Lunes, 28 de septiembre, 2020

Viven en medio de una inmensa cloaca, en donde el olor de las aguas negras es permanente y penetrante. Las aguas del lago, se han mezclado en años, con las aguas de al menos 22 afluentes, entre ellos las de los contaminados ríos Aragua, Limón y Güey, en Aragua y la de los ríos Cabriales y Güigüe, de Carabobo, además de las aguas residuales de Maracay


Los problemas que padecen los residentes a las riberas del Lago de Valencia o Tacarigua como también se le conoce, tanto en Carabobo como en Aragua, son de vieja data. Son la consecuencia de factores acumulados en los últimos 40 años. Los habitantes que aún quedan, no dejan de correr un grave riesgo.

Para junio del 2019, se estimaba que unas  390 familias aún residían en la zona sur de Maracay, a orillas del lago de Valencia o muy cercanas a esta cuenca endorreica, única en Venezuela.

Viven en medio de una inmensa cloaca, en donde el olor de las aguas negras es permanente y penetrante. Las aguas del lago, se han mezclado en años, con las aguas de al menos 22 afluentes, entre ellos las de los contaminados ríos Aragua, Limón y Güey, en Aragua y la de los ríos Cabriales y Güigüe, de Carabobo, además de  las aguas residuales de Maracay.

Cuando llueve, la zozobra y la angustia, se acrecientan. Igual que las aguas del Lago de Valencia, el reservorio más importante del país, convertido en un peligroso foco de contaminación y en un problema social, ecológico y ambiental en la región central del país.

Los reclamos vecinales  han quedado ahogados en promesas añejas y lo único que le ha quedado a los afectados, es implorar que las aguas del lago no terminen de inundar sus precarias y corroídas casas.

“No tengo a dónde irme con mis dos hijas. El gobierno pretendía mandarme a un refugio y no acepté. Esta es mi casa y solo pido que se nos indemnicen”, dice Laireth Figueroa, una joven madre de dos niñas en edad escolar y quien, en pleno aguacero en junio de 2019, no supo a quién llamar para que sacara una culebra dentro de su casa.

Los roedores y reptiles son muy comunes en la zona en donde la maleza y la bora han tapizado el asfalto.

Nuestro único patrimonio- narra con añoranza Belén Velásquez, con más de 30 años viviendo en La Punta- se lo está tragando el lago y ahora que uno está viejo, solo quiere salir de esta calamidad.

Varios de los vecinos aún recuerdan que una semana antes de que Rodolfo Marco Torres ganara la Gobernación de Aragua, estuvo en el sur de Maracay. Lloró con nosotros – dice una de las afectadas- y nos prometió que en una semana nos indemnizarían.

Dos años antes, en el 2017, el peligro de inundación que corrían más de 17 comunidades de la zona sur de Maracay y varios municipios del estado Aragua establecidos cerca del Lago de Valencia, era inminente.

Las aguas del Lago aumentaron su caudal casi 2 centímetros por día, alcanzando la cota 413,90, cuando la cota de máxima seguridad era entonces,  de 414,40.

Comunidades como Aguacatal, Paraparal, Las Vegas, Brisas del Lago, San Vicente, Cogollal y Raúl Leoni, entre otras, quedaron prácticamente bajo las aguas.

En las zonas afectadas, se registraron enfermedades como dengue, zika, escabiosis (sarna) y alergias, así como cuadros diarréicos y respiratorios en niños y adultos mayores. Hasta los vecinos de Paraparal reportaron que una niña fue picada por una culebra. Peor aún, Amnistía Internacional señaló que se tiene información de un caso de microcefalia en una de las urbanizaciones del sur de Maracay.

En el año 2005 fue construido un muro de contención como una solución temporal al grave crecimiento del lago. Para entonces la cota máxima de seguridad del Lago era de 408 msnm y la altura inicial del muro fue de 412 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Entre los años 2011 y 2012, al muro se le agregaron 2,40 metros, en contra de las opiniones de expertos. El proyectista del referido dique, el geólogo José Vicente Heredia, aseguró que el muro de contención solo tendría una vida útil de 3 años.

En mayo del 2012, se produjo una emergencia, cuando el Lago de Valencia experimentó niveles importantes de crecimiento y se elevó a 413,36 msnm la cota máxima de seguridad. Para entonces, el muro fue reforzado con la colocación de sacos repletos de arena y granzón que no han detenido la amenaza de inundación.

Los eternos refugios

Las constantes y torrenciales lluvias caídas en la región en 2012,  produjeron que las aguas negras se filtraran a las casas de las urbanizaciones como La Punta y Mata Redonda, al sur de Maracay, entre otras.

Los afectados iniciaron una protesta para llamar la atención de las autoridades, que devino, horas después, en la militarización del muro de contención del lago y en el traslado de miles de familias a refugios temporales.

Muchos de esos refugios improvisados, se establecieron en unidades militares de Aragua, tales como el Cuartel Páez, la 42 Brigada de Paracaidistas, el Cuartel Abelardo Mérida, el Conscripto, la Base Aérea El Libertador y la Base Sucre, además de refugios temporales como los  hoteles y moteles Sahara, Aladino, El Jeque, América y sedes del INCE.

8533 personas eran las afectadas, según el censo registrado para la época.

En los cuarteles, unas sábanas dividían un reducido espacio para familias completas, que compartían con otras, un mismo baño. En los hoteles, un grupo familiar de cinco integrantes debía convivir en una habitación. La deuda que el Gobierno contrajo con los hoteles, además de incalculable, nunca se canceló y llevó al cierre a varios de los hospedajes.

El entonces gobernador Rafael Isea recibió 150 millones de bolívares para atender obras en el muro de contención, para adquisición de viviendas, para las mejoras de la calidad de vida de los habitantes de las zonas afectadas, para optimizar el sistema de drenaje y distribución de agua potable y para la atención de los refugiados del momento.

En el 2012, otros 400 millones de bolívares fueron aprobados para la adquisición de viviendas en el mercado primario y secundario y un año después, otros 440 millones eran aprobados durante la gestión de El Aissami para la adquisición de más soluciones habitacionales y la reubicación de las familias que aún permanecían damnificadas o en los llamados refugios a cielo abierto.

A esa suma debe agregársele un crédito adicional de 150 millones anunciado por el entonces presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Elvis Amoroso, para atender la contingencia que se produjo por las lluvias de ese año.

Una denuncia formulada en mayo de 2011 ante el Ministerio Público, por los diputados regionales del Consejo Legislativo de Carabobo, Karelly Lizarraga, María Victoria Rodríguez y Germán Benedetti, refiera que:

 “Entre 1999 y 2009 se invirtieron 747,76 millones de bolívares en obras que debían solventar el problema ambiental, pero no fueron culminadas y se advertía de las inundaciones de aguas cloacales que sufrirían 8 mil personas, por las descargas de 14 mil litros por segundo de aguas residuales en el Lago de Valencia”

Por otra parte, la promesa de construir y/o adquirir 14.000 soluciones habitacionales para los afectados por el Lago de Valencia, no se cumplió.

Según registros tímidos del desaparecido Frente Bolivariano de Refugiados de Aragua, para 2018 aún permanecían en refugios más de 800 familias.

De los 18 refugios que aproximadamente se habilitaron, 3 fueron cerrados oficialmente en el  2018, entre ellos, la vieja escuela Unidad Educativa Olinto Mora Márquez, al sur de Maracay, en donde permanecían 12 familias. La estructura fue demolida.

Otras zonas, como el barrio Aguacatal II, fueron declaradas como refugios a cielo abierto.

 “Se trata de una figura a través de la cual los habitantes del lugar, pueden permanecer en sus viviendas y reciben las atenciones de las familias que residen en refugios. Estas familias saldrán de la zona, directamente a sus nuevas viviendas”, prometió en mayo de 2013 el entonces gobernador de Aragua.

Cuatro años después de aquella promesa, 500 familias sufrieron graves inundaciones por el desbordamiento del lago de Valencia.

Cifras extraoficiales refieren que para el 2018, al menos 126 familias permanecían en el refugio Samán de Güere, constituido con containers chinos que albergaron, en principio, a unas 214 familias y cuyas estructuras colapsaron a los pocos meses. En el Cuartel Páez aún pernoctaban 20 familias, 2 que aún quedaban en el estacionamiento de la vieja sede de la Universidad Bicentenaria de Aragua en San Vicente, otras 16 en el Conscripto militar, 8 en Base Sucre y 28 en la Escuela para la Transformación Integral de las Comunidades de Aragua (ETICA), ubicada en la avenida Las Delicias del sector El Castaño, de las cuales 16 son  de la etnia wayúu.

Estas, sin contabilizar las que para finales del 2019, aún permanecían en el Centro de Mecánica Automotriz, una de las 14 sedes que posee el INCES en el estado Aragua.

Las cifras obtenidas no son definitivas ni precisas. La  multiplicidad de organismos que participaron en la atención de las familias afectadas no ha permitido conocer el porcentaje exacto de beneficiados, incluyendo los que recibieron una solución habitacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Además, impera una absoluta opacidad informativa oficial sobre el tema.

Ante las calamidades, hacinamiento y enfermedades que padecieron en los refugios, algunas personas volvieron a las ruinas de sus viejas viviendas o se «arrimaron» con familiares en espera de unas viviendas que a la fecha no se culminan, pero que en papel les fueron adjudicadas.

Al menos 400 familias estaban en esta situación para finales del 2018. También hay familias que, sencillamente, desistieron en la larga espera y, con extremo sacrificio y con propios recursos, se fueron del estado o abandonaron el país.

Con Rodolfo Marco Torres como gobernador de Aragua, se han realizado algunas adjudicaciones en urbanismos construidos por el Gobierno, como Guasimal, Coropo o El Venerable.

Son apartamentos cuyos propietarios abandonaron el país y que ahora son “recuperados” para ser entregados a otras familias, particularmente a aquellas que aún permanecen en refugios.

“Funcionarios públicos junto a fiscales revientan candados y cerraduras, levantan actas de los enseres encontrados, los envían no se sabe a dónde o se los entregan a familiares de los propietarios y adjudican el apartamento a otra familia”, cuenta uno de los refugiados que rechazó una vivienda en estos urbanismos, porque, asegura, están controlados por los pranes.

Sentencias incumplidas

Pero los paños calientes no disminuyeron, ni el nivel de las aguas, ni el reclamo ciudadano. Fueron muchas las protestas que los afectados protagonizaron, pues estaban convencidos que la calle era la única salida a un añejo problema que las autoridades nacionales y regionales y los entes competentes no han querido ni podido solucionar.

Ni siquiera porque el 11 de agosto de 2006 y luego el 13 de agosto de 2007, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó las sentencias 1752 y 1632, respectivamente, en las que declaraba con lugar la acción de amparo constitucional emprendida en 1999,  por los habitantes de la zona sur de Maracay.

El TSJ dispuso una orden de desalojo, demolición, posterior remoción de escombros y pago de la indemnización por las viviendas para todos los habitantes de dichos sectores.

Una de las órdenes del TSJ fue que las indemnizaciones debían efectuarse conforme a las políticas públicas en materia habitacional adoptada por el Ejecutivo, bajo la modalidad “casa por casa”, para las tres etapas de desalojo.

Esas sentencias apenas se ejecutaron a medias. En 2011, siendo Elías Jaua vicepresidente de la República, se designaron unas comisiones presidenciales para atender a los afectados por la crecida del Lago, para reubicar a los damnificados y ejecutar las obras de envergadura que impidieran el crecimiento del cuerpo de agua.

El 26 de junio de 2012, La sala constitucional del máximo juzgado formuló un nuevo pronunciamiento mediante el fallo Nº 868, en donde dictaminó la «inmediata y eficaz» ejecución de las sentencias.

También en ese mismo año,  mediante Gaceta Oficial Nº 39.882 del 13 de marzo y el decreto Nº 8.844, “se crea el Área de Emergencia Habitacional (AREHA) a los polígonos afectados del Lago de Tacarigua o Lago de Valencia, ubicados en los municipios Girardot y Francisco Linares Alcántara, del estado Aragua y los municipios San Joaquín y Diego Ibarra, del estado Carabobo, a fin de salvaguardar la integridad de sus habitantes, por los daños ocasionados por inundaciones que han ocasionado cuantiosas pérdidas materiales en cuanto a viviendas, bienes muebles, actividad productiva, infraestructura social, etc., por lo que se declara como Zona de Peligro Potencial (ZOPO)”.

Más de una década después del primer dictamen, casi 500 familias de la urbanización Mata Redonda, al sur de Maracay, seguían esperando que el Estado cumpliera.

Se trata de viviendas tipo casa y tipos apartamento que han quedado bajo las aguas del Lago de Valencia, cuyo desbordamiento ha superado la cota inicial de 410 msnm e inclusive el muro de contención.

Los habitantes de la zona sur de Maracay y de las riberas del Lago de Valencia, viven en zozobra. Sus vidas solo dependen de un debilitado muro de contención.