximo su control sobre las tierras palestinas tanto en Israel como en los TPO. Una investigación reciente sobre documentos clasificados desde 1979 ha revelado que la creación por Israel de “zonas de tiro” en los TPO, que abarcan aproximadamente el 20% de la Cisjordania ocupada, tenía “el único propósito de entregar en última instancia la tierra a colonos israelíes”. Estas y otras políticas que violan el derecho internacional son elementos fundamentales del régimen institucionalizado israelí de opresión y dominación sistemáticas de la población palestina.