Mohsen Deris, hermano de Abbas Deris, también fue detenido el mismo día —el 8 de diciembre de 2019— y acusado de ser cómplice del asesinato de un agente de policía en Mahshahr el 18 de noviembre de 2019. A finales de diciembre de 2019, pocas semanas después de su detención, los medios de comunicación estatales iraníes emitieron “confesiones” forzadas de Mohsen Deri en las que afirmaba haber disparado un arma contra las fuerzas de seguridad durante las protestas

El manifestante Abbas Deris se encuentra en peligro de ejecución en relación con las protestas acontecidas en noviembre de 2019 en todo Irán. El 4 de julio de 2023, su abogado declaró públicamente que el Tribunal Supremo había confirmado la sentencia condenatoria y la condena a muerte de Abbas Deris por “enemistad contra Dios” (moharebeh). A finales de octubre de 2022, un Tribunal Revolucionario de Mahshahr condenó a muerte a Abbas Deris tras un juicio manifiestamente injusto empañado por “confesiones” forzadas emitidas en la televisión estatal semanas después de su detención. La solicitud de revisión judicial de Abbas Deris sigue pendiente ante el Tribunal Supremo.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Presidente de la Magistratura

Head of the Judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei

c/o Embassy of Iran to the European Union

Avenue Franklin Roosevelt No. 15

1050 Bruxelles, Bélgica

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

El manifestante Abbas Deris, de 50 años de edad, se encuentra en peligro de ejecución en relación con las protestas acontecidas en noviembre de 2019 en todo el país y permanece recluido en la prisión de Sepidar, en Ahvaz, provincia de Juzestán. El 4 de julio de 2023, su abogado declaró públicamente que la Sección 39 del Tribunal Supremo había confirmado su sentencia condenatoria y condena a muerte por “enemistad contra Dios” (moharebeh). Según declaraciones públicas de sus abogados, las autoridades acusaron a Abbas Deris de haber participado en el homicidio de un agente de policía durante las protestas que tuvieron lugar en Mahshahr, provincia de Juzestán, el 18 de noviembre de 2019, algo que Abbas Deris y su familia han negado en repetidas ocasiones. El 15 de julio de 2023 se presentó una solicitud de revisión judicial ante el Tribunal Supremo, que sigue pendiente.

Desde que los agentes de inteligencia y seguridad detuvieron a Abbas Deris en la provincia de Juzestán el 8 de diciembre de 2019, las autoridades han violado flagrantemente sus garantías procesales. El juicio ante la Sección Primera del Tribunal Revolucionario de Mahshahr, que comprendió dos sesiones —el 10 de mayo y el 13 de septiembre de 2022— fue manifiestamente injusto. La televisión estatal iraní emitió su "confesión" forzada de haber disparado un arma contra las fuerzas de seguridad a finales de diciembre de 2019, semanas después de su detención y antes de su juicio. Con la emisión de estas “confesiones” forzadas, las autoridades violaron el derecho de Abbas Deris a la presunción de inocencia, a no autoinculparse y a permanecer en silencio. Amnistía Internacional ha documentado en repetidas ocasiones la constante de las autoridades iraníes de arrancar “confesiones” forzadas mediante torturas y otros malos tratos, así como la confianza que depositan los jueces de los Tribunales Revolucionarios en dichas “confesiones” forzadas para dictar sentencias condenatorias y condenas a muerte. El 22 de octubre de 2022, los abogados de Abbas Deris tuvieron conocimiento de que el Tribunal Revolucionario había emitido su veredicto. Abbas Deris tiene también una causa pendiente por “asesinato” el Tribunal Penal núm. 1 de la provincia de Juzestán, por las mismas acusaciones que la causa del Tribunal Revolucionario.

Abbas Deris es viudo y padre de tres hijos. A principios de julio de 2023, su madre y sus tres hijos pidieron públicamente ayuda global para evitar la ejecución de Abbas Deris.

Lo insto a que anule de inmediato la sentencia y la condena a muerte impuestas a Abbas Deris. Si es acusado de delitos comunes reconocibles, el juicio debe cumplir las normas internacionales de justicia procesal, y deberán quedar excluidas la posibilidad de recurrir a la pena de muerte y las “confesiones” obtenidas bajo coacción. Lo insto a que conceda inmediatamente a Abbas Deris acceso a su familia, a un abogado elegido de forma independiente y a atención médica adecuada. Lo insto a protegerlo de actos de tortura y otros malos tratos, a investigar cualquier denuncia de tortura y a hacer comparecer a los responsables ante la justicia para que sean juzgados con las debidas garantías. Por último, lo exhorto a conceder acceso a observadores independientes a los juicios de casos de pena capital relacionados con las protestas y a dictar de inmediato una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

Mohsen Deris, hermano de Abbas Deris, también fue detenido el mismo día —el 8 de diciembre de 2019— y acusado de ser cómplice del asesinato de un agente de policía en Mahshahr el 18 de noviembre de 2019. A finales de diciembre de 2019, pocas semanas después de su detención, los medios de comunicación estatales iraníes emitieron “confesiones” forzadas de Mohsen Deri en las que afirmaba haber disparado un arma contra las fuerzas de seguridad durante las protestas. El abogado de Mohsen Deris anunció que había sido absuelto de los cargos en su juicio por el Tribunal Revolucionario. Mohsen Deris también tiene una causa pendiente el Tribunal Penal núm.1 de la provincia de Juzestán, por las mismas acusaciones.

En un vídeo difundido en Internet a mediados de julio de 2023, los tres hijos de Abbas Deris ruegan al mundo que los ayude a pedir la anulación de la sentencia condenatoria y la condena a muerte de su padre, como parte de un alegato en el que afirman “no nos queda nadie más que nuestro padre”, en referencia a la muerte de su madre poco después de que se a Abbas Deris de le impusiera la pena de muerte.

El 15 de noviembre de 2019, tras el repentino anuncio gubernamental de una brusca subida del precio de los combustibles, decenas de miles de personas salieron a la calle a protestar en todo Irán. El objeto de las protestas se extendió rápidamente hasta incluir quejas más amplias contra el estamento político y generar exigencias de transformación del sistema político del país, incluidas reformas constitucionales y el fin del sistema de república islámica. Las fuerzas de seguridad iraníes hicieron uso ilegítimo de la fuerza —incluidos munición real, perdigones metálicos, gas lacrimógeno y cañones de agua— contra manifestantes y transeúntes. Amnistía Internacional ha documentado los pormenores de centenares de homicidios ilegítimos de manifestantes y transeúntes —entre ellos, al menos 23 niños y niñas— a manos de las fuerzas de seguridad durante la represión de las protestas multitudinarias entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019, incluido en Mahshahr, provincia de Juzestán. Las autoridades siguen ocultando el número real de homicidios ilegítimos causados por las fuerzas de seguridad durante las protestas nacionales de noviembre de 2019, y niegan y tergiversan la verdad sobre las circunstancias que rodearon los homicidios. Durante las protestas, las autoridades aplicaron un bloqueo casi total de Internet, que impidió que la población de Irán pudiera compartir con el resto del mundo imágenes y vídeos de la represión letal.

Toda persona detenida por cargos penales debe ser tratada de manera que se cumplan plenamente las obligaciones contraídas por el Estado en materia de derecho humanos, incluido el derecho a un juicio justo. Este derecho incluye los derechos de la persona a elegir representación letrada, a recibir asistencia jurídica efectiva desde el momento de su detención, durante el juicio y en las actuaciones preliminares, a comparecer con prontitud ante un juez, a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal independiente e imparcial, a ser considerada inocente, a guardar silencio y no ser obligada a inculparse o declararse culpable, a tener acceso pleno a las pruebas pertinentes, a no permanecer detenida por cargos imprecisos, a interrogar y contrainterrogar a testigos, a ser sometida a una vista justa y pública ante un tribunal competente que sea independiente e imparcial y a recibir una sentencia pública y fundamentada. Amnistía Internacional ha documentado una constante de violaciones sistemáticas del derecho a un juicio justo en Irán, que empieza en el momento de la detención y se prolonga durante la investigación, el juicio y el procedimiento de apelación. Los tribunales habitualmente hacen caso omiso de las denuncias de tortura y otros malos tratos, sin ordenar una investigación, y se basan en “confesiones” empañadas por tortura para dictar sentencias condenatorias e imponer condenas, incluso en causas punibles con la pena de muerte. Dado el carácter irreversible de la pena de muerte, los procedimientos en los que pueda imponerse deben cumplir escrupulosamente todas las normas internacionales pertinentes que protegen el derecho a un juicio justo. Según el derecho internacional, la imposición de pena de muerte tras un juicio sin garantías constituye una privación arbitraria del derecho a la vida.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a todos los Estados que mantienen la pena de muerte, incluido Irán, que declaren una suspensión oficial de las ejecuciones con miras a su abolición total.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: persa o inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 7 de noviembre de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Abbas Deris (masculino)

Fotografía: Pixabay