La violencia de género contra mujeres y niñas migrantes en América Latina se presenta hoy como una situación grave de derechos humanos. Las organizaciones que acompañan y documentan esta realidad insisten y subrayan que los riesgos se intensifican en cada fase del recorrido migratorio, y que la llegada al destino no representa un fin al riesgo sino, en la mayoría de casos, su amplificación.

La organización civil feminista MundoSur, describe esta situación como una “emergencia sostenida de derechos humanos”. El tránsito migratorio continúa atravesado por agresiones sexuales, explotación, extorsiones, coerción por parte de actores estatales o no estatales, desprotección institucional y prácticas que agravan la vulnerabilidad de las mujeres en cualquiera de sus etapas de crecimiento y movilidad entre países. El racismo y la xenofobia, presentes tanto en ruta como en destino, incrementan la precariedad laboral y la exposición a nuevas formas de violencia que afectan transversalmente sus vidas.

La interseccionalidad es clave para entender cómo los sistemas de opresión se superponen y profundizan los riesgos. “Ser mujer, migrante, racializada, de bajos ingresos o con estatus irregular no suma únicamente factores aislados: multiplica las probabilidades de sufrir violencia sexual, quedar atrapada en redes de trata o enfrentar barreras casi insalvables para acceder a la justicia y a la protección estatal”, indica Eugenia D’Angelo directora ejecutiva de la organización.
Las mujeres indígenas migrantes lidian con barreras lingüísticas y un racismo estructural; las mujeres LGBTIQ+ informan expulsiones de albergues, negación de servicios, violencia correctiva y ausencia de protocolos inclusivos. Estas desigualdades combinadas producen violencias que rara vez son denunciadas por miedo a deportaciones, represalias o estigmatización.

A partir del “Mapa Latinoamericano de Feminicidios”, desarrollado por Mundo Sur y 18 organizaciones de la región, se identifican patrones que evidencian estas múltiples discriminaciones convertidas en violencias graves y persistentes: feminicidios de mujeres migrantes donde la nacionalidad, la irregularidad o la ausencia de redes de apoyo obstaculizan la investigación y la repatriación de cuerpos; violencia sexual en rutas migratorias que no son denunciadas incluso por dependencia económica del agresor; racismo institucional hacia mujeres indígenas o afrodescendientes, que deriva en atención tardía o culpabilización de las víctimas; mujeres y niñas que, tras sobrevivir violencia domestica no logran acceder a refugios ni medidas de protección por falta de regularización. Estos hallazgos confirman que la migración no genera la violencia per se, pero sí acentúa los mecanismos que permiten que esta ocurra sin consecuencias.

Los informes regionales de Amnistía Internacional respaldan estas conclusiones. En la publicación Unprotected: Gender-based violence against Venezuelan refugee women in Colombia and Peru se documenta de forma expresa cómo  continúan las múltiples formas de violencia y discriminación hacia mujeres refugiadas y migrantes, y cómo los Estados fallan en garantizar su protección. Según este informe, en Colombia y Perú la violencia de género contra mujeres refugiadas venezolanas creció de modo alarmante, y los obstáculos al acceso a justicia, salud y derechos se articulan con su condición de movilidad. También los datos de hechos y cifras publicados por Amnistía Internacional muestran que el problema está profundamente infrarregistrado y que las cifras oficiales subestiman la magnitud de la violencia.

Ante esta realidad, los mecanismos de protección más urgentes según D’Angelo deben incluir:

• La regularización migratoria con enfoque de género, como requisito para acceder a salud, justicia y empleo sin miedo a represalias.
  
  

• Rutas seguras y protección humanitaria en fronteras, con albergues especializados para mujeres y personas LBTIQ+.
  
  

• Mecanismos de denuncia que no dependan del estatus migratorio.
  
  

• Atención integral que combine salud sexual y reproductiva, apoyo psicosocial y asesoría legal gratuita.
  
  

• Capacitación para servidores públicos para evitar prácticas discriminatorias y revictimizantes.
  
  

• Cooperación transfronteriza para abordar la violencia sexual, la trata y las desapariciones de migrantes.
  
  

Mundo Sur articula su labor en tres grandes ejes: producción de información (por ejemplo, el Mapa Latinoamericano de Feminicidios), acompañamiento y fortalecimiento comunitario (asesoría jurídica a mujeres migrantes víctimas de violencia de género, y acompañamiento en su inserción socio-profesional), e incidencia regional (coordinación con 18 organizaciones en 17 países para mejorar estándares de recolección de datos, investigación de feminicidios y protección de víctimas desde un enfoque interseccional). Este trabajo permite formular respuestas basadas en evidencia, y hace visible que la violencia contra mujeres migrantes no es un problema aislado: es estructural, regional, persistente.

La violencia que enfrentan las mujeres migrantes no es incidental ni personal: es el resultado de estructuras que combinan clase, género, migración, raza, y estatus legal. Enfrentarla exige políticas con enfoque interseccional, acciones coordinadas entre Estados, sociedad civil y cooperación regional. 

Desde Amnistía Internacional, se hace un llamado a Estados, organismos y comunidades para adoptar como prioridad la protección de mujeres migrantes, garantizando rutas seguras, fortaleciendo los servicios de atención, eliminando la irregularidad como barrera para el acceso a derechos y visibilizando las voces y experiencias de quienes se desplazan.

Invitamos a conocer los informes completos de Amnistía Internacional y Mundo Sur, y a acompañar las iniciativas de protección con enfoque interseccional para mujeres migrantes.
También te invitamos a seguir a Mundo Sur en sus canales para mantenerse informado y apoyar su labor: sitio web de MundoSur 

 Foto: Bancomundialblogs