“La negativa de las autoridades iraníes a reconocer, mucho menos garantizar, la rendición de cuentas por las masacres penitenciarias de 1988 —el peor caso de homicidios masivos secretos cometidos desde el establecimiento de la República Islámica de Irán— perpetúa ciclos de crímenes de derecho internacional y encubrimiento ideados para acabar con cualquier forma de oposición política”, ha declarado Amnistía Internacional cuando la República Islámica celebra su 44 aniversario.
En una extensa declaración pública, Involvement of Iran’s former diplomats in the cover-up of 1988 prison massacres, Amnistía Internacional recuerda a las víctimas de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales masivas de la década de 1980, y detalla el papel fundamental desempeñado por las representaciones diplomáticas de la República Islámica de Irán al negar las masacres, difundir información errónea y oponerse a una investigación internacional frente a un número cada vez mayor de pruebas creíbles.
Más de cuatro décadas después, las autoridades iraníes emplean estrategias similares para encubrir y debilitar las respuestas internacionales a crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de los derechos humanos mientras tratan de aplastar las protestas que se desarrollan en todo el país desencadenadas por la muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini en septiembre de 2022 tras haber sufrido, según informaciones verosímiles, tortura y otros malos tratos.
“Las autoridades de la República Islámica de Irán mantienen desde hace décadas un control férreo del poder cometiendo horror tras horror con absoluta impunidad. Siguen ocultando sistemáticamente la suerte y el paradero de miles de disidentes políticos a quienes ejecutaron extrajudicialmente en la década de 1980 y arrojaron a fosas sin señalizar. Ocultan o destruyen fosas comunes, y hostigan e intimidan a sobrevivientes y familiares que buscan verdad, justicia y reparación”, afirmó Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Estos crímenes no son reliquias del pasado. El aniversario llega en medio de un terrible baño de sangre en torno a las protestas más recientes, así como de ejecuciones arbitrarias y condenas a muerte de quienes se manifiestan. Esto pone de manifiesto la necesidad de una acción global urgente de países de todo el mundo para hacer que los funcionarios iraníes implicados en crímenes de derecho internacional respondan ante la justicia en juicios justos.”
Amnistía Internacional lleva tiempo pidiendo a la comunidad internacional que actúe para poner fin a la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado y que se siguen cometiendo derivados de las masacres penitenciarias de 1988. En 2021, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias se unió al llamamiento en favor de una investigación internacional.
Encubrimiento de las masacres penitenciarias de 1988
Entre 1988 y 1990, diplomáticos iraníes en todo el mundo y funcionarios gubernamentales en Irán hicieron comentarios similares, y a veces idénticos, negando las denuncias de ejecuciones masivas en 1988 como “propaganda de grupos de oposición” y declarando que los homicidios se habían producido en el contexto de la incursión armada de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, grupo de la oposición radicado entonces en Irak.
Amnistía Internacional ha reunido testimonios que apuntan a la implicación en este encubrimiento de varios exrepresentantes diplomáticos y funcionarios del gobierno en Irán, incluidas las siguientes personas (entre paréntesis el cargo que ocupaban): Mohammad Jafar Mahallati (representante permanente de Irán ante la ONU en Nueva York), Sirous Nasseri (representante permanente de Irán ante la ONU en Ginebra, Mohammad Ali Mousavi (encargado de negocios de Irán en Ottawa, Canadá), Mohammad Mehdi Akhoundzadeh Basti (encargado de negocios de Irán en Londres), Raeisinia (se desconoce el nombre de pila) (primer secretario de la Embajada de Irán en Tokio, Japón), Abdollah Nouri (ministro del Interior), Ali Akbar Velayati (ministro de Relaciones Exteriores), Mohammad Hossein Lavasani y Manouchehr Mottaki (viceministros de Relaciones Exteriores).
Estos crímenes no son reliquias del pasado. El aniversario llega en medio de un terrible baño de sangre en torno a las protestas más recientes, así como de ejecuciones arbitrarias y condenas a muerte de quienes se manifiestan.
Diana Eltahawy, Amnistía Internacional
Como entonces representante permanente de Irán ante la ONU en Nueva York, Mohammad Jafar Mahallati desempeñó un papel especialmente activo en el intento de menoscabar informes creíbles del representante especial de la ONU sobre los derechos humanos en Irán en aquel momento y de Amnistía Internacional, y de debilitar la respuesta de la ONU. En noviembre de 1988 negó los informes de ejecuciones masivas en una reunión con el representante especial de la ONU y dijo falsamente que “muchas muertes se habían producido en realidad en el campo de batalla”.
En diciembre de 1988 calificó de “injusta” una resolución de la ONU que expresaba preocupación por las ejecuciones de julio-septiembre de 1988 y afirmó que la fuente principal de “información falsa” era “una organización terrorista radicada en Irak”. Según algunos medios de comunicación, en las semanas previas a la adopción de la resolución, Mohammed Jafar Mahallati intentó que fuera “descartada” o “diluida”, y condicionó la cooperación de Irán con la ONU a la retirada de referencias críticas a las violaciones sistemáticas de derechos humanos de este país, incluidas las ejecuciones masivas, y presionó para que se adoptara “un texto más suave que se limitara a acoger con satisfacción la decisión de Teherán de cooperar con la Comisión de Derechos Humanos [de la ONU]”.
El 28 de febrero de 1989, Mohammad Jafar Mahallati envió también una carta a Amnistía Internacional en la que de nuevo “negó la existencia de ejecuciones políticas” y calificó a las víctimas de “personas que, como ellas mismas admitieron, en una ofensiva contra Irán, habían matado a 40.000 iraníes”.
Encubrimiento de los homicidios de manifestantes de 2022
Las actuales autoridades de Irán recurren a tácticas similares para desacreditar a una nueva generación de manifestantes y disidentes, a quienes califican de “alborotadores”, negar la implicación en cientos de homicidios ilegítimos y resistirse a los llamamientos en favor de investigaciones internacionales y rendición de cuentas.
Antes del periodo especial de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado en noviembre de 2022 sobre la represión letal de las protestas por Irán, los funcionarios iraníes en Ginebra distribuyeron extensos documentos en los que culpaban de los homicidios de manifestantes a “terroristas contratados”, “suicidios” o “accidentes” o se cuestionaba la muerte de algunas víctimas.
En noviembre de 2022, Amir Saeed Iravani, actual representante permanente de Irán ante la ONU en Nueva York, pidió a los Estados que se abstuvieran de respaldar una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la represión letal de las protestas por Irán, que calificó de “campaña maliciosa de desinformación”. Haciendo caso omiso de la enorme cantidad de pruebas acumuladas sobre el homicidio ilegítimo de cientos de manifestantes y transeúntes, menores incluidos, a manos de las fuerzas de seguridad iraníes, declaró que “la Constitución de la República Islámica de Irán reconoce y garantiza el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y el gobierno siempre ha apoyado el disfrute por nuestro pueblo de este derecho.”
“Hace decenios que el gobierno de Irán y sus representantes diplomáticos en todo el mundo orquestan campañas de negación y desinformación para confundir a la comunidad internacional y robar a las personas afectadas y a la sociedad en general el derecho a la verdad. Ya es hora de que los diplomáticos iraníes revelen la naturaleza y la fuente de las instrucciones que recibieron de Teherán y dejen de contribuir al secreto que rodea las masacres penitenciarias de 1988, que sólo ha servido para afianzar la impunidad y agravar el sufrimiento de sobrevivientes y familiares”, concluyó Diana Eltahawy.