“Un tribunal en Venezuela decidió impedir, con el aval de la Fiscalía General de la República, la publicación de datos sin autorización del ministerio relacionado al tema. Es decir, la censura está legalizada en Venezuela”, declaró el coordinador de la organización Clima21 - Ambiente y Derechos Humanos, Alejandro Álvarez, para explicar una de las causas por las que no se tiene información oficial sobre la crisis de agua en el país

“No es posible que en Venezuela nadie ofrezca valores sobre el agua que se distribuye y consume”, es una de las alertas que el biólogo y coordinador de la organización Clima21 - Ambiente y Derechos Humanos, Alejandro Álvarez, enfatiza para explicar una de las tantas aristas que conforman la crisis de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales por las que atraviesan las personas en el país.

Álvarez señala que la poca agua que se distribuye directamente a los hogares, sea por tubería o cisternas, no puede ser considerada como 100% apta para consumo humano.

Además, el Doctor en Ecología enfatiza que esta situación se está produciendo en un país donde se registra una fuerte escasez del líquido en la región norte costera, justo donde se ubican las principales ciudades y poblaciones.

“Toda la zona norte costera del país tiene una crisis de agua muy grave, con zonas donde se ha vuelto inhumana la situación, como en Paraguaná y la Guajira en donde no se distribuye durante varios meses”, destaca Álvarez.

Esta crisis podría solucionarse si el Estado venezolano llevara a cabo estudios profundos sobre la calidad del agua, su distribución y cómo mejorar las condiciones de las instalaciones hídricas. Sin embargo, la decisión y la acción actual es silenciar a quienes intenten publicar cualquier información relacionada al área.

“Un tribunal en Venezuela decidió impedir, con el aval de la Fiscalía General de la República, la publicación de datos sin autorización del ministerio relacionado al tema. Es decir, la censura está legalizada en Venezuela”.

Asimismo, las autoridades niegan el derecho a la participación a las organizaciones no gubernamentales y de la Sociedad Civil (OSC), ya que impiden el acceso a la justicia y a la información.

Por estos motivos el defensor de los derechos ambientales asegura que el Acuerdo de Escazú es una herramienta valiosa para las OSC, ya que obliga al Estado a permitir su participación en todos los planes que se realicen.

Acuerdo necesario

“Como primer tratado medioambiental regional de Latinoamérica y el Caribe, el Acuerdo de Escazú sienta un precedente histórico para garantizar el derecho de todas las personas a un medioambiente limpio y sano, asegurándose de que se pueden oír todas las voces cuando sea la hora de tomar decisiones importantes que nos afectan a todos”, explica la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, al referirse al Acuerdo de Escazú, que ya ha sido firmado por 12 países del continente.

Por su parte, el defensor de los derechos ambientales señala que este Acuerdo es necesario para la región, ya que sustenta el principio 10 de la Declaración de Río, basado en que el desarrollo sostenible se logra de mejor manera al involucrar a la Sociedad Civil en ella.

El documento establece que para la puesta en marcha de lo contenido en el Acuerdo se debe lograr la ratificación, por parte de los parlamentos nacionales de los países firmantes, de al menos 11 Estados. Por ahora, solo 3 lo han hecho.

Álvarez enfatiza que el Acuerdo de Escazú no tiene ninguna consecuencia negativa para los Estados, ya que “un país transparente se desarrolla de manera más sostenible. Si tienes información pública ambiental más accesible a quien lo necesita, se usa para algo útil, como la agricultura, o incluso se pueden prever cuánta agua se necesita para planificar una ciudad en los próximos 20 años”.

Por ello, subraya que el documento es necesario para el desarrollo de Venezuela, ya que permite la participación directa de las OSC en los planes de mejoramiento y sostenibilidad del país.

“Escazú se alimenta de sí mismo, porque al permitir y promover la participación, la educación e información, se crea un círculo virtuoso que impulsa a otras personas a integrarse”, destaca.

Álvarez y Amnistía Internacional han hecho peticiones públicas por la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, ya que es un instrumento para la Sociedad Civil que beneficia a todos los ciudadanos e impulsará el desarrollo de los países.

Publicaciones relacionadas:

Alejandro Álvarez: No hay ninguna cuenca en Venezuela que no esté contaminada con mercurio

Clima 21 prioriza derechos humanos ambientales en plena crisis Desca en Venezuela