Es inaceptable que el gobierno indio no haya abordado las necesidades humanitarias ni implementado una política integral de rehabilitación para las comunidades desplazadas que siguen en campamentos de socorro dos años después del comienzo de la violencia étnica en Manipur

“El gobierno de India debe priorizar la ayuda humanitaria e implementar inmediatamente un plan claro, inclusivo y con plazos determinados para la seguridad y el retorno voluntario de las comunidades desplazadas por la violencia étnica en Manipur”, ha declarado Amnistía Internacional con motivo del segundo aniversario del estallido de violencia.

Desde que estalló la violencia el 3 de mayo de 2023 entre la comunidad meitei y la comunidad kuki y otras comunidades tribales de las montañas, más de 50.000 personas internamente desplazadas de ambas comunidades siguen viviendo en campamentos de socorro de todo el estado en condiciones inhumanas con acceso limitado a atención médica, saneamiento y a una nutrición adecuada.

“Es inaceptable que el gobierno indio no haya abordado las necesidades humanitarias ni implementado una política integral de rehabilitación para las comunidades desplazadas que siguen en campamentos de socorro dos años después del comienzo de la violencia étnica en Manipur. Esta inacción ha dejado a decenas de miles de personas en un limbo, obligadas a soportar una vida en condiciones inhumanas sin un final a la vista”, declaró Aakar Patel, presidente de la junta directiva de Amnistía Internacional India.

“Pese al devastador impacto de la violencia, que ha provocado la pérdida de 260 vidas, no ha habido ningún progreso significativo de la justicia y la rendición de cuentas. La política de rehabilitación debe también priorizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos y abusos cometidos desde mayo de 2023”.

Según los datos oficiales más recientes, más de 58.000 personas viven en 281 campamentos de socorro en el estado. Muchas más han huido a otros estados, como Mizoram y Meghalaya. Pese a la imposición del control directo del gobierno central en Manipur en febrero de 2025, que suspendió al gobierno del estado y amplió el control del gobierno central, las condiciones no han mejorado.

El temor y la inseguridad impiden el retorno

Partes interesadas clave de Manipur comunicaron a Amnistía Internacional que, aunque muchas personas internamente desplazadas están desesperadas por volver a casa debido a las terribles condiciones de vida, persisten el temor y la inseguridad. La destrucción de numerosos hogares, mientras otros siguen ocupados por grupos paramilitares, imposibilita el retorno sin la debida intervención del estado y unas garantías de seguridad.

Babloo Loitongbam, defensor de los derechos humanos y abogado de Imphal, ha declarado: “Miles de personas siguen sin poder volver a casa; no por decisión propia, sino debido a que sigue habiendo temor e inseguridad. Mientras persistan las demoras, la frustración y el resentimiento seguirán aumentando entre las personas afectadas, lo que podría crear una situación mucho más inestable y peligrosa”.

Una persona que trabaja para la comunidad dijo a Amnistía Internacional: “Si regresaran a su casa, ¿cómo podrían dormir tranquilamente en una casa con el tejados y las paredes acribillados a balazos? Necesitan seguridad y protección. Y no muchas personas pueden permitirse reconstruir su casa sin ayuda de las autoridades”.

Condiciones inhumanas en los campamentos de socorro

Mientras el Ministerio del Interior de la Unión anunció que había proporcionado 21.700.000 rupias indias (256.470 dólares estadounidenses) para socorro y rehabilitación durante el ejercicio fiscal 2024-25, el ministro del Interior Amit Shah dijo el 3 de abril que “hay conversaciones en curso” sobre un paquete de medidas de rehabilitaciónpara las personas internamente desplazadas.

Una persona que trabaja en la comunidad, en un campamento de socorro, dijo a Amnistía Internacional bajo la condición de mantener el anonimato: “Las instalaciones sanitarias de estos campamentos son muy malas. Vemos periódicamente brotes de sarampión, disentería y fiebre […] También hay personas con enfermedades como cáncer y tuberculosis, y muchas que necesitan diálisis. El único hospital gubernamental cercano no tiene capacidad para tratar a estas personas y no hay mucho personal médico especializado, lo que es preocupante. Estamos obteniendo algo de asistencia de la sociedad civil y de organizaciones filantrópicas, pero nada del Estado”.

Otra persona que trabaja para la comunidad dijo a Amnistía Internacional: “El saneamiento es un gran problema en estos campamentos. Ahora mismo, más de cien familias usan dos o tres retretes improvisados. Las condiciones de vida son patéticas, masificadas y muy asfixiantes. También me preocupa que se les facilitan dos comidas al día y que la calidad de la comida no es buena”.

Según el derecho internacional, las personas internamente desplazadas tienen el derecho de acceder a alojamiento adecuado, agua, saneamiento, sanidad y otros servicios esenciales sin discriminación, como cualquier persona que viva en India. La negación del acceso a estos derechos esenciales es una violación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que India ratificó en 1979, y de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU.

Ausencia de rendición de cuentas

Desde mayo de 2023, en la violencia étnica en curso se han incendiado, atacado, saqueado y destrozado viviendas, negocios, pueblos y lugares de culto. Dos años después, las autoridades no han exigido cuentas a los presuntos perpetradores de las violaciones de derechos humanos ni dado acceso a la justicia y a un recurso efectivo a las víctimas, contribuyendo así a la impunidad.

Benjamin Mate, presidente de la Kuki Organisation for Human Rights Trust, ha declarado: “Para garantizar un verdadero progreso en Manipur, el gobierno de India debe nombrar una comisión independiente para investigar a fondo el papel de altos cargos, burócratas del estado, agentes de policía y grupos armados durante la violencia étnica de los últimos dos años. La rendición de cuentas es esencial, y sólo a través de una investigación transparente e imparcial de este tipo se puede hacer justicia a las víctimas”.

“El gobierno estatal y central del Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party) no ha logrado poner fin a la violencia en curso en Manipur. Al abstenerse sistemáticamente de exigir cuentas a los sospechosos de violaciones graves de derechos humanos, el gobierno corre el riesgo de indicar que este tipo de impunidad persistirá, algo que, en última instancia, preparará el terreno para que se cometan más abusos, lo que, lamentablemente, obstaculizará cualquier propuesta de política de rehabilitación en los próximos días”, concluyó Aakar Patel.