Unión Europea: Nuevas normas para productores de baterías eléctricas endurecen las garantías, pero no protegen lo suficiente a las víctimas

Ante la aprobación de una nueva ley de la Unión Europea (UE) que exige a las empresas que venden baterías para coches eléctricos y otros aparatos electrónicos en la UE que cumplan unas normas nuevas concebidas para prevenir abusos contra los derechos humanos y daños al medioambiente en sus cadenas de producción, Mark Dummett, director de Empresas y Derechos Humanos en Amnistía Internacional, ha declarado:

“Esta nueva ley transmite una señal contundente de que la transición a unas tecnologías renovables debe producirse sin los abusos contra los derechos humanos y el medioambiente que con tanta frecuencia acompañan la extracción y suministro de minerales esenciales para la fabricación de baterías, incluidas las que alimentan los coches eléctricos.”

“Pero, a pesar de que esta nueva ley de la UE establece una referencia para que las empresas aborden cuestiones como la contaminación del agua, los desalojos forzosos y el trabajo infantil, las normas no se aplican a las materias primas que podrían encontrarse en las baterías y tampoco protegen por completo a las víctimas ni garantizan la responsabilidad civil por operaciones empresariales irresponsables.

“La transición energética es crucial para abordar el cambio climático, pero, a medida que aumenta el número de personas que conducen vehículos eléctricos, se producirá un incremento masivo de la extracción de metales como el cobalto, el níquel y el litio, que están ligados a un amplio abanico de abusos contra los derechos humanos, como el uso de niños y niñas de sólo siete años para cavar en busca del mineral en condiciones peligrosas.

“La nueva legislación de la UE no refuerza el acceso a un recurso efectivo de las víctimas que han sufrido abusos flagrantes debido a la negligencia de las empresas que trabajan en la cadena de producción de la transición energética. Es absolutamente crucial que las personas perjudicadas, que a menudo tienen dificultades para ser escuchadas o recibir una indemnización por el maltrato sufrido, tengan un acceso equitativo a los tribunales europeos.”

Información complementaria

La nueva legislación de la UE, aprobada el 9 de diciembre, obliga a los productores de baterías que deseen comercializar sus productos en el mercado de la UE a identificar y abordar una serie de riesgos para las personas y el medioambiente.

Las normas establecen también unos requisitos mínimos para el reciclado de las materias primas que contienen las baterías actuales. A partir de 2027, los fabricantes de baterías tendrían que recuperar el 90% del níquel y del cobalto empleado, porcentaje que subirá al 95% en 2031. También tendrán que recuperar el 50% del litio usado en 2027, porcentaje que será del 80% en 2031. Asimismo, exigen la revelación del carbono en toda la cadena de valor de las baterías.

En 2030, es probable que, para atender la demanda prevista, el mundo necesite al menos el doble de níquel, ocho veces el manganeso y diez veces el cobalto y el litio que se producen actualmente.

Sin embargo, la investigación de Amnistía Internacional ha demostrado que la extracción de estas materias primas representa a menudo una amenaza para los derechos humanos.