Amnistía Internacional ha advertido reiteradamente de que no es posible poner en marcha “centros de retorno” de una manera que cumpla los derechos humanos, habida cuenta del grave riesgo de que se cometan violaciones de dichos derechos, tal como sucedió en todos los intentos pasados de externalizar las responsabilidades en materia de migración

En vísperas de la reunión que se celebrará el 4 de septiembre entre Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos para debatir los progresos sobre los planes para deportar a personas a los denominados “centros de retorno” en países fuera de Europa en los que pueden no haber estado nunca, y que probablemente serán centros o instalaciones financiados por Estados miembros de la Unión Europea, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado:

“Por su propio diseño, e independientemente de dónde se sitúen, los ‘centros de retorno’ entrañan el riesgo de que se cometan graves violaciones de derechos humanos, incluidas detención arbitraria, tortura y malos tratos, y devoluciones forzosas desde allí a los países de origen. Existe un peligro real de que estos lugares, en la práctica, se conviertan en crueles agujeros negros para los derechos humanos, destinados a externalizar o convertir en extraterritoriales las detenciones y deportaciones. Todo gobierno responsables debe rechazar tajantemente estos planes”.

“Nos alarma en especial el hecho de que, según los informes, los debates se están centrando en dos países con unos historiales terribles de derechos humanos, Uganda y Ruanda, a pesar del conflicto y la inestabilidad política que azotan la región de los Grandes Lagos.”

“Estas negociaciones, y el enfoque más amplio de la UE respecto a la denominada ‘diplomacia migratoria’, se basan en profundas asimetrías de poder que reflejan un intento descarado por parte de la UE de eludir sus responsabilidades en cuanto a migración y pasárselas a países del Sur Global que ya están haciendo mucho más que Europa, y con menos recursos, para recibir a personas refugiadas.”

“Desde el acuerdo entre Italia y Albania y los intentos realizados en el pasado por gobiernos para externalizar y convertir en extraterritoriales sus políticas migratorias, ya sabemos que los ‘centros de retorno’ dañarán desproporcionadamente a las personas racializadas. Tras el vergonzoso ‘mándalos de vuelta’ que se coreó en el Parlamento Europeo en junio, gobiernos de todo el espectro político están ahora bailando al son de este mismo lema racista y xenófobo, dispuestos a poner en marcha una agenda para aumentar las deportaciones, aparentemente a cualquier coste. Amnistía Internacional seguirá sacando a la luz los daños e ilegalidades de estas políticas, y oponiéndose a ellas.”

Información complementaria

Amnistía Internacional ha advertido reiteradamente de que no es posible poner en marcha “centros de retorno” de una manera que cumpla los derechos humanos, habida cuenta del grave riesgo de que se cometan violaciones de dichos derechos, tal como sucedió en todos los intentos pasados de externalizar las responsabilidades en materia de migración.

Aunque los detalles específicos aún no se han revelado, existe un peligro real de que los “centros de retorno” se conviertan en la práctica en lugares de deportación y detención que impliquen automáticamente —y por tanto arbitraria e ilegítimamente— detención, devolución (ya sea en los centros de detención o mediante deportaciones posteriores), tortura y trato o pena inhumano o degradante, y restricciones al acceso al debido proceso y a un recurso efectivo, entre otros abusos.

Las negociaciones entre estos cinco Estados miembros de la UE están, según se ha informado, especialmente avanzadas con Uganda y Ruanda, pese a las violaciones de derechos humanos bien documentadas cometidas en ambos países. También se ha informado de un centro previsto en Uganda, que podría entrar en funcionamiento en 2027 y alojar a hasta 10.000 personas.

El Reglamento de Retorno de la UE, que aún no se ha adoptado formalmente pero proporcionará una base jurídica en la legislación europea para los “centros de retorno”, dispone que estos acuerdos sólo se pueden establecer con países en los que se respeten las normas y principios internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional lleva tiempo documentando violaciones de derechos en Uganda, como por ejemplo represión, detención ilícita y deportaciones, y especialmente su extrema legislación anti-LGBTQ+, que criminaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y castiga con la pena de muerte el delito de ‘“homosexualidad con agravantes”.

Por su parte, el gobierno y el ejército de Ruanda controlan y apoyan firmemente al grupo armado M23 en República Democrática del Congo, que ha cometido graves abusos que pueden constituir crímenes de guerra. En su sentencia de 2023, el Tribunal Supremo de Reino Unido concluyó que Ruanda no era un tercer país seguro al que Reino Unido pudiera trasladar forzosamente a solicitantes de asilo, habida cuenta del historial ruandés de represión, restricciones de los medios de comunicación y las libertades políticas, homicidios extrajudiciales, detención arbitraria, malos tratos y tortura. En septiembre de 2025, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión Europea que revisara la ayuda, incluida la económica, a las instituciones públicas de Ruanda implicadas en detenciones arbitrarias, tortura o juicios injustos.