Indonesia: Defensores de los derechos ambientales deben quedar en libertad

El pasado 24 de marzo, el activista ambiental Heri Budiawan, conocido como Budi Pego, fue encarcelado por segunda vez en Banyuwangi (provincia de Java Oriental, Indonesia) por “delitos contra la seguridad del Estado”, después de que el Tribunal Supremo desestimara su recurso y decidiera aumentar su pena, haciéndola pasar de 10 meses a cuatro años de cárcel. La suya ha sido la primera sentencia condenatoria dictada en aplicación del artículo que prohíbe la ideología comunista desde la caída de Suharto en 1998. Budi Pego está siendo atacado por su trabajo como defensor de los derechos humanos y debe ser puesto en libertad de manera inmediata e incondicional.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

 

Presidente de la República de Indonesia

Ir. H. Joko Widodo

President of the Republic of Indonesia

State Secretariat

Jl. Jl. Veteran No. 17-18

DKI Jakarta, Indonesia (10110)

Correo-e: [email protected]

Twitter: @jokowi

 

Señor Presidente Widodo:

 

Me preocupa profundamente el encarcelamiento del defensor de los derechos humanos Heri Budiawan, conocido como Budi Pego, que, en 2018, fue declarado culpable de “delitos contra la seguridad del Estado” tras haber participado, en abril de 2017, en una protesta pacífica contra la explotación de minas de oro en el monte Salakan (Banyuwangi, Java Oriental). La suya ha sido la primera sentencia condenatoria dictada en aplicación de la disposición que criminaliza la propagación de la ideología comunista desde la caída de Suharto en 1998. En la actualidad, se encuentra encarcelado por segunda vez en Banyuwangi, tras haber desestimado el Tribunal Supremo su recurso de casación e incrementado su pena a cuatro años de reclusión, periodo muy superior a los 10 meses que había establecido inicialmente el tribunal inferior. Su sentencia condenatoria sienta un nuevo precedente, y se cree que guarda relación con su trabajo como defensor de los derechos ambientales. En estos momentos, Budi Pego está tratando de conseguir un indulto del presidente para salir de la cárcel.

 

En enero de 2018, fue condenado a 10 meses de prisión por el Tribunal de Distrito de Banyuwangi por “haber promovido abiertamente una ideología favorable al comunismo exhibiendo el símbolo de la hoz y el martillo en una pancarta durante una manifestación en 2017”, a pesar de que, durante el juicio, no se presentaron pruebas fiables. Tras haber cumplido condena, Budi Pego quedó en libertad en julio de 2018, pero ahora corre el peligro de volver a la cárcel tras haber desestimado el Tribunal Supremo su recurso de casación en octubre de 2018. Sin embargo, parece que, sin mediar razón alguna, su causa fue aplazada durante casi cinco años hasta que las autoridades decidieron detenerlo y recluirlo den marzo de 2023.

 

La causa de Budi Pego ha sido la primera en la que se ha utilizado el artículo que condena el comunismo para limitar la protesta pacífica en Indonesia, tras la caída de Suharto en 1998. Me preocupa que esto pueda sentar un peligroso precedente para casos similares en el futuro. Es más, su causa pone en evidencia los constantes ataques de los que son víctimas en Indonesia los defensores y defensoras de los derechos humanos, sólo por el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, garantizados en virtud del derecho internacional y de la legislación indonesia.

 

Budi Pego no debería haber sido declarado culpable en ningún momento. Por tanto, los insto a concederle de inmediato el indulto. También los insto tanto a usted como a otras autoridades indonesias a garantizar que todos los defensores y defensoras de los derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades pacíficas sin temor a sufrir hostigamiento, intimidación, persecución, detención arbitraria o encarcelamiento, de conformidad con lo establecido en la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos.

Atentamente, 

[NOMBRE]

 

Información complementaria

El 4 de abril de 2017, residentes de Sumberagung (Banyuwang, provincia de Java Oriental, Indonesia) se manifestaron pacíficamente en protesta por la apertura de una nueva mina de oro en el monte Salakan. Los residentes consideran que las actividades mineras de la zona han provocado daños ecológicos y ponen en peligro la seguridad de los pueblos de los alrededores. Budi Pego se sumó a esos residentes en la elaboración de carteles de protesta, que posteriormente se colocaron en el trayecto que va desde la playa Isla Roja hasta la oficina de distrito de Pesanggaran. Esa misma tarde, dos hombres que dijeron pertenecer al ejército le comunicaron que se les había informado de que una de las pancartas utilizadas en la protesta incluía una hoz y un martillo, símbolos del comunismo. Budi Pego afirmó desconocer quién había pintado ese emblema en la pancarta.

El 4 de septiembre de 2017, la fiscalía de Banyuwangi ordenó su detención por presunta exhibición de un distintivo comunista con el fin de “difundir la ideología comunista”. Budi Pego fue la única persona detenida, y el 23 de enero de 2018 fue condenado a diez meses de cárcel por el Tribunal de Distrito de Banyuwangi por violar el artículo 107a (“Delitos contra la Seguridad del Estado”) del Código Penal de Indonesia. Había sido declarado culpable de tres cargos fundamentales: difundir la ideología comunista, no notificar a la policía local la celebración de un acto de protesta (con arreglo a la Ley Nº 9/1998) y, como líder de la protesta, promover abiertamente la ideología procomunista al exhibir el símbolo de la hoz y el martillo durante el acto. El 26 de enero de 2018, la defensa de Budi Pego y la fiscalía recurrieron la sentencia.

El Tribunal Superior de Java Oriental confirmó la sentencia del tribunal inferior, por lo cual ambas partes recurrieron ante el Tribunal Supremo. Budi Pego cumplió su condena hasta el 1 de julio de 2018, fecha en que quedó en libertad. Sin embargo, el 16 de octubre de 2018 su recurso de casación fue desestimado, y el Tribunal Supremo aumentó su condena, haciéndola pasar de 10 meses a cuatro años de prisión. En noviembre y diciembre de 2018, Budi Pego recibió sendas citaciones de la fiscalía para que cumpliera el resto de la condena. No obstante, en aquel momento no había recibido aún copia de la sentencia, requisito necesario para que la fiscalía pueda ejecutar una sentencia judicial, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal de Indonesia. Posteriormente no hubo novedades sobre su encarcelamiento, ya que las autoridades no tomaron medidas ulteriores.

El pasado 24 de marzo, casi cinco años después de su liberación, decenas de agentes de la policía y de la fiscalía acudieron al domicilio de Budi Pego y lo detuvieron, afirmando que estaban ejecutando la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2018. La detención fue liderada por la policía, y se produjo sólo tres días después de que, según informes, nueve personas no identificadas fueran al domicilio de Budi Pego, la tarde del 21 de marzo, y destruyeran un cartel de protesta contra la minería aurífera que llevaba años colgado en su casa. Menos de una semana antes, el 16 de marzo, un equipo de la empresa minera que operaba en la zona llevó a cabo trabajos de cartografía geológica en el monte Salakan, escoltado por la policía local, el ejército y el cuerpo de orden público. La fiscalía negó que la detención tuviera nada que ver con las actividades de la empresa. Budi Pego permanece detenido en la prisión de Banyuwangi.

ONG que siguen el caso creen que las denuncias se basan en acusaciones falsas contra Budi Pego y constituyen una forma criminalización cuyo objetivo es reprimir su labor como defensor de los derechos humanos que lucha por el derecho de su comunidad a un entorno limpio, saludable y sostenible. Según su representante legal, durante el juicio no se presentaron pruebas fiables que demostraran claramente su participación en ninguna actividad delictiva. Asimismo, en el juicio, la fiscalía tampoco presentó ante el tribunal ninguna prueba física de la controvertida pancarta.

Las disposiciones legales que prohíben la difusión de la ideología comunista datan de un periodo de grave represión de los derechos humanos bajo el régimen del Nuevo Orden del presidente Suharto, entre 1965 y 1998. La campaña anticomunista se saldó con la muerte de cientos de miles de personas y la violación de otros derechos humanos, incluida la libertad de expresión y de reunión pacífica.

En Indonesia, se hostiga y criminaliza cada vez más a los defensores y defensoras de los derechos humanos siempre que agentes estatales y económicos consideran que sus actividades obstaculizan programas de extracción y producción de recursos naturales. Desde enero de 2019 hasta mayo de 2022, Amnistía Internacional registró 328 casos de agresiones físicas y digitales contra 834 defensores y defensoras de los derechos humanos en Indonesia, incluidos activistas ambientales que defendían el derecho a un entorno saludable y limpio.

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ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 7 de septiembre de 2023

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Heri Budiawan alias Budi Pego (masculino)