Martes, 29 de mayo, 2018
Alvarenga, Luis Miguel
Con el apoyo de Orfavideh, el caso de Glory Tovar y los de muchas otras madres y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales siguen activos en el Ministerio Público, en un país en el que el retardo procesal, la impunidad y la corrupción marcan el compás de las investigaciones penales
“Mami, en la puerta hay un policía”, fue la frase con la que inició el largo camino que Glory Tovar ha transitado desde el 18 de mayo de 2016 y también fue lo último que escuchó de uno de sus hijos asesinado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en una operación en la que también fueron ejecutados dentro de su vivienda otro de sus hijos y dos sobrinos.
En ese momento, Tovar servía el desayuno a su hijo, luego caminó hacia una ventana de la casa y preguntó: “¿qué se le ofrece?”, a los policías que se encontraban en la puerta.
“Agarré las llaves y bajé las escaleras para abrir la puerta. Los funcionarios entraron y subieron conmigo. Cuando llegamos al primer piso de la casa pasaron como 15 policías y empezaron a gritar: ¡las mujeres y los niños para afuera!”.
La única respuesta que obtuvo Tovar a su duda sobre qué estaban buscando, fue que estaban haciendo una requisa, por lo que en caso de no encontrar nada se retirarían. Sin embargo, la situación no fue tan sencilla, ya que a su nieto –un niño- lo sacaron del baño con un arma de fuego apuntada a su cabeza.
“Yo le dije a mi hija que fuera a buscar al papá de Darwin Rojas Tovar (hijo de Glory), quien es jubilado del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y se encontraba en un hospital cercano. Mientras tanto, me quedé en el sitio y escucho que están forcejeando dentro de mi casa. Le pregunto a los policías ¿qué pasa?, Les pedía que me dejaran subir, pero ellos me gritaban que me fuera para otro sitio”.
Mientras ocurría el forcejeo dentro de la casa de Tovar, más policías acordonaban el área. Los vecinos fueron amenazados para que no fueran testigos de la situación y se cortó el tránsito en las calles adyacentes, todo para simular un enfrentamiento entre supuestos miembros de una banda delincuencial y los efectivos. Pese a ello, las personas que viven en los alrededores pudieron presenciar cómo las balas del Cicpc acabaron con la felicidad de la madre venezolana.
“A eso de las 11 de la mañana escuché más de 10 disparos. Yo les grité: ¡Me están matando a mis hijos, déjenme subir!, pero perdí el conocimiento en ese momento. Cuando recuperé la conciencia, rompí a llorar de inmediato. Recuerdo que vi a mis nietos, uno de ellos le dijo llorando a un policía: señor ayúdenos que están matando a mis tíos, pero el funcionario solo le gritó que se fuera de ahí”.
Los uniformados que custodiaban la vivienda impidieron el ingreso de Tovar, ya que estaban esperando a las personas encargadas de hacer la experticia. En Venezuela, este procedimiento puede tardar varias horas en realizarse.
“Un funcionario pasó y me dijo ‘madre, quédese tranquila que ahorita pasa’. Yo le respondí que no me dijera madre porque a los míos me los acababan de matar”.
En las manos de Glory Tovar están las fotos de cómo quedó su vivienda después de las ejecuciones extrajudiciales. Muebles rotos, objetos partidos y robados. Sábanas, toallas y cortinas manchadas, pero en las paredes quedaron las evidencias de lo que realmente ocurrió en cada dormitorio, con impactos de bala que quedaron incrustados en las paredes, dejando entender que fueron percutidos desde la puerta de cada habitación.
“Una de las cosas que más me impactó fue que se llevaron toda mi comida, pasta dental, jabones, café, harina de trigo, el mouse de una computadora, dos tablets, una consola de videojuegos y otros equipos. Esos funcionarios hicieron un desastre”.
Tiempo después, cuando ya se habían hecho las denuncias ante el Ministerio Público, Tovar pidió que se volviera a realizar la experticia, ya que encontró inconsistencias en el informe que le fue entregado casi cinco meses después de haberse registrado las ejecuciones extrajudiciales. En el documento se habían incorporado fotografías con los objetos robados, para encubrir el hecho.
“En el expediente dicen que en mi casa había un arma de fuego y en la foto que tomaron en la sala, cuando fueron a hacer la experticia el día de la masacre, pusieron una pistola en el lugar”.
Además, Tovar enfatiza las constantes acusaciones que los propios fiscales del Ministerio Público hacían contra sus hijos y sobrinos, señalándolos de pertenecer a bandas delincuenciales, de poseer ilegalmente un arma de fuego y de sostener un enfrentamiento con los efectivos del Cicpc. Sin embargo, ella conocía a sus familiares y sabía que todo eso era falso.
“La fiscal me decía que formaban parte de una banda que estaba identificada, pero si era así por qué no se los llevaron a la sede policial, en vez de tenerlos acostados en el piso de la sala de mi casa. Yo vi a mis muchachos mientras los oficiales me empujaban para sacarme de mi casa. Uno de mis hijos se estaba poniendo una camisa y mis sobrinos estaban dormidos”.
Tras insistir en la revisión de su caso, junto a la Organización de Familiares de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Orfavideh), se logró que se realizara la experticia, así como los protocolos de autopsia que permitirían introducir la acusación contra los efectivos, luego de transcurrir un año y medio.
“Señora yo no voy a acusar a los policías porque habían dos de sus familaires que tenían expedientes”, fue la respuesta de la Fiscal 83° del Área Metropolitana de Caracas, Yuleidy Pérez, ante la duda de Tovar sobre el proceso de acusación, que debía realizarse apenas se obtuvieran los documentos mencionados.
Tovar expresó que no estaba de acuerdo. “La fiscal fue para allá, vio que los impactos de bala provenían de las puertas de los cuartos, pero ella solo me gritó y dijo: ‘Bueno señora, búsquese otra fiscalía’”.
El dolor de haber perdido a sus hijos y sobrinos se convirtió en fortaleza para persistir en su lucha para obtener justicia. Por eso, recurrió a la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público para introducir un documento pidiendo que se investigaran los hechos de forma imparcial.
Días más tarde, la mencionada oficina logró cambiar la Fiscalía en la que se encontraba radicado el caso de Tovar, quedando en manos de la 125°, que pese a no ser lo suficientemente expedita en sus labores, sí ha avanzado en las investigaciones.
“En una reunión con en la Fiscalía 125° me informaron que se mandó a buscar las pistolas que habían sido usadas en el momento de las ejecuciones para hacerles las experticias, cosa que la fiscal Pérez nunca hizo. Además, me indicaron que en el protocolo de autopsia no se colocó la ubicación de mis hijos y sobrinos, por lo que ese documento tiene muchos vacíos, por lo que se procedería a imputar nuevamente”.
Con el apoyo de Orfavideh, el caso de Glory Tovar y los de muchas otras madres y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales siguen activos en el Ministerio Público, en un país en el que el retardo procesal, la impunidad y la corrupción marcan el compás de las investigaciones penales.
Tovar espera que obtengan más pruebas para completar el proceso de imputación de los funcionarios del Cicpc que asesinaron a sus dos hijos y dos sobrinos, quienes son inocentes y víctimas del abuso de poder y del actuar criminal de las fuerzas que, al contrario, deben proteger a los ciudadanos.
Los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales se deben armar de fuerza y paciencia para enfrentar el dolor de las pérdidas y el maltrato, pero también de persistencia para obtener justicia en medio de un sistema corroído por la ineficiencia y poca voluntad de sus autoridades.
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