Organizaciones llevaron a CIDH preocupación por espacio cívico en Venezuela
La represión hacia los defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil no ha disminuido. Pese a las continuas manifestaciones por los derechos laborales, la situación de la población en Venezuela no ha mejorado
Organizaciones llevaron a la CIDH la preocupación por espacio cívico en Venezuela.
La represión hacia los defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil podría escalar y empeorar. Pese a las continuas manifestaciones por los derechos laborales, la situación de la población en Venezuela no ha mejorado
Mira la conferencia completa haciendo clic aquí
Ante una combinación de factores que incrementan las preocupaciones: leyes, ataques impunes, necesidad en la gente, reclamos y no protección judicial, organizaciones venezolanas de derechos humanos acudieron con sus preocupaciones por la reducción del espacio cívico en Venezuela a una audiencia de la Comision Interamerica a de Derechos Humanos (CIDH) durante el 188º Período de Sesiones celebrado en noviembre de 2023 y presentaron un resumen de su análisis y peticiones, en un evento paralelo realizado en la sede de Amnesty International (AIUSA) en DC.
El Centro para los Defensores y la Justicia habló de los 421 ataques a personas defensoras entre enero y septiembre de 2023. Cifra que representa un 6,35% mayor respecto al año anterior, ha dicho su directora Marianna Romero. La estigmatización, criminalización, amenazas haciendo uso del sistema de justicia para perseguir, reprimir y perpetrar violaciones en contra de la libertad de asociación, de la posibilidad de expresarse, promover y defender los derechos humanos fueron expuestas por Romero.
El Observatorio Venezolano de Conflictos en 2023 ha documentado más de 6 mil
manifestaciones pacíficas en el país en los 10 primeros meses del año, relacionadas con los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hay una amenaza latente de que
la represión a las manifestaciones sea mayor en el contexto electoral de 2024. “La
respuesta del Estado es parcial, mínima, insuficiente y, en algunos casos,
represiva”, expresó Marco Ponce, director de la ONG.
El uso de leyes amenazantes y del sistema de justicia para restringir el espacio cívico se ha
manifestado en casos de periodistas, defensores de derechos humanos,
sindicalistas, personas con alto perfil público, personas percibidas por el gobierno como
opositoras, líderes estudiantiles y guardianes territoriales en el caso de los pueblos
indígenas, perfiles que son sujetos a medidas de detención arbitraria, incomunicación e
incluso tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. “Hay claramente una línea en el
sistema de justicia que tiende a coartar la libertad de asociación en vez de
favorecerla”, manifestó Carlos Lusverti de la Comisión Internacional de Juristas.
Durante la audiencia en la CIDH, María Padrón de Amnistía Internacional solicitó que el Estado venezolano cese de inmediato la implementación de la política de represión y el uso de detenciones arbitrarias por motivos políticos como un medio para silenciar a quienes disienten y que se respete y garantice la labor de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela que solo buscan proteger y defender los derechos de todas las personas, en particular de las y los más necesitados.