Hace un año, Colombia dio un paso histórico en el reconocimiento de la labor de estas mujeres y en la protección de sus derechos humanos, con la promulgación de la Ley 2364 de 2024, “por medio de la cual se reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada”

Para Embajador(a) de la República de Colombia:

Reciba saludos cordiales,  

Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 10 millones de personas que realiza labores de investigación, campañas e incidencia sobre violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Amnistía Internacional es una organización independiente de cualquier gobierno, ideología política, interés económico y religión. Por décadas ha monitoreado y documentado la situación de derechos humanos en diversos países de las Américas. Lamentablemente, la desaparición forzada de personas tiene una larga trayectoria en el continente y como organización hemos documentado y denunciado sus terribles efectos en las personas y sus comunidades. A la fecha, cientos de miles de personas han sido privadas de la libertad, sustraídas de la protección de la ley y su paradero ocultado a sus familiares, seres queridos y comunidades. Colombia, por supuesto, no es ajeno a esto. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas identificaba a más de 111,000 personas desaparecidas a marzo de 2024, y la Comisión de la Verdad estimó que cerca de 210,000 personas fueron desaparecidas entre 1985 y 2016.

Cuando una persona es víctima de desaparición forzada, sus familiares, seres queridos y comunidades suelen salir a buscarla. El vacío de información que deja el ocultamiento del paradero de una persona les empuja a acudir a instituciones, cárceles, hospitales, morgues, estaciones de policía y campamentos, a alzar la voz para que su reclamo se escuche, a protestar contra la impunidad y la falta de verdad, a desafiar a los perpetradores, entre muchas otras acciones. En las Américas, Amnistía Internacional reconoce que han sido las mujeres quienes han asumido el protagonismo en la búsqueda de sus seres queridos.

Buscar significa la extensión de un rol de cuidado que tradicionalmente ha sido asignado a las mujeres en las Américas, sea voluntariamente o no. Buscar también implica llenar un vacío que deja el Estado, que es el principal obligado a determinar la suerte o paradero de las personas víctimas de desaparición forzada. Pero, además, buscar suele poner a las mujeres bajo riesgo de amenazas, ataques y violaciones a sus derechos humanos. Durante la búsqueda en países como México y Colombia las mujeres se enfrentan a amenazas de violencia física, son víctimas de desaparición forzada, asesinato, violencia sexual, desplazamiento forzado o tortura, son estigmatizadas y criminalizadas, ven su bienestar y acceso a derechos económicos y sociales disminuido y, además de todo, deben convivir con la impunidad por todos estos hechos.

Hace un año, Colombia dio un paso histórico en el reconocimiento de la labor de estas mujeres y en la protección de sus derechos humanos, con la promulgación de la Ley 2364 de 2024, “por medio de la cual se reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada”. Desde Amnistía Internacional reconocimos el valor de este avance, impulsado por las mismas mujeres buscadoras ante el Congreso de la República, a través del informe Transformar los dolores en derechos: riesgos, amenazas y ataques a las mujeres buscadoras en Colombia, publicado en diciembre de 2024. 

Sin embargo, un año después de la entrada en vigencia de esta ley, desde Amnistía Internacional vemos que es poco el impacto que esta norma ha tenido sobre la vida de las mujeres buscadoras, que día a día siguen enfrentando riesgos, amenazas y ataques, desde condiciones de alta vulnerabilidad, al persistir en la búsqueda de sus seres queridos. Incluso, hemos podido ver el poco conocimiento que las mismas autoridades del Estado colombiano tienen sobre la existencia de esta ley y la importancia de implementarla. 

Por este motivo, tras un año de la Ley de Mujeres Buscadoras en Colombia, desde Amnistía Internacional nos hemos unido en un llamado al Estado colombiano, para reconocer el importante avance que significa esta ley, y pedirle que trabaje juiciosamente en su implementación, para mejorar la vida de las mujeres buscadoras y garantizar su derecho a buscar sin miedo a sus seres queridos. 

Amnistía Internacional aprovecha la oportunidad para agradecer la atención a la presente carta.