Cada segundo cuenta: Derecho a la salud inexistente en Venezuela

Cuando hablamos del derecho a la salud lo hacemos tomando en cuenta que este es el acceso que pueden y deben tener las personas a todos los medios para garantizar el mayor estado de salud posible. También, que el derecho a la salud es el derecho humano a gozar sin distinción alguna, del más alto nivel de salud que permita a cada persona vivir dignamente, crear las consecuencias y las condiciones que aseguren asistencia médica y servicios médicos en caso de cualquier padecimiento de salud.  

Qué se debe tomar en cuenta cuando se trata de garantizar la salud:

-          Disponibilidad: es la obligación del Estado de proporcionar suficientes hospitales, programas y establecimientos para el servicio de la salud.

-          No discriminación: el ejercicio del derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación por raza, color, sexo, idioma, religión, ideología política, estado civil, orientación sexual, situación económica, entre otras.

-          Universalidad: el derecho a la salud no es solo un derecho constitucional, también es un derecho humano y, por lo tanto, es universal, inalienable e indivisible.

-          Rendición de cuentas: como el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud a sus ciudadanos, debe rendir cuentas sobre la administración de los recursos empleados en la materia de salud.

-          Accesibilidad: no basta solo que haya suficientes hospitales, debe también garantizarse accesibilidad física (geográfica) y accesibilidad económica, es decir, que corresponda con la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

-          Aceptabilidad: todos los profesionales y trabajadores de la salud deben ser éticos en su desempeño, respetar la cultura y tener alta sensibilidad respecto a las necesidades de cada persona.

-          Calidad: todos los establecimientos médicos (hospitales, ambulatorios, centros asistenciales) deben ser de calidad desde la atención médica hasta la tecnología empleada.

Ahora bien, esto no significa que todos los Estados garanticen y respeten este derecho tan indispensable para la vida misma como es el caso de Venezuela, país que vive una crisis de derechos económicos, sociales y culturales sin precedentes e incomparable con cualquier otro lugar de la región o con cualquier otra época. Donde también hemos visto cómo en los últimos años la calidad de vida de los ciudadanos es reducida hasta el punto del retroceso total en todo lo que tiene que ver con acceso a los servicios básicos. La luz y el agua son parte de un plan de racionamiento que cada vez se vuelve más engorroso y que afecta a toda la población. Estos terribles hechos generan angustia, desesperación y sensación de que el derecho a la salud es inexistente.

Medidas cautelares por el incumplimiento del derecho a la salud

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que promueve la observación y la defensa de los derechos humanos y define las medidas cautelares como un instrumento efectivo de protección y prevención ante posibles daños graves irreparables a personas o grupos de personas que enfrentan situaciones de riesgo inminente, pero que no tienen las facultades para ejercer justicia ni forzar a ningún Gobierno a cumplir esas medidas.

“Una medida cautelar pone al Estado en una situación de cumplimiento pleno del mandato de la CIDH a favor de la persona o las personas demandantes”, indicó Natasha Saturno, abogada y coordinadora de la unidad de exigibilidad de derecho de la ONG Acción Solidaria.

El mecanismo de cautelares está hecho a la medida de cada caso, al igual que su tiempo de vigencia y en Venezuela muchas han sido las denuncias que se han interpuesto ante el organismo internacional con la finalidad de que sea garantizado el derecho a la salud y a la vida digna.

Las organizaciones de la sociedad civil que velan por el respeto al derecho a la salud en el país han hecho un trabajo imprescindible y cada vez más necesario en medio de una emergencia humanitaria compleja que el Estado niega constantemente.

Debido a estas consecuencias generadas por el incumplimiento de los deberes en materia de salud, Venezuela cuenta con importantes pronunciamientos de las instancias de justicia y de otros instrumentos legales, dictámenes, resoluciones y normativas que llaman la atención mundial sobre las graves violaciones a este derecho.

Las medidas cautelares para proteger a víctimas de violaciones del derecho a la salud y a la dignidad son muchas y distintas razones, pero las historias siguen siendo las mismas.

Johonnys Hernández marcó un hito en la historia del país al ser beneficiado con medidas cautelares por la falta de tratamiento para una condición crónica de salud en el mes de septiembre de 2017. Este venezolano con Hemofilia afirma que desde que le diagnosticaron la enfermedad debe recibir profilaxis (inyecciones preventivas de concentrados de factor de coagulación) para poder vivir.

“Obtuve las cautelares y hasta principio de 2018 el Estado comenzó a cumplir con su deber, sin embargo, llevo más de 6 meses sin recibir tratamiento y tengo miedo de morir”. Hernández señala que se siente desamparado y actualmente su calidad de vida está en estado de gravedad ya que no solo no tiene acceso al tratamiento, sino que tampoco tiene acceso a comprar los alimentos para mantenerse estable debido a que está incapacitado por su condición de salud.

A los niños del Servicio de Nefrología del Hospital JM De Los Ríos, el 21 de febrero de 2018, se les otorgaron medidas cautelares para su protección y garantía del derecho a la salud.

“En la actualidad, son muy pocos los avances y cumplimientos de estas medidas ya que persiste el suministro irregular de medicamentos e insumos de tratamientos. No se ha realizado el mantenimiento preventivo de los tanques de agua del hospital desde hace un año y son muchos los niños contaminados por bacterias. También se debe decir que desde el otorgamiento de las medidas cautelares han fallecido 9 niños en el hospital”, así lo indicó Katherine Martínez, directora de la organización Prepara familia.

La CIDH en octubre de 2018 consideró que 43 personas con VIH/Sida se encuentran en una situación de gravedad y urgencia y solicitó al Estado venezolano que adoptara las medidas inmediatas que posibiliten el acceso a un tratamiento médico adecuado. Sin embargo, en Acción Solidaria aseveran que estas personas siguen denunciando que no se les otorga el tratamiento antirretroviral con regularidad y que tampoco pueden acceder a las pruebas de control por la ausencia de reactivos en los centros de salud públicos. Es decir, no se ha dado cumplimiento de la medida.

El 18 de marzo de 2019 se le otorgó medidas cautelares de protección a favor de mujeres y recién nacidos en el Hospital Maternidad Concepción Palacios, en Caracas, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgos de daño irreparable a sus derechos.

Luisa Kislinger, directora de la ONG Mujeres en Línea comentó al respecto que “la Comisión reconoció la solicitud en el contexto de escasez y desabastecimiento de medicamentos e insumos, material y tratamiento médico que enfrenta el Estado, el Hospital adolece de diversos insumos que permitan garantizar el derecho a la salud. Además, la CIDH tomó conocimiento de que se habría producido un elevado número de fallecimientos de recién nacidos que tendrían relación con la falta de acceso a tratamiento oportuno y adecuado, incluyendo la escasez de insumos médicos y personal especializado, así como a las graves condiciones de insalubridad que afectarían al hospital”.

Hoy, Día Mundial de la Salud, Venezuela sufre los embates de una grave emergencia que cobra vidas con el paso de los días. Donde un apagón eléctrico podría dejar sin la oportunidad de seguir viviendo a una persona con alguna condición de salud que se encuentre recibiendo atención médica o algún tipo de tratamiento. 

Venezuela forma parte de las noticias mundiales porque no garantiza tratamientos a las personas con condiciones crónicas de salud que se han visto gravemente afectadas. El Estado como garante del cumplimiento de estos derechos, ha mostrado su negativa a aceptar la ayuda internacional con la apertura del canal humanitario, y en consecuencia continúa vulnerando los derechos humanos y por ende pone la vida de las personas en riesgo.

El personal médico huye debido a que no tienen sueldos dignos y están expuestos a vivir de manera precaria en el ejercicio de sus funciones; además la inseguridad agudizada también hace que los principales hospitales del país no cuenten con la debida atención. La migración forzada es la alternativa más viable para los profesionales de la salud y los escándalos de corrupción muestran el porqué del deterioro del sistema de salud venezolano.

Sin duda, la exigibilidad de derechos es la única alternativa que tienen los ciudadanos y las ONG continúan acompañando a estas personas en el proceso de denuncia y la búsqueda de justicia.