El 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Ambiente, las organizaciones venezolanas PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) y ODEVIDA (Observatorio para la Defensa de la Vida) publicaron su informe anual de 2024, un documento que traza un diagnóstico alarmante sobre el estado de la protección ambiental y los derechos de los pueblos indígenas en el país. Según los hallazgos, Venezuela enfrenta una "mezcla explosiva" entre una política de control ambiental deficiente y la expansión de la minería, que ha generado graves consecuencias socioambientales y humanitarias.

El informe no solo documenta el avance destructivo de la minería legal e ilegal, sino que también pone en evidencia un desmantelamiento institucional del Estado venezolano en materia de protección ambiental. La permisividad con la minería ilegal, incluso en parques nacionales y territorios protegidos, y la militarización de zonas indígenas en complicidad con grupos armados irregulares, configuran un escenario de ecocidio y etnocidio, según el análisis de PROVEA.

La emergencia ambiental se profundiza

El capítulo del informe dedicado al derecho a un ambiente sano afirma que la situación crítica del país continuó empeorando durante 2024. La expansión extractivista del Arco Minero del Orinoco avanzó, causando graves daños en la Amazonía y a las comunidades indígenas. Además, los derrames petroleros persistieron con el mismo ritmo de años anteriores, sin que el gobierno nacional implemente diagnósticos o respuestas estructurales.

El informe resalta varios casos emblemáticos que ilustran la magnitud de la crisis:

El Lago de Maracaibo: una eutrofización sin control 

La grave situación ambiental del Lago de Maracaibo ha alcanzado una etapa crítica, definida por la eutrofización intensiva, un proceso provocado por décadas de derrames petroleros, descarga de desechos sólidos, agroquímicos y efluentes urbanos. La proliferación de cianobacterias, conocidas como "verdín" (Microcystis aeruginosa), ya cubre más del 70% del lago, según especialistas, afectando la biodiversidad, la economía y la salud de las poblaciones circundantes. El informe señala que unos 10.000 litros de aguas residuales sin tratamiento ingresan al lago por segundo, y la mayoría de las plantas de tratamiento no están operativas. A pesar de los esfuerzos gubernamentales de 2024 para recoger 306.409 toneladas de desechos, la contaminación sigue siendo un problema apremiante.

El semiárido larense: deforestación por el carbón 

Otro caso documentado es la destrucción del territorio semiárido en el estado Lara, causada por la producción de carbón vegetal para exportación. La tala indiscriminada de árboles como curarí, vera y cují ha provocado una fuerte deforestación y un mayor riesgo de desertificación, afectando incluso al Parque Nacional Cerro Saroche. En junio de 2024, se denunció la tala de 2.900 árboles centenarios en el municipio Torres. A pesar de las denuncias presentadas ante la Fiscalía, la actividad contaminante ha continuado.

Una crisis humanitaria en el acceso a servicios básicos

La crisis ambiental tiene un impacto directo en la vida de millones de venezolanos. En 2024, la falta de acceso a servicios esenciales, como el agua potable y la gestión de residuos, fue un detonante de protestas sociales.

• Crisis del agua: Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), 335 protestas ciudadanas en 2024 se debieron a la falta de acceso a agua potable, convirtiéndose en el segundo motivo de protesta por servicios básicos. Una encuesta de CEDICE mostró que el 85% de los encuestados reportó que el agua que llega a sus hogares es fétida y sucia, lo que ha provocado un incremento de enfermedades estomacales.

• Residuos sólidos: El informe de CEDICE también destaca que el 69% de los encuestados en Caracas considera que los problemas relacionados con la acumulación de desechos sólidos en las calles se han incrementado. A pesar de que la frecuencia de recolección aumentó, no logra cubrir la creciente necesidad. El Centro de Tecnología de Materiales concluye que Venezuela aún carece de un plan nacional de manejo integral de residuos sólidos urbanos.

La devastación minera y la vulneración de los pueblos indígenas

El informe de PROVEA y ODEVIDA subraya la expansión de la minería ilegal en territorios indígenas como la Amazonía venezolana. A pesar de los operativos militares como la Operación Roraima 2024 y la Operación Neblina 2024, la sociedad civil venezolana y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) denuncian que las acciones no han sido efectivas.

El informe denuncia la existencia de un "ecocidio y etnocidio" provocado por el avance minero, que no solo afecta los territorios, sino también la cultura y la cosmovisión de los pueblos originarios. La investigación revela que:

• Incursión de grupos armados: La minería en el sur del país está controlada por grupos irregulares armados (GEIA), con un dominio que ha pasado de las extintas FARC-EP al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

• Complicidad militar: Muchos habitantes de la región, de forma anónima, señalan que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es aliada de estas guerrillas, compartiendo ganancias en el negocio de la extracción de oro. Esto se contradice con la versión oficial de los operativos militares.

• Violencia y conflictos: Se han documentado graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluyendo desplazamientos forzados, criminalización de defensores del territorio, y el incremento de enfermedades y desnutrición. El informe documenta el asesinato del guardián territorial Ye’kuana, Joaquín Hernández, en septiembre de 2024, y el incendio de una churuata (sitio sagrado) en Puerto Unión, como represalia a las acciones de los indígenas para desalojar a los mineros ilegales. Estos conflictos han generado una preocupante fractura interna en las comunidades indígenas.

El documento de SOS Orinoco, citado en el informe, señala que entre 2023 y 2024, 119 hectáreas adicionales de bosque fueron perdidas en el Parque Nacional Yapacana, a pesar de los operativos de la FANB.

Ante este sombrío panorama, PROVEA y ODEVIDA hacen un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional para detener el colapso socioambiental que vive Venezuela. El informe concluye con una serie de exigencias y recomendaciones claras al Estado, entre las que destacan:

• Actualizar las normativas ambientales: Se debe actualizar la normativa sobre la calidad de los cuerpos de agua, disminuyendo los límites máximos permitidos de fósforo y nitrógeno para evitar la eutrofización, como la que ocurre en el Lago de Maracaibo.

• Realizar auditorías ambientales: La Fiscalía y el Ministerio de Ecosocialismo (MINEC) deben auditar a las empresas de carbón vegetal en Lara y publicar los resultados.

• Investigar el caso Bulla Loca: Se exige una investigación completa sobre el accidente minero en Bulla Loca, en el que murieron al menos 16 personas.

• Reactivar planes de protección: Se pide la implementación de un plan permanente de vigilancia y control para el Área Yanomami y estrategias de protección para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.