Miércoles, 03 de junio, 2020
Albano, Gonzalo

Fuentes extraoficiales ligadas a las defensorías legales públicas y privadas y a los órganos de seguridad ciudadana de la región, aseguran que más de 100 cojedeños han sido presentados ante el Ministerio Público, por no usar tapabocas o permanecer en las calles en los horarios donde está prohibido libre tránsito peatonal y vehícular


Cojedes.- Desde el pasado 13 de marzo, cuando las autoridades venezolanas decretaron un estado de alarma y posteriormente una cuarentena social a nivel nacional por los riesgos de la pandemia por covid-19, se ha reclutado en el estado Cojedes el hostigamiento, el abuso de poder, la violación a los derechos humanos y las detenciones arbitrarias por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Policía de Cojedes y otros cuerpos de seguridad de la región, quienes registran palmo a palmo las principales calles, avenidas, sectores y comunidades, para arrestar a los niños, jóvenes y adultos que no tengan tapabocas o estén en las calles en el horario restringido por el poder ejecutivo local.

Aún y cuando los expertos en leyes consultados, aseguran que violar la cuarentena o un decreto presidencial no es un delito tipificado en las leyes venezolanas, muchos cojedeños están siendo ilegítimamente privados de libertad, como delincuentes ante el Ministerio Público y recibiendo medidas cautelares de arresto domiciliario, además muchos de los aprehendidos han sido grabados mientras permanecen detenidos y cuando son obligados a realizar penitencias físicas.

La Policía de Cojedes y la Guardia Nacional principalmente han estado haciendo recorridos, especialmente en las calles y comunidades de los municipios San Carlos y Tinaquillo, y en dichos viajes de búsqueda van acompañados por un autobús rojo, marca Yutong, perteneciente a la empresa pública de propiedad social Bus Taguanes, donde van a conocer a todos los niños, adolescentes y adultos que capturan por no llevar tapabocas o violar el horario de la cuarentena. En el caso particular de Cojedes hay libre tránsito peatonal y vehicular, solo hasta las 03:00 pm.

 

Detenciones individuales y colectivas arbitrarias

El gobierno regional y el General de División Enrique Arocha, Jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI-34), han instruido a los miembros de los cuerpos de seguridad de la región a los que son rigurosos y determinan a todos los ciudadanos que no usen tapabocas o violen los horarios de la cuarentena colectiva, todas estas acciones están enmarcadas en una operación que lleva por nombre: Escudo Bolivariano III Salud Segura 2020, según las autoridades tiene como fin, evitar la propagación del coronavirus o Covid-19.

El pasado 20 de mayo, aproximadamente a las 05:00 pm, en la avenida José Laurencia Silva de San Carlos, fueron detenidos por funcionarios de PoliCojedes al menos 28 jóvenes.

El mismo día 20 de mayo, pobladores de la comunidad Pan de Horno de San Carlos, manifestaron que los cuerpos de seguridad se aprehendieron a 4 habitantes del sector que estaban frente a sus casas, los trasladaron a la sede de la Dirección de Inteligencia Policial (DIEP ) de PoliCojedes, y las antecesiones ante el Ministerio Público, donde recibieron una medida de arresto domiciliario, no sin antes permanecer encerrados durante al menos 3 días. Entre los privados de libertad destaca una mujer.

Seguidamente, el 21 de mayo, en el sector II de la comunidad de Monseñor Padilla en San Carlos, habitantes de la zona denunciaron que la Policía de Cojedes se llevó presos a varios niños y adolescentes que jugaban en el porche, aceras o cercanías de sus hogares, otros fueron detenidos en las inmediaciones de las calles 5 y 7, y en la cancha de la Escuela Rómulo Gallegos. Varios lograron huir trepando paredes y árboles. Los padres y representantes tuvieron que ir hasta la estación policial para que les entreguen a sus menores de edad, pero varias horas después de la redada. Algunos adultos de esa comunidad involucrados en el éxito, presuntamente pasaron la noche tras las rejas. La cifra extraoficial de aprehensiones que se registra esa tarde es de 16.

Por otra parte, el 24 de mayo, cerca de las 05:00 pm, en la comunidad de Matías Salazar del municipio Tinaquillo, la policía estadal se llevó a un grupo de jóvenes que jugaban baloncesto en la cancha deportiva del sector. Dos de esos muchachos fueron determinados ante el Ministerio Público. En ese caso hay información extraoficial de cobros en dólares o entrega de alimentos de la cesta básica a cambio de la liberación de cada adolescente, pero esa irregularidad no pudo ser corroborada por este medio.

De igual forma, el 25 de mayo fue difundido un material audiovisual en el cual se pudo evidenciar y registrador el momento en el que un ciudadano corre despavorido para intentar huir de un funcionario de PoliCojedes que lo persigue. Finalmente, el hombre brinca y sortea un canal de desagüe y logra la escapada, el hecho tuvo lugar en la comunidad del Banco Obrero de San Carlos.

También el 25 de mayo, pero en horas de la noche, en el Parque Barreto Méndez de San Carlos, un grupo de más de 40 personas detenidas por violar la cuarentena, fueron obligados por los agentes de la ley, y realizaron ejercicios físicos, mientras coreaban al unísono: "Debo usar el tapabocas para evitar el coronavirus". El hecho quedó registrado en un video que fue compartido por redes sociales.

El pasado miércoles 27 de mayo, cerca de las 08:30 pm, en el sector Caja de Agua del municipio Tinaquillo, fue aprehendido por la PNB un joven de 18 años, quien responde al nombre de Eduard Enríquez Sosa Gardamez. El tinaquillero fue detenido por no usar tapabocas en la vía pública y por estar en la calle en un horario prohibido. El caso fue notificado al Ministerio Público.

Ese mismo día (27 de mayo), a las 09:30 pm, en el sector Brisas de San Lorenzo del municipio Tinaco, fue apresada por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), una adolescente de 16 años de edad, quien camina a esa hora por el sector sin tapabocas. El Ministerio Público fue notificado.

Un tercer evento irregular se presentó ese convulso miércoles 27 de mayo. Los periodistas y medios digitales de la región difundieron un video donde se puede definir claramente el momento cuando la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se lleva a un ciudadano que caminaba sin tapabocas y en horario restringido (05:00 pm), por la avenida Bolívar de la ciudad de San Carlos.

A lo largo del mes de mayo, los tinaquilleros hicieron públicos a través de sus redes sociales, varias denuncias sobre supuestas detenciones llevadas a cabo en la avenida Miranda y en la zona central del municipio Tinaquillo. Alegan que en algunos casos los ciudadanos llevaban puesto su tapabocas y se desplazaban en un horario permitido. También manifestaron que el autobús rojo de Bus Taguanes, junto a las patrullas y unidades móviles de los cuerpos de seguridad, registraron en múltiples oportunidades varias calles y comunidades de esa jurisdicción llanera.   

En el Complejo Habitacional Ezequiel Zamora, “Los Iraníes” de San Carlos, hay varios casos reportados, donde niños, adolescentes y adultos, fueron detenidos por hacer deporte en las instalaciones deportivas de la zona, o por recorrer un sector popular en horas prohibidas

En la Urbanización Cantaclaro de San Carlos, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), optó por la radical medida de llevarse de la cancha deportiva, las arquerías de fútbol de salón y dos balones, para evitar que los niños y adolescentes estén en ese recinto a jugar ya romper la cuarentena. En el sector Las tejitas y en vecindades de la zona sur de la capital cojedeña hay otras denuncias, y además los pobladores aseguran que cuando se dan las emboscadas de los cuerpos de seguridad, los aprovechan la ocasión para llevar bicicletas, juguetes, implementos deportivos , mesas de dominó y juegos didácticos.

 

Las aprehensiones colectivas no previenen la propagación del virus

Varios ciudadanos que han visto envueltos en las redadas y detenciones arbitrarias, relatan que no entienden cómo es este tipo de procedimientos ayudan a prevenir la propagación del coronavirus, ya que cuando los montan en el autobús de Bus Taguanes o en la patrullas o unidades de la GNB, PNB y PoliCojedes, no les dan tapabocas o les facilitan gel antibacterial u otro producto para desinfectarse, lo mismo piensan los cojedeños que han sido obligados a hacer ejercicios físicos en nutridos grupos de personas que interactúan aglomeradas y sin ningún tipo de protección . Además, varios de los apresados ​​aseguran que, en las celdas o espacios de confinamiento de los cuerpos de seguridad de la región, no se consideran las medidas preventivas, como la desinfección del aposento, el uso de tapabocas, el distanciamiento social,   

 

Expertos aseguran que las detenciones son arbitrarias, ilegales y violatorias de los derechos humanos

Alexander Olvera, periodista, abogado y Especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dijo que los funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado en Cojedes privados de libertad de manera ilegítima a los ciudadanos por cometer un delito que no está tipificado en las leyes. Dijo que la Constitución es clara y establece en el artículo 44 que nadie puede ser detenido sino en virtud de una orden judicial o menos que haya sido detenida en fragancias y es por eso que la libertad personal es inviolable. "Aquí es donde comenzamos las violaciones de derechos humanos al detener una persona que no comete delito".

El abogado señaló que violar un decreto presidencial no constituye un delito. Expresó que en estas aprehensiones los funcionarios violan flagrantemente el artículo 49 numeral 6 de la Carta Magna que reza que ninguna persona puede ser sancionada por actos u omisiones que no tenían previstos como delitos es lo que en Derecho se conoce como: Nulla poena dime lege.

Indicó que estas personas son inmediatamente luego de 48 horas ante el Ministerio Público que es a través de un procedimiento viciado y lleno de irregularidades le imputa lesiones personales a título de dolo eventual en grado de frustración establecido en el artículo 413 del Código Penal Venezolano, en concordancia con la sentencia 490 del Tribunal Supremo de Justicia del año 2012, referencia al incumplimiento del decreto presidencial.

En todas las audiencias el tribunal ratifica la imputación del Ministerio Público y acuerda arresto domiciliario que es igual a estar presos en las casas. "Esta situación es preocupante porque viola los derechos humanos y en este caso el segundo bien más preciado que tiene el ser humano que es la libertad personal. Es lamentable que estas personas que administran justicia en nombre del Estado venezolano aplican el derecho del enemigo y dejen presos a personas inocentes ".

 

Foro Penal capítulo Cojedes rechaza detenciones ilegales y violación a los derechos humanos

Néstor Gutiérrez, coordinador del Foro Penal en Cojedes, condenó la acción de los cuerpos de seguridad regional, durante este Estado de Alarma decretado por Nicolás Maduro. El defensor aseguró que detuvo a las personas por no cumplir con la cuarentena y no usar el tapabocas, es contrario a la norma jurídica y violatorio de los Derechos Humanos.

Gutiérrez, además de ellos, que las detenciones realizadas por los funcionarios son arbitrarias y no tienen fundamento de ley. "Estas personas, que en su mayoría no tienen antecedentes penales, son ejemplos ante el Ministerio Público como los vulgares delincuentes"

 “Estas actuaciones se contraponen a lo establecido en el artículo 49, numeral 6 de la Constitución, que establece que ninguna persona puede ser sancionada por actos u omisiones que no sean previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes, además, también se viola el artículo 1 del Código Penal Venezolano que reza que nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviere previsto como punible por la ley ", sentenció el abogado.

«Vemos como jueces y fiscales que representan al Estado venezolano violeta flagrantemente la ley y la libertad personal. Estás personas imputan un delito que es futuro e incierto. Ellos aseguran que los detenidos propagan el coronavirus, pero no les han hecho exámenes para determinar si portan la enfermedad », sostuvo el experto.

Néstor Gutiérrez también dijo que, más allá de las formas en las que se realiza el Decreto del Estado de Alarma, que no cumple con los extremos legales, juega con uno de los bienes más preciado de los ciudadanos que es la libertad personal.

Añadió que estos funcionarios, jueces y fiscales hay que recordar que el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder y que los delitos por derechos humanos no prescritos y que en su momento responden ante la justicia.

 

Llilibeth Sandoval: “Son ilegítimas las privaciones de libertad en Cojedes”

Lilibeth Sandoval, abogada y especialista en materia civil, asegura que: “En el estado Cojedes se están ejecutando privaciones ilegítimas de libertad, porque los ciudadanos realmente no han infringido la ley, el Ministerio Público está relajando, modificando y torciendo las leyes para imputarle a las personas que incumplen la cuarentena, el delito de lesiones personales a título de dolo eventual, en grado de frustración, y eso viola flagrantemente la constitución y los derechos humanos de los cojedeños ".

De igual forma la jurista específicamente que, “la cuarentena es una obligación individual que es parte del sentido común, se puede orientar y educar a los ciudadanos, pero lo que no se puede hacer es perseguirlos, aterrorizarlos, encarcelarlos, presentarlos ante el Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y reseñarlos o registrarlos como criminales, por un delito que no existe ".

Sandoval también expuso que a su juicio, "no hay una prueba que se aplique para determinar que las personas detenidas tienen el virus Covid-19, tampoco hay una forma certera e infalible de corroborar que ellos están esparciendo deliberadamente el coronavirus en los espacios públicos, sencillamente están inventando los delitos e interpretando descabelladamente una decisión de la Sala Constitucional del TSJ, que además es una decisión írrita, porque carece de legalidad y contraviene el orden público.

“Hay una violación flagrante a los pactos y convenios internacionales en materia de derechos humanos, estos delitos de lesa humanidad y no solo es responsable penal, civil y administrativamente el órgano aprehensor y represor, también son culpables los administradores de justicia, el juez, el fiscal, los secretarios y todos los que participan en este proceso que termina siendo un gran fraude procesal, y al final ellos saben que nada de nada les va a servir que digan que es por órdenes superiores, todos estos empleados deben ser denunciados e identificados ” , espetó la Doctora Sandoval,

Fuentes extraoficiales ligadas a las defensorías legales públicas y privadas ya los órganos de seguridad ciudadana de la región, aseguran que más de 100 cojedeños han sido presentados ante el Ministerio Público, por no usar tapabocas o permanecer en las calles en los horarios donde está prohibido el libre tránsito peatonal y vehicular.

Finalmente, los cojedeños detectan que se les está lesionando el derecho a la libertad, y el derecho a ser escuchados y defendidos ante los administradores de justicia, quienes según su experiencia y la de sus defensores, no les han dado el beneficio de la duda o la presunción de buena fe e inocencia. Los habitantes de los llanos cojedeños han dicho que se sienten temerosos, atropellados y perseguidos como unos criminales. Sus hogares se volvieron cárceles, piden tolerancia, respeto y el cese las arbitrariedades e injusticias.

 

Foto: Alexa Fotos en Pixabay.