En Venezuela, las excarcelaciones de presos políticos avanzan con lentitud, poca transparencia y libertad condicionada. En esa espera —en la calle, ante los penales, frente a la prensa— quienes sostienen la lucha por justicia y reparación son, mayoritariamente, madres, esposas y hermanas

Un piquete de la Policía Nacional Bolivariana custodia un penal con presos políticos y al frente, en el piso, una mujer yace con una cobija rosada sobre su cuerpo. Parece haber logrado conciliar el sueño ante la mirada impasible de los funcionarios. Esa imagen evidencia cómo avanza el proceso de excarcelaciones en Venezuela 14 días después de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunciara la salida de prisión de “gran número” de personas: con lentitud, escasa transparencia, libertad condicionada y la condena familiar a una eterna espera. 

Acostarse en la calle. Denunciar una y otra vez ante la prensa el caso de los suyos. Orar a ver si un milagro se cumple y las puertas se abren. Un ciclo, un bucle. Ser familiar de un preso o de una presa política te convierte en eso: una persona insistente frente a una circunstancia cargada de irregularidades. 

Lo innegable, porque es claro frente a las cámaras y ante cualquier persona que esté cerca, es que esa lucha por la libertad, la justicia y la reparación tiene nombres de mujeres detrás. De mujeres que se mueven diariamente por el reencuentro en un sistema que no solo vulnera los derechos de sus seres queridos, sino también los individuales. 

Parecen situaciones tácitas, pero no. Todas revelan una realidad: las detenciones arbitrarias también afectan de forma diferenciada a hombres y mujeres. La desigualdad basada en género sobresale sin importar si ellas están dentro de una celda o a las afueras de un centro de reclusión pidiendo una fe de vida.

Sencillamente: es otra dimensión de la violencia del Estado y el sistema de justicia de Venezuela contra las mujeres.

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz), así como otras organizaciones defensoras de derechos humanos, enfatizan que los actos de persecución y criminalización política en Venezuela son generalizados. Es decir, afectan a mujeres y hombres por igual. 

Lo que dicen está respaldado con datos: de al menos 1.000 personas detenidas por razones políticas, según registros extraoficiales, 700 u 800 son hombres y el resto mujeres. Sin embargo, cuando la tortura y/o el trato cruel se ejerce sobre ellas, destacan patrones discriminatorios que se generan por motivos de género.

“No hay una política de persecución contra las mujeres, pero el daño que se causa a mujeres detenidas por razones políticas por supuesto que sí tiene unos efectos diferenciados, precisamente por su condición de mujer”, señala Martha Tineo, abogada y activista.Tineo explica que esto ocurre desde el momento de la detención y en los procesos de tortura: “Son sometidas a tratos crueles que tienen que ver con humillarlas y denigrarlas por ser mujeres. Las torturas refieren a razones de género. Sufren ofensas, tocamientos, violencia sexual. Hay un daño diferenciado contra ellas”.

Entre las 143 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero de 2026, según datos del Foro Penal Venezolano, familiares han denunciado que las mujeres han sido minoría.

La vulneración femenina tiene registro

El último informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, publicado en septiembre de 2025 y que documenta la violación de derechos humanos desde el 28 de julio de 2024 hasta agosto pasado, incluyó un apartado de violencia sexual y basada en género porque hay hechos que demuestran esta diferenciación. 

En el último año y medio, la Misión registró un aumento de casos de violencia sexual y de género contra mujeres, niñas y adolescentes, así como hombres privados de libertad. Conocieron los casos a través del testimonio de organizaciones, testigos y familiares. Estas personas fueron víctimas de sexo transaccional coercitivo, requisas masivas con desnudez forzada, violencia reproductiva y posibles actos de esclavitud sexual y/o prostitución forzada. 

Entre julio de 2024 y agosto de 2025, se documentaron 22 casos de este tipo en seis estados de Venezuela. 

“Al menos una mujer y cinco adolescentes (15-17 años) fueron sometidas a explotación sexual a través de actos de sexo transaccional coercitivo. Una mujer que estuvo detenida en una dependencia de la GNB por cuatro meses informó a la Misión que fue testigo de un acto de violencia sexual contra otra mujer privada de libertad. También informó que los sargentos hombres exigían a las mujeres mantener relaciones sexuales a cambio de acceso a llamadas telefónicas”, señala el informe. 

Hay diversas situaciones que evidencian la desigualdad sistemática y la violencia que sufren las mujeres en prisión porque requieren otro tipo de atenciones que, normalmente, no son consideradas cuando se trata de un hombre. 

Si se nombra lo más sencillo: ellas necesitan acceder a productos de higiene menstrual y servicios de salud sexual con regularidad. Si se complejiza: hay mujeres privadas de libertad con un embarazo en desarrollo o en proceso de lactancia que necesitan condiciones mínimas para culminar estas etapas de su vida, que además es compartida con su hija o hijo.

Aun así, durante la represión postelectoral de 2024, dos mujeres embarazadas fueron arrestadas arbitrariamente y ninguna recibió la atención médica gineco-obstétrica que requerían, según la Misión de la ONU. El reporte detalla que “a una de ellas, con un embarazo de alto riesgo de 11 semanas cuando fue detenida, se le denegó la realización de ecografías y pruebas de control durante la detención. Otra mujer, detenida el 2 de agosto de 2024 por la GNB, fue separada de su bebé lactante y sólo se le permitió amamantarlo ocasionalmente y a discreción de sus custodios. Estos le exigieron favores sexuales (sometimiento a través de la coerción sexual) a cambio de permitirle alimentar regularmente a su bebé”.

El informe La violencia en femenino –  El Libro Violeta de la represión en Venezuela, elaborado y publicado por Cepaz en noviembre de 2024, recoge el testimonio de una menor de edad que estaba embarazada y sufrió malos tratos durante su detención: “Fue obligada a realizar ejercicios físicos, como saltar y trotar, mientras la amenazaban con forzarla a abortar, «para que no pariera a un guarimbero»”.

La violencia en femenino explica que “los comentarios, amenazas y actos de contenido misógino y sexual, pronunciados en momentos de extrema vulnerabilidad, buscan intimidar y deshumanizar a las mujeres, exacerbando el abuso de poder y la violación de sus derechos fundamentales durante la detención”. 

Estos patrones diferenciados de violencia no son nuevos. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha explicado en varios informes que el país “no ha desarrollado políticas penitenciarias acordes a los estándares internacionales para la construcción de espacios para mujeres”. 

Solo hay dos espacios medianamente compatibles con la reclusión de mujeres, el INOF y La Crisálida; incluso así, los tratos con perspectiva de género son exiguos, especialmente cuando se trata de presas políticas. 

Emirlendris Benítez: cuando la tortura y la violencia detienen tu vida

Martha Tineo recuerda el caso de Emirlendris Benítez, una mujer que fue detenida la madrugada del 5 agosto de 2018 y resultó implicada, sin pruebas, en el magnicidio fallido de Nicolás Maduro, Cilia Flores y el alto mando militar.

Benítez fue sometida a torturas aunque manifestó a los funcionarios que estaba embarazada. El libro Ahora van a conocer el diablo documenta que le martillaron el pulgar del pie derecho. La asfixiaron con una bolsa plástica mientras sumergían su cara en un tobo con agua. La golpearon en la zona abdominal y le aplicaron descargas eléctricas en el estómago, a pesar de conocer esta información.

“Las torturas le produjeron un aborto y le fue practicado un curetaje sin su consentimiento, sin ni siquiera tener conciencia. Todo eso devino a que ahora está en silla de ruedas. No puede caminar por sus propios medios. Entonces, ahí vemos cómo aplicar el mismo tipo de torturas a una mujer, con las condiciones físicas de una mujer, puede tener impactos distintos”, detalla Tineo, quien lleva un registro muy cercano del caso.

Emirlendris es madre de dos hijos, una joven que ahora vive fuera de Venezuela y un niño que está al cuidado de su papá. Ellos también sufrieron una vulneración de sus derechos como menores de edad: la prohibición de ver y estar con su mamá.

A Emirlendris la condenaron a 30 años de prisión, pena máxima en Venezuela. Ella es una de las 16 presas políticas preelectorales. Desde la desaparición forzada que sufrió, su caso lo han visibilizado dos mujeres: Beatriz y Melania Benítez, sus hermanas, quienes también han sido violentadas de múltiples formas.

La carga de cuidado como forma de violencia

Cepaz señala que “las mujeres familiares de los presos políticos, que en definitiva son mayoritariamente hombres, enfrentan una dimensión de violencia poco visibilizada. Estas madres, esposas y hermanas, quienes quedan a cargo no sólo de la búsqueda de justicia, sino del cuidado de sus familiares que el Estado no garantiza, no solo soportan la separación y el sufrimiento por sus seres queridos, sino que también son criminalizadas y perseguidas”.

Enfrentan violencia de género, insultos sexistas, agresiones físicas y sexuales en allanamientos y detenciones de sus familiares, y lo que se ha visto en los últimos días: tratos crueles constantes que se manifiestan con negativas de que su ser querido se encuentra en determinado penal; prohibición de visitas; y el aislamiento. 

“Recientemente, una mujer nos decía que su hermano estuvo en situación de desaparición forzada unos cuantos meses y cuando finalmente logró ubicar el centro de reclusión en el que estaba, y logró ingresar, fue abusada sexualmente. Lo que le dijeron los funcionarios que hicieron esto fue: «Bueno, mira, esto para que no te queden ganas de seguir viniendo para acá»”, indica Martha Tineo, quien coordina también la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

Todas son situaciones que profundizan la desesperación y el trauma familiar e individual. Son heridas que cargan las mujeres venezolanas en medio de una crisis humanitaria compleja que persiste.

Hay que tratar de dimensionarlo: si las estimaciones extraoficiales de las ONG señalan que hay más de 1.000 presos políticos en Venezuela, entonces hay mil familias cuyos derechos humanos son violentados a diario. 

Como es el caso de Carmen Farfán, una mujer de 56 años, quien desde el 25 de noviembre de 2025 no ha parado de buscar respuestas sobre su hijo, José Gregorio Reyes Farfán, y su nuera Marylin Del Valle Gil. Ambos fueron detenidos de manera arbitraria en Monagas por agentes de la División de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB. 

Carmen cuenta que su nuera fue detenida junto con su nieto de 14 años. Ella no presenció el allanamiento porque se encontraba con su hijo en el hospital por una consulta médica. Ahí lo buscaron y se lo llevaron bajo amenaza.

“Ya perdí la cuenta de a cuántos lugares he ido. Para donde me mandan, voy. Para la persona que quiere a su familiar, esto es fuerte. Pero más que todo para una madre. Si lo tienen detenido y le dan su derecho, que uno pueda visitarlo o llevarle ropa o comida, pero no. Lo tienen prácticamente secuestrado, no preso”, expresa Carmen.

En la mayoría de los casos, estas familias son representadas por mujeres porque son ellas quienes, históricamente, han ejercido las labores de cuidado en Venezuela. Los datos más recientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicados en 2024, determinaron que en Venezuela 15,4 millones de personas trabajan en labores de cuidado no remunerado en los hogares y, de este total, 10 millones son mujeres. 

Son ellas quienes, incluso con un trabajo formal, atienden a personas dependientes: niños y niñas, adultos mayores, algún familiar con discapacidad y enfermos. Ahora, a esta lista, se puede incluir una categoría más: aquel familiar detenido por razones políticas.

Las mujeres familiares de presos políticos sufren impactos económicos importantes porque, en la mayoría de los casos, quedan a la deriva cuando la persona proveedora o colaboradora termina en prisión. 

Casi por defecto, ellas asumen la responsabilidad del hogar y en paralelo inicia una búsqueda de recursos para visitar y proveer alimentos y/o productos esenciales a sus familiares en prisión. Muchas se ven obligadas a viajar horas para verlos y, en muchos casos, si lo logran, son extorsionadas para procurar la supervivencia de sus seres queridos.

En estos procesos, la situación se agrava cuando las mujeres pierden sus empleos. Cuando ya se vuelve imposible asistir a una oficina porque el seguimiento de lo que ocurre prevalece, la comprensión de un jefe o una jefa llega al límite. Y a eso hay que agregar el desarrollo de enfermedades por desgaste físico y mental sin posibilidad de conseguir atención médica inmediata por falta de dinero.

Son situaciones que se repiten en múltiples centros de detención del país, incluyendo penales transitorios o comandancias de la GNB, mientras lees esto. 

Carmen Farfán, por ejemplo, tuvo que dejar su trabajo como vendedora de pescado en Güiria, donde reside, para atender el caso de su hijo. Además, cuando pudo ver a José Gregorio y Marylin luego de su detención arbitraria, le entregaron a su nieto.

“A él le hace falta su familia, su mamá y su papá. No va al liceo porque estudia en Monagas y su abuela materna, que vive en Caracas, lo cuida. Estamos esperando a ver si los sueltan y puede regresar, o sino toca cambiarlo”, comenta.

En el informe La violencia en femenino, Cepaz resalta que no hay que olvidar el contexto social, político y económico de las víctimas de la reciente represión postelectoral: “La mayor parte de las víctimas (…) fueron hombres de sectores desfavorecidos (…) y la mayoría de las personas que han han asumido la exigencia de justicia (…) y cuidados de estos detenidos son sus familiares mujeres (…) que provienen de sectores económicamente deprimidos, donde imperan los hogares monomaternales”.

Mujeres sosteniéndose en red

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), un grupo conformado por activistas y familiares de detenidos postelectorales, ha contado múltiples veces que muchas de estas cuidadoras no tienen dinero para asistir a las visitas y entre ellas han hecho colectas para apoyarse. 

Es la misma colaboración que se ha visto en los últimos días a las afueras de los principales centros de reclusión de presos políticos: mujeres que duermen en carpas y comparten panes, galletas, café, agua, medicamentos o alguna toalla sanitaria. 

Son mujeres que han desarrollado un sentido de comunidad y contención que las mantiene activas, incluso cuando su familiar detenido es excarcelado. 

Clippve es un ejemplo de eso: algunas defensoras son familiares de expresos políticos, casi todas madres o hermanas, que luego se ofrecen como voluntarias para asesorar sobre procedimientos legales o trámites más sencillos, como enseñar la etapa para realizar una denuncia de manera correcta. 

Estas mujeres han hecho red al punto de crear su propio comité: Madres en Defensa de la Verdad. Su cuenta en Instagram se convirtió en un canal que muestra sus esfuerzos por organizarse y denunciar lo que ocurre con los presos políticos en el país. 

Estos grupos tienen antecedentes que van más allá de las detenciones o la represión por motivos políticos. Son resultado de una grave crisis de derechos humanos extendida a todos los sectores de la sociedad.

Por ejemplo, Madres Poderosas es una agrupación de mamás que se organizaron para exigir justicia para sus hijos asesinados extrajudicialmente desde 2016. Juntas han logrado conseguir la condena de los funcionarios que asesinaron a sus hijos.  

De una forma similar, nació Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) en 2017, una organización creada por Rosa Orozco, madre de Geraldin Moreno, una joven que fue asesinada durante las protestas del año 2014. Su objetivo es claro: acompañar a las familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en contextos de represión política en la búsqueda de justicia.

Las vulneraciones que sufren han llevado a estas agrupaciones a converger. JEP acompaña a las mujeres familiares de presos políticos y también las capacita para que asuman su propia vocería, para intentar vencer el miedo impuesto por la represión y la coerción de las fuerzas estatales.  

Hablar de estas vulneraciones de los derechos de las mujeres es necesario porque el daño que se produce es transversal a cada aspecto de sus vidas. Son sacrificios que generan sufrimientos que se invisibilizan porque, normalmente, solo se comparten miradas generales sobre las víctimas de la represión en el país.

Cepaz explica que omitir estas realidades suprime la “reconstrucción histórica plena” de la crisis de derechos humanos de Venezuela e invita a “reconocer y dar voz a estas mujeres”. 

No basta solo con registrar lo que han sufrido las presas y presos políticos, sino empezar a llevar a la conversación mediática sus nombres y el de sus principales defensoras: las mujeres de su familia.


Escrito por María J. Dugarte para Redsonadoras, medio de la Red de Periodistas Venezolanas