En Venezuela, Amnistía Internacional ha documentado cientos de casos de personas que han sido silenciadas a la fuerza por motivos políticos en un informe publicado en abril de 2017. En la actualidad, existen cuatro personas venezolanas declaradas presas de conciencia: Geraldine Chacón, Gregory Hinds, Villca Fernández y Leopoldo López

Hace 57 años Peter Benenson escribió el artículo “Los presos olvidados” para el diario brítánico The Observer, para recordar que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión a pesar de que sean contrarias a ideales de los gobiernos constituidos en cada país. Esta nota marcó el inicio de lo que sería, casi 6 décadas después, el inicio de Amnistía Internacional, un movimiento global de más de siete millones de personas que defienden la garantía de los derechos humanos en todo el mundo.

Lee el artículo completo “Los presos olvidados” aquí.

Para el año 1961, Benenson denunciaba con audacia la insistencia de algunos gobiernos como los de España, Hungría, Portugal y Angola de encarcelar sin motivos justos a personas "no conformistas", como el mismo las catalogó, que alzaban su voz y realizaban acciones no violentas que para algunas autoridades resultaban incómodas. 57 años después, miles de personas están tras las rejas por expresar verbalmente o por otras formas sus opiniones y ahora el activismo global las reconoce como “presos de conciencia” y se mueven diariamente a través de campañas, acciones de calle y peticiones directas a las autoridades en pro de que sean liberadas inmediata e incondicionalmente.

En Venezuela, Amnistía Internacional ha documentado cientos de casos de personas que han sido silenciadas a la fuerza por motivos políticos en un informe publicado en abril de 2017. En la actualidad, existen cuatro personas venezolanas declaradas presas de conciencia: Geraldine Chacón, Gregory Hinds, Villca Fernández y Leopoldo López. Revisemos sus casos:

Geraldine Chacón y Gregory Hinds

Gregory Hinds y Geraldine Chacón han sido detenidos arbitrariamente bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, Venezuela, desde el 31 de enero y el 1 de febrero, respectivamente. Ambos recibieron una orden de liberación el 2 de abril, pero el SEBIN se niega a cumplirla. Son presos de conciencia que deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones.

Las autoridades venezolanas llevaron a Gregory Hinds, de 32 años, a las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 31 de enero, bajo el argumento de que le realizaría entrevistas. Unas horas más tarde, durante la noche del 1 de febrero, los funcionarios del Sebin recogieron a Geraldine Chacón, de 24 años, en su casa, y la llevaron a sus instalaciones bajo el mismo argumento. A pesar de que no había órdenes de arresto contra ellos, ambos presos de conciencia han sido detenidos y recluidos en régimen de incomunicación desde entonces. Además, el 2 de abril, el tribunal competente emitió una orden de liberación a su favor, pero el cuerpo de seguridad no la ha cumplido, y ambos permanecen privados de libertad de manera arbitraria.

Los funcionarios en las instalaciones del Sebin, tanto en la sede administrativa como en el centro de detención, han declarado que “no tienen órdenes para acatar” las boletas de excarcelación de Gregory Hinds y Geraldine Chacón. Los oficiales dijeron a familiares y abogados de ambos presos de conciencia que desconocían la ubicación de su orden de liberación, o que el sistema ha estado inactivo desde principios de abril.

Los representantes de Gregory Hinds afirman que, durante su detención arbitraria, los funcionarios del Sebin negaron la atención médica por tener hipertensión y erupciones cutáneas. Ni Gregory Hinds ni Geraldine Chacón han tenido acceso a agua potable, ropa limpia, condiciones sanitarias adecuadas o medicamentos. La comida que se les proporciona a menudo es en pequeñas cantidades y se sirve cruda (incluidas carnes blancas). Ambos presos de conciencia corren el riesgo de ser sometidos a malos tratos mientras se encuentran detenidos arbitrariamente.

Villca Fernandez

Villca Fernández es un joven venezolano, dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA), en el estado Mérida (Andes venezolanos), quien fue detenido el 31 de enero de 2016 por replicar acusaciones en su contra emitidas por un alto representante gubernamental a través de un tuit. Ese mismo día, oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Fernández en la vía pública y fue trasladado a la ciudad de Caracas.

El 1 de febrero, Fernández fue presentado ante tribunales, luego de transcurridas las 48 horas que indica la ley. Fue imputado por el delito de instigación al odio, dictándose la medida de régimen de presentación cada 15 días. La defensa solicitó la libertad plena, al considerar que el Ministerio Público no había presentado ninguna prueba. Tal como relataron familiares a Amnistía Internacional, en plena audiencia, la juez pidió un receso. Cuando se retomó la audiencia, el fiscal imputó un delito adicional, divulgación de información falsa, y se cambió la medida por la privativa de libertad.

Fernández ha participado en varios episodios de protestas llevadas a cabo por un grupo de detenidos en el Helicoide. Cada episodio ha generado “castigos” por parte de los custodios, los cuales incluyen el aislamiento, la prohibición de visitas de familiares y abogados, así como la falta de acceso a luz solar.

Familiares de Fernández además han relatado a Amnistía Internacional que ha sido maltratado durante su reclusión: por ejemplo, estuvo amarrado a una reja por varios días. También informaron que en junio de 2017, sus condiciones de reclusión habían recrudecido: se encontraba en una misma celda con 20 presos comunes y 3 detenidos por motivaciones políticas, donde no contaban con acceso a sanitarios, ni condiciones higiénicas.

Por otra parte, familiares de Villca Fernández han manifestado preocupación por su estado de salud. Amnistía Internacional ha podido constatar que desde noviembre de 2016 hasta febrero de 2017, el Tribunal 24 del Área Metropolitana de Caracas había emitido cuatro comunicaciones dirigidas al Jefe del Sebin, en las cuales se ordena el traslado de Fernández a un centro hospitalario para que sea evaluado por especialistas en traumatología, gastroenterología, cardiología, odontología y psiquiatría, tal como fue solicitado con urgencia por una médico forense del Ministerio Público.

El 24 de enero, Fernández comenzó una huelga de hambre para exigir que se realizara su traslado a un centro hospitalario, a fin de atender su estado delicado de salud. En días siguientes, finalmente recibió la atención médica que había estado necesitando urgentemente desde hace más de seis meses.

Hasta enero de 2018, no se había celebrado su audiencia de apertura de juicio, la cual ha sido diferida al menos 9 veces. El 31 de enero de 2018, Fernández cumplió dos años de detención arbitraria.

Leopoldo López

El 12 de febrero de 2014, se libró una orden de captura contra Leopoldo López tras ser incriminado por altos representantes gubernamentales por la violencia desencadenada durante las protestas de ese día. El 18 de febrero, López se entregó a la Guarda Nacional durante una manifestación convocada por su partido en una plaza del este de Caracas. Fue recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares "CENAPROMIL", conocida como Ramo Verde, una prisión militar en Los Teques, en las afueras de la capital.

El 4 de julio, la juez decidió que había indicios suficientes para iniciar el juicio contra López por los delitos de incendio y daños, en carácter de determinación, instigación a delinquir y asociación para delinquir. Se le negó la libertad bajo fianza. El 26 de agosto de 2014, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias dijo que la detención de López había sido arbitraria y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos pidió a las autoridades que lo liberaran inmediatamente.

El 10 de septiembre de 2015, López fue condenado a 13 años y nueve meses de prisión y el 13 de agosto de 2016, la corte de apelación ratificó la sentencia. Durante su reclusión, López fue objeto de actos de intimidación y sus familiares denunciaron haber sido víctimas de acoso y hostigamiento. También fue sometido a regímenes de aislamiento. Por ejemplo, estuvo ilegalmente aislado y confinado sin poder recibir visitas de abogados y familiares durante 35 días entre el 8 de abril y el 7 de mayo de 2017.

El 8 de julio, López fue trasladado de la cárcel de Ramo Verde a su casa. Sin embargo, López fue sacado sin justificación por oficiales de los servicios de inteligencia durante la madrugada del 1 de agosto. Cuatro días después, fue trasladado de regreso a su residencia, donde continuará cumpliendo la sentencia que le fue impuesta.