El matrimonio infantil y las uniones tempranas: una violación invisible a los derechos humanos de niñas y adolescentes en Venezuela

Itzel es una adolescente mexicana que se casó a los 14 años con su novio de 17. “Al estar sola, una venta a divertirse y ahorita que una está juntada, no puedes, solamente con el marido. Él sale y va a cuidar a los animales. Yo me quedo aquí a hacer quehacer y cuando él regresa, le doy de comer y ya. Es diferente estar juntada porque ceno sola y se siente un poco triste porque a la vez me pongo a pensar si estaba mi mamá aquí, estuviéramos cenando bien ” [1] .

El matrimonio infantil y las uniones tempranas ocurren cuando al menos una de las personas contrayendo el matrimonio es menor de 18 años de edad [2] . Si bien las causas que impulsan el matrimonio infantil región entre regiones, en términos generales, los factores comunes incluyen: pobreza; falta de oportunidades educativas; la percepción de que el matrimonio otorga protección y reduce cargas económicas; tradiciones y costumbres culturales o religiosas; y de forma clave, la ausencia de marcos legislativos adecuados [3] .

Globalmente, las niñas tienen seis veces más probabilidad de ser víctimas de matrimonio infantil, por lo que también entre los factores debe contemplar la desigualdad de género [4] .

En el caso de América Latina, estudios han delimitado que la pobreza, las relaciones desiguales de género y su transmisión intergeneracional, marcos legales inadecuados, la deserción escolar, el acoso, la presión social, la violencia de género, así como el embarazo adolescente y la falta de opciones para adolescentes embarazadas, se consolidan no sólo como factores, sino también como elementos que perpetúan el fenómeno [5] .

La vida que le espera a las niñas casadas está llena de obstáculos y sufrimientos. Tienen mayor probabilidad de abandonar sus estudios y de no poder insertarse en el campo laboral y alcanzar independencia económica a futuro. Las niñas casadas así son separadas de su entorno escolar y por tanto, propensas a aislarse de sus amistades y familiares.

También hay mayor probabilidad de que estas niñas queden embarazadas, arriesgándolas a su muerte por complicaciones durante el embarazo y el parto, a muerte perinatal, ya abortos inseguros. De acuerdo con el estudio, Estado Mundial de la Infancia de Unicef, si una madre tiene menos de 18 años, el riesgo de que su bebé muera en su primer año de vida es de un 60% más que el de un bebé nacido de una madre mayor de 19 años. Si el o la bebé sobrevive, tiene mayor probabilidad de nacer con bajo peso, desnutrición y un desarrollo cognitivo tardío. A su vez, se contabiliza que 70.000 niñas de 15 a 19 años de edad mueren por causas relacionadas con el embarazo [6]. Por otro lado, una adolescente casada está expuesta a mayores probabilidades de violencia doméstica, violencia sexual y por tanto, a infecciones de transmisión sexual. En este sentido, el matrimonio infantil vulnera los derechos a la salud, a la educación, a la protección contra la violencia, por lo que se consituye como una violación de derechos humanos.

En todo el mundo, 21% de las mujeres se casaron antes de cumplir 18 años [7] . Si bien América Latina y el Caribe no es la región con mayor prevalencia de matrimonio infantil, es la que más retroceso ha tenido en la materia: hace 25 años, 24% de las mujeres entre 20 y 24 años se había casado antes de los 18 y 4% antes de los 15; hoy, 25% antes de los 18 años y 5% antes de los 15 [8] . La gran mayoría de los matrimonios infantiles en la región, 60%, toman la forma de uniones informales [9] , lo cual tiene implicaciones importantes en el registro, documentación y posterior estudio del fenómeno.

La mayoría de las adolescentes casadas son de los quintiles de ingresos más bajos, 36% viven en zonas rurales y muchas son indígenas[10]. Al menos tres de cada diez mujeres que contrajeron matrimonio durante su niñez fueron sometidas a violencia por parte de su pareja. Respecto al empleo, en cuatro de cinco países con datos disponibles, fue más probable que las mujeres tuviesen trabajo a medida que aumentaba la edad de matrimonio[11].

En nuestra región, el matrimonio infantil y las uniones tempranas es un fenómeno normalizado y cotidiano, y a la vez con efectos de suma gravedad para varias generaciones de niñas y mujeres jóvenes. Los impulsores se constituyen asimismo como factores que generan un círculo vicioso de pobreza, desigualdad, violencia, cosificación y vulnerabilidad. Una niña casada que provenga de una familia pobre y sin acceso a la educación, menos probabilidad tendrá de educarse y de ser independiente económicamente, a la vez que tendrá mayor riesgo a ser víctima de violencia y a ser madre de forma temprana con serias implicaciones de salud.

Así, la mayoría de las adolescentes casadas (58%) dieron a luz antes de cumplir los 18 años, mientras que ocho de cada diez mujeres lo hicieron antes de los 20. De las jóvenes casadas antes de los 18 años, en 48% de los casos el embarazo fue deseado. Destaca también que por una parte, si bien las mujeres (76%) demandan métodos modernos de planificación familiar al no ver satisfechas sus necesidades, al mismo tiempo, cuentan con acceso a atención prenatal y atención médica especializada[12].

Esta situación no se replica en Venezuela, donde las madres adolescentes se encuentran con un sistema de salud en crisis. Según las últimas cifras oficiales disponibles del Ministerio del Poder Popular para la Salud, la mortalidad materna en Venezuela aumentó 65% entre 2015 y 2016. Por otro lado, el índice de escasez para todos los métodos conceptivos en Venezuela se ubica entre 83,3% y 91,7%[13].

También es grave la invisibilidad del matrimonio infantil en el país: Venezuela simplemente no tiene registro de cifras en las agencias internacionales, ni siquiera desactualizadas[14]. Los datos que pudieran dar indicios sobre el fenómeno provienen del Consejo Nacional Electoral (CNE) de hace nueve años. Según datos recolectados por Amnistía Internacional Venezuela, tan sólo entre 2013 y 2014, más de 10.000 niñas habían contraído matrimonio o asentado uniones estables de hecho. Por otro lado, estos casos implican cuatro veces más el número de niñas que de niños, y al menos, en un 75%, involucra a hombres mayores de edad. En Venezuela, también hay indicios que reflejan el efecto en la vida educativa de los embarazos tempranos –comunes en situaciones de matrimonio infantil–: de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) del 2017, 12% de las adolescentes entre 12 y 17 años dejaron de asistir a la escuela debido al embarazo y cuidado del hogar[15].

El fenómeno en el país adquiere aún mayor gravedad dada la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC). Organizaciones internacionales han estimado que ocho de cada diez países con las tasas más elevadas de matrimonio infantil son de Estados frágiles. Las condiciones estructurales como la desigualdad de género, la pobreza, la inseguridad y la deserción escolar, sumadas a la coyuntura de inestablidad, coloca a las niñas en mayor riesgo. Inclusive, las propias familias afectadas por las crisis humanitarias, pueden considerar el matrimonio de sus hijas como una salida de la pobreza y una forma de protección de la violencia[16]. En este respecto, se supo de una niña venezolana de 13 años llevada a Trinidad y Tobago para que se casara con un hombre de 24 años de edad, quien fue posteriormente rescatada por las autoridades de ese país[17]. El politólogo, psicólogo e investigador especializado en violencia y subjetividades en la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (REACIN), Francisco Sánchez, en este respecto plantea que es necesario estudiar cuáles son los impulsores del matrimonio infantil que operan en la EHC venezolana: ¿hambre, precariedad, ausencia de trabajos y alternativas de vida? ¿El matrimonio se constituye como una vía expedita para migrar?

De igual forma, es necesario evaluar el impacto de las medidas de confinamiento y aislamiento social por la pandemia de COVID-19. De acuerdo con una encuesta realizada en agosto de 2020, en el Distrito Capital y dos municipios del estado Miranda, del total de 420 hogares encuestados, 12% respondió que sabían de casos de niños y niñas viviendo en matrimonio y uniones de hecho, y 49% indicó que la pandemia había generado un aumento en la práctica[18].

¿Qué hacer?

Los estándares internacionales, como la Convención de la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres y la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, estipulan la protección contra el matrimonio infantil. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen en su meta 5.3 su eliminación para 2030.

Foros internacionales y organizaciones han generado una serie de recomendaciones de políticas públicas para erradicar la práctica que pueden servir de referencia en Venezuela. La más directa es la modificación de los marcos legislativos y ajustar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, tanto para niños como para niñas. En muchos países, la edad mínima para las niñas suele ser dos años menor que para los niños, lo cual implica el reconocimiento de que pueden ser sexualizadas a muy temprana edad[19]. En Venezuela, la edad mínima para contraer matrimonio: 16 años.

Sánchez así reflexiona que la permisividad desde el sistema legal es el factor estructural para la ocurrencia del matrimonio infantil: “¿Por qué hay matrimonios de mujeres menores de edad? Porque el Estado lo permite”.

Por otro lado, el Programa Conjunto para Erradicar el Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe (2018-2021) desarrollado por UNICEF, UNFPA y ONU Mujeres, recomienda implementar medidas para apoyar el empoderamiento de las niñas. En este sentido, debe investigarse los factores e impulsores del matrimonio infantil y las uniones tempranas en los contextos específicos para, a su vez, generar espacios donde las niñas tengan acceso a la educación y puedan desarrollar sus habilidades. El programa también realza la importancia de trabajar con los padres y líderes comunitarios para revertir la aceptación y perpetuación de la práctica. Asimismo, es necesario que las instituciones encargadas de la protección de las mujeres brinden servicios oportunos y exhaustivos a nivel escolar, comunitario y familiar, incluyendo programas de educación sexual y de igualdad de género, como programas económicos para adolescentes embarazadas.

La organización, Girls Not Brides, plantea que las niñas afectadas y en riesgo deben involucrarse en las soluciones, de forma que los programas atiendan sus necesidades. Igualmente, en contextos de crisis y emergencias, debe incluirse el tema como parte de la respuesta humanitaria con indicadores de medición y de resultados adecuados para lograr una adaptación óptima a los contextos locales.

Sin embargo, para poder desarrollar e implementar medidas adecuadas en Venezuela y ante la pronunciada opacidad oficial, debe comenzarse por estudiar el problema y recabar datos sobre el fenómeno. ¿Qué tan prevalente es el matrimonio infantil? ¿Hay más prevalencia de uniones de hecho y otras formas más informales? ¿Involucran más a niñas que a niños o ambos? ¿Cuáles son los impulsores y factores del matrimonio infantil en Venezuela? ¿Cuáles son las consecuencias en la vida de las niñas casadas? Sánchez plantea otras interrogantes adicionales: “¿Por qué se casan las mujeres menores de edad? ¿Qué edades tienen? ¿Qué edades tienen los hombres con los que se casan? ¿Cuál es la diferencia de edad entre ellos? ¿Serán matrimonios por paternidad temprana? ¿Es similar la situación de una mujer de 17 años a una de 12? ¿Lo hacen contra su voluntad? ¿Lo hacen por autorización de la familia? ¿Es el criterio de 18 años suficiente para hablar de la decisión de una persona? ¿Podemos decir que es una práctica generalizada a nivel social?”. 

El investigador asimismo analiza las distintas circunstancias en la que la práctica puede darse. Así, por ejemplo, los factores pueden variar entre una comunidad indígena y otros contextos de la sociedad venezolana, y, en este sentido, cabe preguntarse si las costumbres y tradiciones religiosas se constituyen como impulsores de la práctica.  

Las instituciones oficiales encargadas, empezando por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, deben movilizarse para dimensionar el matrimonio infantil en el país en alianza con personas y organizaciones especializadas. Es necesario visibilizar el fenómeno y transmitir la necesidad de atenderlo, sensibilizar y educar sobre el problema y sus consencuencias, para revertir así las normas, creencias y costumbres que perpetúan la práctica. Sánchez agrega: “el matrimonio con mujeres menores de edad está mucho más naturalizado que lo que estamos dispuestos a reconocer”.

Itzel manda un mensaje a las niñas como ella: “Yo les digo que lo piensen porque tampoco está bien, porque una deja a su mamá, como yo dejé a mi mamá… Una debe pensarlo, primero debe estudiar, yo ahorita lo pienso y digo, ¿por qué lo hice? Si yo tenía oportunidad de ir a la escuela”.

Necesitamos niñas sanas, protegidas de la violencia y con oportunidades para crecer, desarrollar sus talentos y habilidades, y vivir.

 

Revisa todos los artículos de la revista "No Pensamos callar":  https://www.amnistia.org/media/8150/ai_se_revistamujeres.pdf