Jueves, 21 de noviembre, 2019

Las consecuencias de las acciones desmedidas del Estado no solo se puntualizaron en los días entorno al 22 de febrero, sino que se extendieron por más tiempo, como lo demuestra el Informe Anual del Monitoreo de Ejecuciones Extrajudiciales en el estado Bolívar (abril 2018 – abril 2019) del Comité por los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu)


Por Luis Alvarenga

El 23 de febrero de 2019 era un día esperado por gran parte de la población venezolana, medios y organizaciones internacionales, ya que un sector político del país realizaría el ingreso de insumos humanitarios1 a través de las fronteras con Colombia y Brasil.

La euforia generada con un concierto multitudinario en el paso fronterizo entre Cúcuta (Colombia) y el estado Táchira se extendió desde el 22 de febrero, cuando se realizó, hasta más allá del 23, día en el que se intentó ingresar material humanitario a través de los estados Táchira y Bolívar.

Sin embargo, desde esa fecha el infierno se desató en esa región. Marcos Rodríguez (nombre ficticio para proteger su identidad) es docente en una escuela de la mencionada ciudad, ha sido testigo de la barbarie cometida por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado y de civiles armados no identificados.

El gobierno venezolano ordenó el 22 de febrero el cierre de las fronteras para impedir cualquier acción de la oposición y oficialmente reforzó la presencia militar en la zona, pero también llegaron muchos desconocidos.

“Aquí la lista de atropellos con el cierre de la frontera es inmensa, terrible. La locura aquí fue espeluznante y sacó la porquería más grande que había dentro de algunos seres humanos”, destaca Rodríguez.

El docente señala que muchas personas ajenas a las comunidades de Santa Elena de Uairén o las aledañas fueron enviadas a la zona para amedrentar a quienes apoyaran el ingreso de estos insumos, pero la gravedad de la situación empeoró.

“Los autobuses amarillos, esos que se hacen llamar de Drácula, vinieron llenos de delincuentes y los metieron en el fuerte Roraima, uno los veía y no tenían actitud de militares”, relata Rodríguez.

Ese 22 de febrero las redes sociales se llenaron de mensajes y videos mostrando lo que ocurría en una frontera cerrada y censurada. Grupos de indígenas cargaron estos productos y fueron reprimidos con gases lacrimógenos y armas de fuego.

“El día que entró la ayuda humanitaria estuve en la línea y después de ese día persiguieron a mucha gente, hay muchos desaparecidos y así han quedado, nadie sabe dónde están”, señala Rodríguez.

Las consecuencias de las acciones desmedidas del Estado no solo se puntualizaron en los días entorno al 22 de febrero, sino que se extendieron por más tiempo, como lo demuestra el Informe Anual del Monitoreo de Ejecuciones Extrajudiciales en el estado Bolívar (abril 2018 – abril 2019) del Comité por los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

De acuerdo a Codehciu, el mes más cruento por ejecuciones extrajudiciales ha sido en marzo, con 35 casos registrados, seguido por abril con 24.

“Aquí había miles de efectivos militares y lo que se veía eran extorsiones por todos lados. En Santa Elena de Uairén se metían en los comercios, pedían lo que se les antojara y se iban”, enfatiza Rodríguez.

Crímenes sin luz

En marzo de 2019 se produjo el apagón general más grande y prolongado en la historia de Venezuela, dejando sin electricidad a casi todo el país y el estado Bolívar no fue la excepción.

La paralización casi total del país no fue obstáculo para que los efectivos que deben proteger a los ciudadanos cometieran más violaciones a los derechos humanos. Codehciu señala en el Informe que solo en el municipio Caroní del estado Bolívar se cometieron 45% de las ejecuciones extrajudiciales, con 63 víctimas.

La ONG señala además que 78,57% de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales fueron asesinadas a manos del CICPC, Ejército y Guardia Nacional Bolivariana, de acuerdo con testigos y reportes.

“El docente bolivarense recuerda que “hubo una matazón de gente porque muchos de esos que vinieron en autobuses desertaron y después los buscaron. Hubo días que eran 4 o 5 muertos, incluso en una ocasión llegó a haber 9 muertos”.

Rodríguez añade que en la zona fronteriza del estado Bolívar y en las comunidades entorno al Fuerte Roraima se sabe de la comisión de torturas, golpizas, choques eléctricos a quienes fueron capturados durante los días posteriores al 23 de febrero.

“Ellos les decían a las personas ‘¿tú sabes todos los desaparecidos?, están ardiendo en esa candela’ y ponían una fogata al frente”, rememora con pánico el profesor.

Por su parte, Codehciu señala que 13 personas murieron entre abril de 2018 y 2019 dentro de las cárceles en el estado Bolívar, en donde las autoridades son responsables por la integridad, seguridad, salud y condiciones dignas de reclusión.

El miedo de no saber qué podría pasar y qué ocurrió con las personas desaparecidas aumenta cada vez que se ven bandadas de zamuros en los alrededores del Fuerte Roraima, de donde Rodríguez ha observado columnas de humo en los días posteriores al 23 de febrero.

“Ahora, la creencia urbana es que hay fosas comunes en la zona del fuerte”, concluye.