En el marco del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, desde Amnistía Internacional alertamos sobre la grave situación que enfrenta la sociedad venezolana: la censura, la opacidad y las restricciones al acceso a la información pública no solo afectan el ejercicio periodístico, sino que constituyen una violación directa de los derechos humanos de toda la población

Según cifras de la organización Espacio Público, entre enero y agosto de 2025 se registraron 89 casos y 167 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Aunque la cifra representa una disminución respecto al mismo periodo de 2024 —cuando se contabilizaron 206 casos y 517 violaciones—, este descenso no significa que haya mejores condiciones. Como explica el informe, “la disminución obedece a que el año pasado estuvo marcado por una represión masiva en el marco de las elecciones presidenciales, no a que la situación actual sea más favorable”.

Los patrones más frecuentes de violaciones documentados fueron: censura (28 casos), restricciones al acceso a la información pública (27 casos), intimidación y hostigamiento (18 casos) y detenciones arbitrarias (8 casos). También se reportaron confiscaciones de equipos, bloqueos de portales de noticias y limitaciones digitales que impidieron a la ciudadanía acceder a contenidos independientes.

El impacto trasciende al gremio periodístico. El informe revela que el 80 % de las víctimas fueron periodistas, medios y trabajadores de prensa, mientras que el 20 % restante correspondió a ciudadanos que ejercían su derecho a expresarse y difundir información. Esto refleja cómo la censura y la opacidad afectan directamente a toda la sociedad venezolana, al privarla de información esencial para participar en democracia, exigir transparencia y proteger otros derechos.

Desde Amnistía Internacional se ha advertido que las personas que ejercen el periodismo en Venezuela siguen siendo blanco de detenciones arbitrarias, hostigamientos y restricciones sistemáticas a su labor. En nuestro informe “Venezuela: Enforced disappearances amount to crimes of humanity” (julio de 2025), denunciamos que “las autoridades venezolanas han cometido y continúan cometiendo desapariciones forzadas como parte de su política de represión contra la disidencia”, lo que agrava un contexto ya marcado por la censura y la opacidad institucional.

De manera complementaria, en el Informe Anual 2024/25 sobre la situación de derechos humanos en Venezuela se señala que “los periodistas permanecen en riesgo constante de ser detenidos o acosados, mientras los medios independientes enfrentan bloqueos y obstáculos como parte de un patrón sostenido de control autoritario del espacio informativo”. El derecho a buscar, recibir y difundir información —protegido en normas internacionales de derechos humanos— sigue siendo vulnerado de forma sistemática.

El diagnóstico de Espacio Público coincide con las de otras organizaciones civiles. “El Estado venezolano mantiene un control sistemático sobre el flujo de información, lo cual limita las libertades fundamentales y dificulta la construcción de una sociedad abierta y democrática”, puntualiza la organización.

Además, el informe de Espacio Público plantea la necesidad de fortalecer mecanismos institucionales de acceso a la información pública, promover legislación que proteja a periodistas y defensores de la libertad de expresión, garantizar condiciones técnicas de conectividad —evitando apagones y bloqueos de internet— y fomentar la colaboración entre medios, sociedad civil y organismos internacionales para monitorear agresiones.

Sin información libre y plural, no puede haber democracia ni respeto efectivo de los derechos humanos.

 Para conocer más detalles del informe de Espacio Público haz clic aquí.