Cuando no se investiga ni se hace rendir cuentas a quienes perpetran abusos contra los derechos humanos, se genera un círculo vicioso de abusos cuyo precio lo paga la población civil

El reciente acuerdo de paz firmado entre República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda no aborda la cuestión de la justicia para las víctimas de graves crímenes, al no incluir ninguna disposición encaminada a que los perpetradores de esos crímenes rindan cuentas, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

“Al no hacer frente a la impunidad de los terribles crímenes cometidos en el este de la RDC, el acuerdo pierde la oportunidad de abordar eficazmente un factor que desde hace largo tiempo impulsa el conflicto.”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Cuando no se investiga ni se hace rendir cuentas a quienes perpetran abusos contra los derechos humanos, se genera un círculo vicioso de abusos cuyo precio lo paga la población civil. Es preciso romper este círculo para conseguir una seguridad sostenible.”

Desde la firma del acuerdo en Washington D.C. el 27 de junio, Amnistía Internacional ha recibido informes fidedignos de que en las provincias de Kivu septentrional y Kivu meridional continúan los enfrentamientos entre el Movimiento 23 de Marzo (M23) —respaldado por Ruanda— y los grupos armados Wazalendo —muchos de ellos apoyados por el ejército congolés—, que han causado muertes entre la población civil. Además, el M23 sigue secuestrando a hombres jóvenes y se los lleva a paradero desconocido. El M23, que mantiene con el gobierno de la DRC un proceso de negociación paralelo con la mediación de Qatar, “tomó nota” el 30 de junio del acuerdo de paz firmado con la mediación de Estados Unidos, pero recientemente afirmó que era algo que no les concernía.

Al no hacer frente a la impunidad de los terribles crímenes cometidos en el este de la RDC, el acuerdo pierde la oportunidad de abordar eficazmente un factor que desde hace largo tiempo impulsa el conflicto.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

Ruanda y la DRC deben presionar urgentemente al M23 y los grupos Wazalendo para que den prioridad a la protección de la población civil.

“En los últimos 25 años, con la firma de numerosos tratados de paz, la población del este del Congo ha visto cómo sus esperanzas de justicia y seguridad crecían y después se esfumaban. La DRC y Ruanda tienen el deber para con esta población —que continúa sufriendo lo indecible a manos de los grupos Wazalendo y el M23— de presionar a los grupos armados a los que apoyan y con los que colaboran para que protejan a los civiles y respeten el derecho internacional humanitario”, ha declarado Agnès Callamard.

Información complementaria

La situación de los derechos humanos en el este de la DRC se ha deteriorado desde que en noviembre de 2021 los combatientes del M23 apoyados por Ruanda entraron en el país y tomaron grandes zonas de las provincias de Kivu meridional y Kivu septentrional.

La DRC y Ruanda tienen el deber para con esta población —que continúa sufriendo lo indecible a manos de los grupos Wazalendo y el M23— de presionar a los grupos armados a los que apoyan y con los que colaboran para que protejan a los civiles y respeten el derecho internacional humanitario

Agnès Callamard

El Grupo de Expertos de la ONU y Human Rights Watch han documentado el apoyo de Ruanda al M23, el último de una serie de grupos armados que operan en la DRC a los que Ruanda ha respaldado desde finales de la década de 1990.

El 27 de enero de 2025, el M23 anunció la toma de Goma tras la huida de la ciudad de residentes y personas desplazadas buscando seguridad en otras zonas de la DRC o en países vecinos.  El 16 de febrero, el M23 tomó Bukavu, importante enlace de comunicaciones y capital de la provincia de Kivu meridional. La ONU confirmó que se habían producido ejecuciones sumarias y que había recibido informes de “ detenciones y arrestos arbitrarios, trato degradante y supuestas devoluciones forzadas de hombres jóvenes congoleses que huían de la violencia hacia países vecinos”.

Amnistía Internacional ha documentado homicidios, torturas y desapariciones forzadas de personas detenidas a manos del M23, así como toma de rehenes sometidos a condiciones inhumanas en lugares de detención de Goma y Bukavu, lo cual puede ser constitutivo de crímenes de guerra. Los grupos Wazalendo son una coalición más o menos estructurada de grupos armados que luchan contra el M23 y están apoyados por el ejército congolés. La ONU y otras organizaciones de derechos humanos han documentado abusos contra los derechos humanos perpetrados por estos grupos.

El 27 de junio de 2025, Ruanda y la DRC firmaron un acuerdo de paz en Washington D.C. con el objetivo de terminar con el conflicto entre los dos países vecinos.