Francia: Medidas antiterroristas injustas usadas para “perseguir en lugar de enjuiciar”

A pesar de haberse levantado el estado de excepción hace un año, en Francia siguen aplicándose facultades antiterroristas especiales para castigar injustamente a personas sin cargos ni juicio, lo que ha dejado a decenas de personas en un limbo legal, concluye un nuevo informe de Amnistía Internacional.

Punished without trial: The use of administrative control measures in the context of counter-terrorism in France revela que las órdenes de control, al sortear el sistema de justicia penal ordinario y sus principios, imponen graves restricciones a los derechos de las personas.

“Las medidas introducidas en virtud del estado de excepción estaban concebidas para ser excepcionales y temporales, pero ahora se han incorporado firmemente a la legislación francesa ordinaria y están deteriorando la vida de las personas al arrebatar sin piedad derechos básicos”, dijo Rym Khadhraoui, investigadora de Amnistía Internacional para Europa Occidental.

“Francia ha creado un sistema de justicia de segunda que se aplica con criterios generales y poco precisos, se basa en información secreta y no ofrece a las personas afectadas una oportunidad significativa de defenderse”.

Al dar importantes facultades discrecionales a las autoridades para castigar a personas fuera del sistema de justicia penal ordinario, las medidas de control administrativo se prestan al abuso y a la aplicación discriminatoria, por ejemplo, a la comunidad musulmana.

En una versión moderna del “crimen de pensamiento” orwelliano, las medidas de control se imponen basándose en lo que alguien podría hacer en el futuro y no en un acto delictivo que haya cometido. Este tipo de iniciativas “predelito” pueden tener un impacto enorme en la vida de las personas afectadas y sus familias.

Basándose en criterios poco precisos y normalmente en información no revelada, las medidas de control permiten que el Ministerio del Interior imponga toda una serie de restricciones, como prohibir a una persona salir de determinada localidad, exigirle presentarse ante la policía todos los días y prohibirle contactar con ciertas personas.

Rochdi fue objeto de una medida de control administrativo que le confinó en la pequeña localidad de Echirolles durante año y medio. Durante ese tiempo, no pudo visitar a su madre, que vivía en otro municipio, y tuvo dificultades para encontrar trabajo dadas las limitadas oportunidades existentes en Echirolles, una localidad de sólo 8 kilómetros cuadrados. “Destruyeron mi vida”, dijo a Amnistía Internacional. “En cierto modo es peor que una pena de prisión porque estamos en prisión mientras estamos fuera. Al menos en prisión no hay alternativa”.

Las medidas de control provocan a menudo situaciones absurdas. En el caso de Rochdi, el requisito de trabajar que le había impuesto un juez se contradecía con las restricciones impuestas por la orden de control administrativo. Esta contradicción hizo que Rochdi perdiera finalmente su empleo.

En casos como el de Rochdi, las medidas de control administrativo no sólo limitan injustamente la libertad de circulación de una persona, sino también su derecho a la vida privada y familiar, y su derecho al trabajo, todo lo cual constituye una violación de las obligaciones contraídas por Francia en virtud de derecho internacional.

Kamel Daoudi está sometido a una orden de control desde hace más de diez años. La orden lo obliga a vivir en una localidad situada a más de 400 kilómetros de su familia, presentarse en la comisaría de policía tres veces al día y cumplir un toque de queda nocturno. Las autoridades francesas se niegan a renovar su permiso de residencia provisional y no pueden enviarlo a su país de nacionalidad, Argelia, debido al riesgo de que sea sometido a tortura. Como consecuencia, en la práctica está atrapado indefinidamente. Contó a Amnistía Internacional: “Esta medida es deshumanizadora. Toda mi vida está organizada alrededor de las restricciones que me han impuesto. Reduce mi vida a algo muy absurdo”.

El informe revela también que las personas a las que se aplicaron medidas en virtud del estado de excepción y que no fueron investigadas o acusadas formalmente después siguen sufriendo consecuencias graves. Algunas dijeron sentirse traumatizadas por las medidas de las autoridades con un daño psicológico y estrés continuos para ellas y sus familias. Las medidas de control actuales podrían tener efectos de larga duración similares.

“El estado de excepción de Francia se ha levantado sólo para revelar la existencia de un estado de securización permanente y draconiano. Se han normalizado unas medidas extraordinarias, las pruebas han sido sustituidas por información secreta y se persigue a las personas en lugar de enjuiciarlas”, dijo Rym Khadhraoui.

“Es vital proteger a la ciudadanía de ataques violentos, pero eludir el sistema de justicia penal para perseguir a personas basándose en la suposición de que podrían cometer delitos en el futuro es absurdo e injusto. Hay que desechar estas órdenes de control”.

Información complementaria

En octubre de 2017, el gobierno francés levantó el estado de excepción que había declarado después de los atentados de París de 2015. En virtud de esta medida, que se prorrogó seis veces, las autoridades francesas establecieron excepciones a algunas de las obligaciones de Francia en materia de derechos humanos y ejercieron una serie de facultades excepcionales, como la imposición de medidas de control administrativo, basadas normalmente en información secreta (notes blanches) y aplicadas sin acusar de un delito ni enjuiciar a la persona objeto de la orden.

En noviembre de 2017 entró en vigor una nueva ley antiterrorista “que refuerza la seguridad interna y la lucha contra el terrorismo” en cuya virtud las autoridades administrativas mantienen la facultad de imponer medidas de control que limitan derechos fundamentales.

En un informe de 2016, Amnistía Internacional documentó cómo las duras medidas de excepción habían pisoteado los derechos de miles de personas en Francia, dejándolas traumatizadas y estigmatizadas. 

Un informe de Amnistía Internacional de 2017 reveló que una serie de nuevas leyes de amplio alcance están llevando a Europa a un estado grave y peligroso de securización permanente y que las medidas antiterroristas son a menudo discriminatorias.