Jueves, 03 de julio, 2025
El Dalái Lama, a punto de cumplir 90 años, ha explicado cuál será el proceso de su sucesión espiritual, en medio de los tradicionales esfuerzos de las autoridades chinas por controlar la reencarnación de los líderes budistas tibetanos. En respuesta a ello, la directora de Amnistía Internacional para China, Sarah Brooks, ha declarado:
“Los constantes esfuerzos de las autoridades chinas para controlar la elección del próximo Dalái Lama constituyen un ataque frontal al derecho a la libertad de religión y de creencia. Los budistas tibetanos, como todas las comunidades religiosas, deben poder elegir sus líderes espirituales sin coacciones ni injerencias por parte de las autoridades.”
“Las autoridades chinas tienen un largo historial de represión sistemática de la libertad religiosa e intensificación del control sobre el budismo tibetano. Por ejemplo, en 1995, sometieron a desaparición forzada a Gedhun Choekyi Nyima, el niño a quien el Dalái Lama había reconocido como Panchen Lama, cuya suerte y paradero aún no han sido explicados adecuadamente por Pekín.”
“Este clima de secretismo, unido a la imposición de numerosas figuras religiosas designadas por el Estado dentro del budismo tibetano, pone de manifiesto un preocupante panorama de control estatal sobre la religión en China.”
“Las autoridades chinas deben poner fin inmediatamente a su injerencia política en las prácticas religiosas tibetanas y dejar de utilizar la sucesión religiosa como herramienta de control y coacción. Las autoridades deben defender y hacer respetar el derecho de todas las personas a la libertad de religión y de creencia. Además, deben permitir inmediatamente un acceso independiente a Gedhun Choekyi Nyima, y tomar medidas para poner fin a 30 años de impunidad por su desaparición.”
Información complementaria
Su Santidad el 14° Dalái Lama, líder espiritual tibetano, anunció el miércoles 2 de julio en Dharamshala (India) que tendrá un sucesor tras su muerte. Afirmó que sólo la Fundación Gaden Phodrang, creada por él, tendría autoridad para reconocer a su futura reencarnación.
Según la política oficial de China, todas las reencarnaciones de los “Budas Vivientes” tibetanos deben ser aprobadas por las autoridades. Esta postura se explica detalladamente en instrumentos jurídicos como las Medidas sobre la Gestión de la Reencarnación de Budas Vivientes, de 2007, que exigen la verificación oficial y la aprobación por múltiples instancias estatales según la influencia de la figura religiosa.
En su libro blanco de marzo de 2025 “Los derechos humanos en Xizang en la Nueva Era”, el gobierno chino reafirmó esta postura, señalando que el sistema de reencarnación funciona “bajo la guía de asociaciones budistas y de la administración del Estado”. El documento se vanagloria de que, al término de 2024, habían sido confirmados 93 Budas Vivientes reencarnados tras la aprobación del gobierno, destacando el control estatal como un avance clave.
Gedhun Choekyi Nyima tenía seis años cuando el Dalái Lama lo reconoció como 11° Panchen Lama, en mayo de 1995. Tres días después, las autoridades chinas lo sometieron a desaparición forzada, al igual que a su familia. Desde entonces no ha vuelto a ser visto en público, y el gobierno chino ha declarado vagamente que “lleva una vida normal”.
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, en concreto el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), toda persona y comunidad tiene la libertad de adoptar y manifestar la religión o la creencia que elija sin sufrir medidas coactivas. China es firmante del PIDCP y, aunque no lo ha ratificado, está obligada a no contravenir el objeto y el fin del tratado. En virtud del derecho internacional, la desaparición forzada es una violación continuada hasta que se aclara la suerte de la persona sometida a ella.
El Comité de los Derechos del Niño y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ambos de la ONU, han solicitado reiteradamente información sobre el paradero de Gedhun Choekyi Nyima. La relatora especial sobre la libertad de religión o de creencias, ha subrayado que las comunidades religiosas deben tener la libertad de determinar su liderazgo sin la injerencia del Estado.