Amnistía Internacional pide a todas las partes en el conflicto que respeten estrictamente el derecho internacional humanitario y que tomen medidas urgentes para proteger a las personas e infraestructuras civiles, incluidos los hospitales y otros centros de salud

En respuesta a las declaraciones de las autoridades paquistaníes que afirman que un ataque aéreo que alcanzó un centro de rehabilitación de drogodependientes en Kabul el 16 de marzo iba dirigido contra un depósito de munición, Isabelle Lassee, directora regional adjunta de Amnistía Internacional sobre Investigación, ha declarado:

“Aunque aún hay que verificar de forma independiente la cifra total de muertes causada por este ataque, está claro que ha habido un número considerable (centenares, como mínimo) de muertes y heridas de civiles”.

“Es un hecho bien documentado que una gran parte de Camp Phoenix, un antiguo campamento de la OTAN, había estado funcionando como centro de rehabilitación de drogodependientes desde 2016. Antes de lanzar este ataque, el ejército paquistaní debería haber tomado todas las precauciones factibles para no causar daños a personas y bienes civiles. Toda evaluación razonable y recopilación de información habría concluido que en el campamento había una fuerte presencia civil.”

“Incluso aunque dentro del recinto total del campamento hubiera habido un depósito de munición, la decisión de atacar debería haber sido sopesada frente al daño excesivo que probablemente causaría a población civil. La magnitud de la muerte y destrucción suscita honda preocupación respecto a si el ejército paquistaní llevó a cabo una evaluación adecuada de la proporcionalidad y tomó todas las medidas necesarias para recopilar información sobre el objetivo pretendido y minimizar los daños civiles.”

Antes de lanzar este ataque, el ejército paquistaní debería haber tomado todas las precauciones factibles para no causar daños a personas y bienes civiles.    

Isabelle Lassee, directora regional adjunta de Amnistía Internacional sobre Investigación 

“Ahora, las autoridades paquistaníes deben explicar en qué información basaron su actuación, y qué pasos siguieron para verificarla. Además, deben llevar a cabo una investigación independiente, imparcial y oportuna sobre las circunstancias de este ataque y las víctimas civiles causadas; los resultados de esa investigación deben hacer públicos con vistas a garantizar la rendición de cuentas.”

“Amnistía Internacional pide a todas las partes en el conflicto que respeten estrictamente el derecho internacional humanitario y que tomen medidas urgentes para proteger a las personas e infraestructuras civiles, incluidos los hospitales y otros centros de salud.”

Información complementaria

Como parte de la “Operación Ghazab Lil Haq”, Pakistán lanzó el 16 de marzo ataques aéreos en Kabul y Nangarhar. Esos ataques alcanzaron un campamento que se utiliza como centro de rehabilitación de drogodependientes, con el nombre de Omid, y que se estableció en 2016 en el emplazamiento de Camp Phoenix, una antigua base militar de Estados Unidos y la OTAN a las afueras de Kabul. Según los informes, el centro de rehabilitación y otros complejos ubicados en ese emplazamiento tienen capacidad para unas 2.000 personas. Según los talibanes, el ataque mató a más de 400 civiles y causó heridas a más de 200. Estas cifras aún no se han podido verificar. Naciones Unidas ha informado de 143 muertes hasta el momento.

Antes de este ataque, la UNAMA había documentado al menos 76 víctimas civiles en Afganistán desde que comenzó el conflicto armado con Pakistán en febrero. Las autoridades paquistaníes informaron de cuatro muertes de civiles el 15 de marzo en el distrito de Bajaur, y afirmaron que un menor había muerto en Waziristán Septentrional a causa de los proyectiles de mortero presuntamente disparados desde Afganistán el 8 de marzo.