Miércoles, 20 de marzo, 2019

El informe "Leyendo las noticias de violencias contra las mujeres con «lentes de género»”,dirigido por la académica e investigadora Ofelia Álvarez Cardier, señala la cada vez más grave, alarmante y peligrosa situación de las mujeres en Venezuela, quienes sufren con mayor profundidad las consecuencias de la crisis de derechos humanos que se vive en el país


Reflejar el aumento progresivo de la violencia homicida y social contra la mujer ha sido el objetivo que cinco investigadoras y expertas en derechos humanos de las mujeres, han asumido para publicar el informe “Leyendo las noticias de violencias contra las mujeres con «lentes de género»”.

Dirigido por la académica e investigadora Ofelia Álvarez Cardier, el documento señala la cada vez más grave, alarmante y peligrosa situación de las mujeres en Venezuela, quienes sufren con mayor profundidad las consecuencias de la crisis de derechos humanos que se vive en el país.

El informe fue realizado a través del estudio cuantitativo y cualitativo de las noticias publicadas en medios de comunicación impresos y digitales, con ubicación en el Área Metropolitana de Caracas y relacionadas a cualquiera de los tipos de violencia contra la mujer, tanto los reconocidos en la legislación venezolana como en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

“Tenemos un ensañamiento violento contra las mujeres porque son las que salen a la calle a comprar alimentos y otros productos. Además, los organismos de seguridad del Estado e incluso trabajadores de sectores privados agreden principalmente a las madres y abuelas que tratan de conseguir los pocos insumos que pueden”, explica Álvarez Cardier al señalar una de las tantas situaciones con la que se encuentran día a día los investigadores.

Por ejemplo, casi todas las 1 948 noticias revisadas fueron encontradas en secciones relacionadas con “sucesos”, es decir, están vinculadas a casos de delincuencia y criminalidad (delitos comunes), por lo que la violencia contra la mujer no es reconocida como un problema social o de derechos humanos en el 76,5% de los casos.

Además, las cifras publicadas reflejan un posible totalizado mensual de víctimas, pero es importante destacar la grave opacidad o nula existencia de información oficial en este y muchos otros casos, así como la censura Estatal contra los medios de comunicación.

Solo al 22,5% de los casos publicados tienen algún tipo de seguimiento en los medios de comunicación, pero porque está ligado al reconocimiento del que haya sido objeto la víctima o si el asesinato fue especialmente cruel. Aunque 59,5% de las noticias fueron publicadas porque la víctima era una joven de entre 10 y 19 años de edad. Es decir, a la gran mayoría de los casos no se les hace seguimiento, no se sabe qué pasa con las investigaciones de cada caso, ni las consecuencias que este hecho produjo en su entorno más cercano.

Uno de los problemas más recurrentes en este tipo de noticias es el casi total anonimato de las víctimas femeninas, ya que en el 97,7% de las mismas se desconoce su estado civil y profesión (cuando se menciona, solo se indica si es ama de casa o profesional). Asimismo, en el 100% de las publicaciones es incierto el nivel educativo de las mujeres.

“No existe estado civil, ocupación, nivel educativo, no se sabe quién es esa mujer, si es una ilustre desconocida. Pero cuando se conocen estos datos, es porque tenía un cargo importante o era una persona reconocida”, lamenta Álvarez Cardier.

El informe indica que en las noticias analizadas fueron citados 59 feminicidios y 18 suicidios sin mayores datos sobre los casos, así como 22 hechos relacionados a violencia sexual en los que la mayoría fueron perpetrados por padrastros a niñas y adolescentes a su cuidado y por tiempo continuado.

Formación necesaria

Álvarez Cardier es enfática al señalar que los comunicadores sociales en Venezuela y el mundo deben ser formados en materia de derechos humanos, en violencia de género y en el correcto tratamiento de la información para no revictimizar a quienes han sufrido cualquier tipo de agresión.

Incluso, en el informe presentado se indica que “llaman la atención en especial los pocos casos de aplicación de la nueva definición agregada a la ley citada, el Femicidio/Feminicidio, por parte de los/as periodistas”.

Además, la investigadora alerta sobre el aumento de la incidencia de la violencia institucional a través de la deficiente atención de los funcionarios encargado de recibir los casos de violencia de género en instancias legales, policiales y jurídicas. Por ende, se ha hecho cada vez más imperativa la necesidad de formar a los trabajadores públicos y privados en las materias señaladas anteriormente, puesto que son ellos quienes mantienen las condiciones adecuadas para que las víctimas puedan denunciar y, así, hacer efectiva y real la lucha contra la violencia.

Seguridad Ciudadana

Venezuela es uno de los países con mayor índice de violencia en el mundo, en donde el Estado no ha sido efectivo para cumplir su responsabilidad de garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos, pese a que organizaciones como Amnistía Internacional han publicado informes, documentos de investigación y revistas vinculadas al área.

Por su parte, Álvarez Cardier apunta que, en el informe que recoge casos de violencia contra las mujeres ocurridos entre 2015 y 2017, el agresor de las mujeres es un desconocido en el 76,6% de las ocasiones, debido a que el hecho se produce en la calle y en medio de enfrentamientos armados de grupos delincuenciales, contra efectivos policiales o de estos contra las familias.

“No hay seguimiento a los casos. El autor queda sin identificar. Por ende, sin justicia”, destaca el informe.

Por ello, Álvarez Cardier sostiene que es necesario construir un documento de políticas públicas que permita garantizar los derechos humanos de las mujeres y de todos en general. Este debe ser construido con el aporte indispensable de los expertos, organizaciones no gubernamentales y de la Sociedad Civil, así como por las autoridades del Estado.