La industria del diamante no corrige su manera de actuar
Las empresas de la industria del diamante son individualmente responsables de tomar medidas para que se respeten los derechos humanos en sus cadenas de suministro, de conformidad con las normas internacionales establecidas sobre empresas y derechos humanos
La industria del diamante debe respetar su promesa a los consumidores de que pueden confiar en que los diamantes que adquieren se han extraído, procesado y comercializado de manera responsable; así lo ha manifestado hoy una coalición de organizaciones de la sociedad civil preocupadas.
“El tiempo se ha agotado para la industria del diamante. La imagen es todo para el valor de los diamantes. Sin embargo, la reputación de la industria sigue empañada por su relación con abusos contra los derechos humanos como el trabajo infantil y el trabajo forzado, así como con conflictos, daños al medio ambiente y corrupción. Si la industria del diamante aspira de verdad a abordar estos problemas, deberá corregir su manera de actuar y dejar de enfocar el respeto a los derechos humanos y el comercio responsable como un ejercicio voluntario”, afirma Joanne Lebert, directora ejecutiva de IMPACT.
Se hace este llamamiento cuando los miembros de la comunidad internacional se reúnen en Bruselas para celebrar la sesión plenaria anual del proceso de certificación Kimberley, iniciativa por la cual los gobiernos participantes certifican que un diamante en bruto no tiene relación con algún conflicto, usando una definición muy estricta de los diamantes utilizados por los grupos rebeldes para financiar sus actividades.
La industria del diamante está representada en el Proceso de Kimberley por el Consejo Mundial del Diamante, agrupación de los mayores productores, distribuidores y joyeros de diamantes del mundo.
El Consejo Mundial del Diamante anunció el 25 de octubre que sus miembros habían aprobado las reformas propuestas para su instrumento bandera de autorregulación, el llamado Sistema de Garantías. A través de las nuevas Directrices del Sistema de Garantías, la industria del diamante asegura que ofrece garantías a los consumidores, más allá del certificado del Proceso de Kimberley, de que sus diamantes se han adquirido, procesado y comercializado de manera responsable.
Sin embargo, a pesar de las reformas introducidas, el Sistema de Garantías sigue distando de cumplir las normas internacionales que exigen una conducta responsable a las empresas, ya que, entre otras cosas, afirma que el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas tiene carácter “voluntario”.
“Esta supuesta mejora introducida por el Consejo Mundial del Diamante en sus directrices autorregulatorias, más que un intento sincero de garantizar que el comercio de diamantes no siga fomentando la comisión de abusos contra los derechos humanos, parece un gesto simbólico para apaciguar las críticas sobre los errores de la industria del diamante. Pedimos a las empresas que reconozcan su responsabilidad individual y actúen en consecuencia para abordar el comercio de diamantes asociado a daños”, ha manifestado Sophia Pickles, directora de campañas de Global Witness.
Las empresas de la industria del diamante son individualmente responsables de tomar medidas para que se respeten los derechos humanos en sus cadenas de suministro, de conformidad con las normas internacionales establecidas sobre empresas y derechos humanos, como los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos y la Guía de la OCDE sobre la diligencia debida para cadenas de suministro responsables de minerales procedentes de zonas en conflicto o de alto riesgo.
Con arreglo a estas normas, las empresas son responsables de identificar los riesgos para los derechos humanos, de tomar medidas para prevenir o atenuar tales riesgos y de rendir cuentas por su impacto en los derechos humanos. Para ser fiable y legítimo, todo plan de la industria en el sector de los minerales —como el Sistema de Garantías del Consejo Mundial del Diamante—debe estar en consonancia con las normas mundialmente refrendadas, y garantizar la integración del respeto a derechos humanos en toda la cadena de suministro.
Sin embargo, la propia industria del diamante ha persistido en su falta de medidas significativas para limpiar el comercio de diamantes, a pesar de la existencia de estas normas para una conducta responsable de las empresas, que, de implementarse íntegramente, resolverían las deficiencias en materia de responsabilidades de derechos humanos con arreglo al Proceso de Kimberley.
Aunque las directrices revisadas del Sistema de Garantías se refieren a los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos y al criterio de la OCDE sobre adquisición y comercialización de minerales, sólo se “anima” a los miembros a evitar causar o contribuir a causar abusos, a “rechazar” las peores formas de trabajo infantil y a “formarse” sobre el criterio de la OCDE más que ha aplicarlo. En un “documento aclaratorio” sobre las reformas, el Consejo Mundial del Diamante afirma claramente que los “asuntos sobre derechos humanos y laborales” son “voluntarios”.
“Es posible que en otra época se viera a la industria del diamante como líder en la escena internacional, dando su apoyo al establecimiento del Proceso de Kimberley para resolver los problemas de las cadenas de suministro de diamantes afectados por el conflicto. Pero en la actualidad no está a la altura de las normas internacionales sobre prácticas empresariales responsables, a pesar de que en los últimos diez años ha tenido infinidad de oportunidades para adoptar reformas. La postura internacional está clara: respetar los derechos humanos no es optativo para las empresas. El Consejo Mundial del Diamante debe exigir a sus miembros que actúen en consonancia con las normas internacionales ”, ha afirmado Lucy Graham, investigadora de Amnistía Internacional.
“En vez de ofrecer garantías de que los diamantes son adquiridos de manera responsable en consonancia con las normas internacionales, estas directrices revisadas dejan a personas y comunidades expuestas a un peligro de explotación muy real y a otros daños graves, y transmiten a los consumidores la falsa tranquilidad de que sus joyas no han contribuido a la comisión de esos abusos. Esto no es, ni mucho menos, lo mejor que puede hacer la industria del diamante”, ha afirmado Brad Brooks-Rubin, director ejecutivo de The Enough Project y The Sentry.
Ante la oportunidad de introducir reformas, la industria del diamante está eludiendo sus obligaciones con las comunidades que producen y fabrican diamantes, y con todas las personas que compran sus diamantes. Esto es un incumplimiento de la promesa del Consejo Mundial del Diamante de que los consumidores “pueden confiar en que los diamantes que compran han sido adquiridos de manera responsable y ética”.
“Si pretende que esa afirmación tenga alguna credibilidad y no se quede en mera palabrería, la industria del diamante debe tomar medidas con carácter urgente para ponerla en consonancia con las normas internacionales”, ha afirmado Juliane Kippenberg, de Human Rights Watch.
Organizaciones firmantes de este llamamiento:
Amnistía Internacional
Enough Project
Global Witness
Human Rights Watch
IMPACT
Información complementaria
La estricta definición de “diamantes de zonas en conflicto” según el Proceso de Kimberley es una de las principales fisuras del programa de certificación, que se traduce en que no aborda en general la diversidad de motivos de preocupación sobre derechos humanos que siguen asociándose a la cadena de suministro de diamantes.