La población civil que vive en Bukombo y sus alrededores está atrapada entre la brutalidad del M23 y el Colectivo. Lo que se ve obligada a soportar a diario es terrible, especialmente en las zonas apartadas en las que el Colectivo actúa con total impunidad

Un grupo armado respaldado por las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo ha matado y torturado a civiles, saqueado bienes y secuestrado a mujeres como esclavas sexuales en el territorio de Rutshuru, en el este de República Democrática del Congo. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

El Colectivo de Movimientos para el Cambio – Fuerzas de Defensa del Pueblo es miembro de Wazalendo (“patriotas” en swahili), una organización más o menos estructurada de grupos armados que el ejército congoleño utiliza como fuerzas asociadas en su actual lucha contra el Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda. El Colectivo de Movimientos actúa principalmente en la zona de Bukombo, en Rutshuru, actualmente bajo el control del M23.

La población civil que vive en Bukombo y sus alrededores está atrapada entre la brutalidad del M23 y el Colectivo. Lo que se ve obligada a soportar a diario es terrible, especialmente en las zonas apartadas en las que el Colectivo actúa con total impunidad.

Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral

Mantiene bases en zonas remotas de Bukombo y ataca a la población civil, a menudo de noche, o en zonas con pocos combatientes del M23. Tras mantener enfrentamientos con este grupo armado, los combatientes del Colectivo han tomado venganza contra familiares presuntamente relacionados con el M23. Estos abusos contra la población civil violan el derecho internacional humanitario y podrían constituir crímenes de guerra.

“La población civil que vive en Bukombo y sus alrededores está atrapada entre la brutalidad del M23 y el Colectivo. Lo que se ve obligada a soportar a diario es terrible, especialmente en las zonas apartadas en las que el Colectivo actúa con total impunidad”, ha manifestado Tigere Chagutah, director regional de África Oriental y Austral de Amnistía Internacional.

“Las autoridades de República Democrática del Congo a menudo condenan los abusos cometidos por el M23, como deben hacer, pero hacen caso omiso de la violencia y los abusos similares cometidos por Wazalendo, incluido el Colectivo de Movimientos. En la práctica, aprueban estos crímenes y eluden su responsabilidad de proteger a la población civil y llevar a los combatientes de Wazalendo ante la justicia. Los actores internacionales deben presionar al gobierno congoleño para que retire inmediatamente su apoyo a estos grupos armados.”

Entre marzo y abril de 2026, Amnistía Internacional entrevistó de forma remota, a través de aplicaciones de telefonía seguras, a 16 víctimas, supervivientes y familiares de personas civiles asesinadas, violadas, torturadas, secuestradas o sometidas a malos tratos por combatientes del Colectivo de Movimientos entre junio y diciembre de 2025. Amnistía Internacional recibió también informes creíbles procedentes de defensores y defensoras de los derechos humanos sobre abusos similares cometidos por el Colectivo en la zona, incluidos homicidios sumarios e incendios de casas.

Los actores internacionales deben presionar al gobierno congoleño para que retire inmediatamente su apoyo a estos grupos armados.

Tigere Chagutah

Amnistía Internacional escribió el 8 de junio de 2026 al Colectivo de Movimientos para comunicarle sus averiguaciones y solicitar información sobre la conducta de los comandantes y combatientes del Colectivo respecto a la población civil de las zonas que controla. El portavoz del Colectivo, Héritier Donald Gashegu, respondió por escrito el 16 de junio de 2026, negando la posibilidad de que el Colectivo tuviera alguna responsabilidad por los abusos que se habían documentado y asegurando que el Colectivo “sigue comprometido con el respeto de los derechos humanos y la disciplina de sus combatientes”.

Violación y violencia sexual contra mujeres

Una mujer de poco más de 20 años dijo a Amnistía Internacional que, después de que su esposo se uniera al M23 en mayo de 2025, unos combatientes del Colectivo la secuestraron de su casa y la mantuvieron cautiva durante tres meses. “Me dieron a elegir: me mataban, o me iba con ellos”, dijo.

Según contó, los combatientes del Colectivo la recluyeron en una casa en su campamento y le presentaron a un comandante que iba a ser su “esposo”. Para comer, los combatientes le daban una taza de raíz de taro y maíz en días alternos. Contó que en el campamento había otras dos mujeres detenidas, pero los combatientes la amenazaron con dispararle si hablaba con ellas. Según su relato, el comandante la violó repetidamente. “Pensaba que, si me negaba, me mataría. Venía todas las noches [en busca de sexo].” La mujer huyó cuando el M23 atacó el campamento del Colectivo.

Amnistía Internacional también entrevistó a una mujer de 22 años que dijo que unos combatientes del Colectivo la habían secuestrado en junio de 2025 después de que su esposo se uniera al M23. La llevaron a su base en Mudugudu, Bukombo, donde también la obligaron a ser la “esposa” de un comandante. “El hombre me dijo: ‘Si no tienes relaciones sexuales conmigo, te mato’.” Según contó, en el campamento había otras cuatro mujeres, a las que también obligaban a ser “esposas” de combatientes.

Dijo que también veía a civiles a quienes se sometía a reclusión y abusos en el campamento. “Capturaban a gente y la traían a la base. Si no tenías nada de valor, te golpeaban. Si tenías suerte, te dejaban en paz. Había [celdas subterráneas] en las que metían a la gente. La detenían a cambio de dinero.” Esto constituye el crimen de guerra de toma de rehenes.

Esta mujer huyó en octubre de 2025, cuando el M23 atacó el campamento.

Las dos supervivientes de violencia sexual entrevistadas por Amnistía Internacional permanecieron recluidas en condiciones que constituían esclavitud sexual. Ambas dijeron que, tras ser violadas, habían contraído enfermedades de transmisión sexual que les causaban dolor y sufrimiento. Las dos recibieron tratamiento en centros de salud, pero muchas supervivientes de violencia sexual a manos de grupos armados de Wazalendo no tienen acceso a atención médica o psicológica adecuada.

La esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual cometidas en el contexto del conflicto armado son violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyen crímenes de guerra. También violan varios derechos humanos, como el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación y el derecho a la integridad física, así como la prohibición de la tortura y otros malos tratos.

El Colectivo afirmó que “rechaza categóricamente” las acusaciones de que sus combatientes cometieron violaciones, sometieron a las mujeres a esclavitud sexual o las forzaron a “casarse” con sus superiores militares. “Nuestros órganos disciplinarios o judiciales internos no han recibido ninguna queja, informe oficial ni referencia sobre los incidentes mencionados.”

Los líderes del Colectivo deberían haber tenido conocimiento de las prácticas abusivas atribuidas a sus jefes. Podrían ser cómplices de esos abusos si, pese a tener conocimiento de que se estaban produciendo, no hubieran hecho nada para prevenirlos o detenerlos.

Malos tratos y otros abusos contra mujeres

El 20 de noviembre de 2025, ocho personas, entre ellas una mujer embarazada y su esposo, se refugiaron en un platanar en Mashango, un poblado de Bukombo, durante un enfrentamiento con armas de fuego entre el M23 y grupos armados locales, entre los que probablemente se encontraba el Colectivo.

Los combatientes armados los encontraron y les pidieron aceite para cocinar. “Les dijimos que ya no nos queda aceite. [Entonces] saquearon todo lo que encontraron e incendiaron nuestras casas. Uno de ellos se apiadó de mí. Dijo: ‘Esta mujer está embarazada y a punto de dar a luz, tenemos que perdonarla’.”

Según el relato de la mujer, eran combatientes del Colectivo, pues el grupo tenía una base en Mashango, Bukombo, una zona controlada por el grupo.

Los combatientes se llevaron a su esposo y lo mataron. “Lo apuñalaron con machetes. A todas las personas las mataron con machetes. [Más tarde] fui en busca de los cadáveres […] los encontramos cuando ya se estaban descomponiendo.” La mujer dio a luz ella sola a un niño, en el bosque, a las cinco y media de la tarde de ese mismo día.

Otra superviviente contó a Amnistía internacional que su esposo se había unido al M23 en junio de 2025, y al mes siguiente se presentaron en su casa unos combatientes del Colectivo. “Eran cuatro, [y llegaron] a mediodía”, dijo. “Dos llevaban armas de fuego, y los otros dos varas de madera. Les dije, ‘por favor, tengan piedad de mí, estoy embarazada’. Me dijeron: ‘Tu embarazo no es problema nuestro; queremos ver a tu esposo’. Me dieron muchos golpes. Me golpearon y me hirieron con un cuchillo. Al día siguiente tuve un aborto.”

El Colectivo negó las acusaciones de saqueo e incendio de viviendas.

Homicidio por venganza y homicidios sumarios

Nueve víctimas y supervivientes contaron a Amnistía Internacional que sus esposos habían sido asesinados o secuestrados por combatientes del Colectivo porque sus hijos o esposos se habían unido al M23.

Una mujer de 35 años contó que un comandante y seis combatientes del Colectivo se habían presentado en su casa en Kyahemba, un poblado de Bukombo, en noviembre de 2025. Según su relato, el comandante entró en la casa y le preguntó: “¿Permitiste que tu hijo fuera reclutado [por el M23]?” La mujer dijo que su hijo de 15 años se había marchado sin avisar ese mismo mes para unirse al M23. “Les dije que no sabía cómo había sido reclutado. Entonces el hombre empezó a disparar a mi esposo.” Según contó, a su esposo le dispararon tres veces en el pecho delante de sus hijos de ocho y seis años. A la mujer le comunicaron más tarde que su hijo había muerto siendo miembro del M23.

Dispararon a mi marido tres veces, en el pecho y en los genitales. Después saquearon nuestra casa. Se marcharon con cuatro cabras, ropa y cazuelas.

Elizabeth*

Según cuatro víctimas y la información proporcionada por una persona defensora de los derechos humanos, un comandante del Colectivo radicado en Kyahemba estuvo implicado en la detención o el asesinato de sus seres queridos.

Otra mujer, Elisabeth*, contó que seis combatientes del Colectivo, cuatro de los cuales habían sido vecinos suyos, se presentaron en su casa en noviembre de 2025 buscando a su esposo. “Nos dijeron que saliéramos de la casa. Luego dijeron: ‘Colaboras con el [M23] […] Actuaban como si [mi esposo] estuviera confabulado con el M23. Le dispararon tres veces, en el pecho y en los genitales. Después saquearon nuestra casa. Se marcharon con cuatro cabras, ropa y cazuelas.”

En su respuesta a Amnistía Internacional, el Colectivo no especificó ninguna medida adoptada para investigar las acusaciones de que sus combatientes habían matado a civiles. Afirmó que no disponía de información suficiente para llevar a cabo investigaciones.

Extorsión y amenazas

Antes de la llegada del M23 a la zona, el Colectivo recopiló dinero de los residentes, una forma de impuesto conocida como lala salama (“duerme tranquilamente” en swahili). Estos “impuestos” estaban teóricamente destinados a financiar la protección de la población civil. Una víctima contó que su esposo se había unido al M23 porque estaba harto de la extorsión.

Innocent*, que trabajaba en Kyahemba, contó que, después de que su hijo se uniera al M23 en agosto de 2025, unos combatientes del Colectivo se le acercaron en tres ocasiones y le pidieron dinero porque su hijo se había unido al grupo. Les pagó 300 dólares estadounidenses. “Cada vez me decían que trajera a mi hijo para que se uniera a su grupo. Yo les decía: ‘No fui yo el que lo llevó allí. ¿Cómo voy a encontrarlo?’ Cada vez que venían, me golpeaban. Quemaron tres casas, la mía y otras dos. Dijeron que, si no les daba el dinero, me matarían.”

Justine*, una mujer de 20 años, contó que su esposo había huido sin decirle nada en julio o agosto del año anterior. En septiembre, unos combatientes del Colectivo se presentaron en su casa. “Tengo aspecto de tutsi. [Los combatientes del Colectivo] forzaron la puerta, entraron y me dieron un latigazo en el costado y otro en el pecho. Me ataron las manos. Me dijeron: ‘Dinos dónde está tu esposo’.” Cuando ella les dijo que no lo sabía, le dijeron que la llevarían ante uno de los comandantes militares del Colectivo, y la intimidaron diciéndole que él la obligaría revelar el paradero de su esposo.

Cada vez que venían, me golpeaban. Quemaron tres casas, la mía y otras dos. Dijeron que, si no les daba el dinero, me matarían.

Innocent*

Cuando se dirigían a ver al comandante, uno de los combatientes la ayudó a escapar. “Yo llevaba un bebé, y el combatiente sintió simpatía por él. Me dijo: ‘Si vas hacia allá, te matarán’.”

Justine creía que su esposo se había unido al M23 por miedo. Según contó, en julio o agosto, el M23 dijo a su esposo: “Eres un tutsi de Ruanda, y todos los tutsis que no se unan al M23 serán decapitados”.

El Colectivo respondió que “no tiene ninguna política o práctica de exigir rescates o pagos a familiares de las personas que se han unido al M23 o a cualquier otro movimiento de oposición. Si existieran casos aislados de comportamiento contrario a nuestros principios, seríamos los primeros en querer saber quiénes son los infractores para que se puedan tomar las medidas adecuadas de acuerdo con las normas disciplinarias y los requisitos de la justicia.”

Los dirigentes del Colectivo deberían haber tenido conocimiento de los casos de extorsión y exigencia de rescates y tenían la responsabilidad de investigarlos y depurar responsabilidades entre los combatientes implicados. Si sabían que estas acciones se estaban produciendo y no actuaron para detenerlas, podrían ser cómplices de los abusos.

Apoyo del ejército congoleño al Colectivo de Movimientos para el Cambio – Fuerzas de Defensa del Pueblo

En mayo de 2023, el gobierno de República Democrática del Congo aprobó una ley por la que se creaba un Ejército de Defensa de Reserva que integraba a ciertos grupos armados locales, entre ellos el Colectivo de Movimientos, para formar una fuerza asociada para ayudar en la lucha contra el M23.

Las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo apoyan a los grupos armados económicamente y con armas y municiones. El ministro de Economía congoleño dijo al Comité de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional en diciembre de 2025 que el Estado paga a los grupos de Wazalendo 4 millones de dólares estadounidenses al mes.

Según un documento interno del gobierno militar de Kivu Septentrional obtenido por Ebuteli (grupo congoleño de investigación), el Colectivo de Movimientos recibió de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo más de 100.000 piezas de munición y más de 100 cohetes de 40mm a finales de 2023 y principios de 2024.

Es inexcusable que el ejército congoleño siga apoyando a los combatientes del Colectivo de Movimientos a pesar de los atroces abusos que han cometido contra la población civil.

Tigere Chagutah

En julio de 2024, la Unión Europea sancionó al comandante del Colectivo, Dominique “Domi” Kamanzi Ndaruhutse, por “cometer actos que constituyen graves abusos y violaciones de derechos humanos.” Dominique “Domi” Kamanzi lleva más de 10 años combatiendo con diversos grupos nyatura (término kinyarwanda que significa “golpear duro”) y, según el grupo de expertos de la ONU sobre República Democrática del Congo, ha colaborado con las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, especialmente en la zona de Bwito, en Rutshuru. Las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda son un grupo armado de oposición que actúa en el este de República Democrática del Congo y que está compuesto por combatientes ruandeses y congoleños, junto con elementos de las guerrillas interahamwe y antiguos soldados ruandeses responsables del genocidio de 1994 en Ruanda, así como combatientes no implicados en el genocidio.

“Es inexcusable que el ejército congoleño siga apoyando a los combatientes del Colectivo de Movimientos a pesar de los atroces abusos que han cometido contra la población civil”, ha manifestado Tigere Chagutah. “Los abusos cometidos por el grupo han continuado imparables durante años. El gobierno congoleño debe poner fin de inmediato a su apoyo y colaboración con el Colectivo y otros grupos de Wazalendo que cometen abusos, y hacerles rendir cuentas de sus actos.”

* Por motivos de seguridad y confidencialidad se utilizan pseudónimos para proteger la identidad de las personas entrevistadas.