La indiferencia mundial hacia las violaciones de derechos humanos cometidas en Oriente Medio y el Norte de África fomenta las atrocidades y la impunidad

La estremecedora indulgencia de la comunidad internacional con las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas en Oriente Medio y el Norte de África ha dado alas a los gobiernos para cometer terribles violaciones de derechos humanos en 2018, al transmitirles la impresión de que no deben temer la acción de la justicia; así lo ha afirmado Amnistía Internacional al presentar su informe sobre los derechos humanos en esta región en 2018.

El informe Human rights in the Middle East and North Africa: A review of 2018 (Derechos humanos en Oriente Medio y el Norte de África: Análisis de 2018) describe cómo gobiernos de toda la región han persistido con descaro en sus despiadadas campañas de represión para aplastar la disidencia, reprimiendo a manifestantes, opositores políticos y miembros de la sociedad civil, a menudo con el apoyo tácito de poderosos aliados.

El estremecedor asesinato de Jamal Khashoggi en octubre de 2018 provocó un clamor global de indignación sin precedentes, que impulsó una investigación saudí e incluso la insólita adopción de medidas por Estados como Dinamarca y Finlandia para suspender el suministro de armas a Arabia Saudí. Sin embargo, importantes aliados del reino saudí, como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, no han hecho lo mismo y, en conjunto, la comunidad internacional ha desoído las peticiones de organizaciones de derechos humanos para que se abra una investigación independiente de la ONU capaz de hacer justicia.

“Ha tenido que suceder el asesinato a sangre fría de Jamal Khashoggi en la sede de un consulado para que algunos de los Estados más responsables suspendan las transferencias de armas a un país que dirige una coalición responsable de crímenes de guerra y que ha contribuido a causar una catástrofe humanitaria en Yemen. Pero, aun después del clamor global suscitado por el caso de Khashoggi, no se han adoptado medidas concretas para garantizar que los responsables de su asesinato comparecen ante la justicia”, ha dicho Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“En todo Oriente Medio y el Norte de África, miles de personas que ejercían la disidencia y la crítica pacífica sufrieron vergonzosas violaciones de derechos humanos en una escala espeluznante a manos de gobiernos durante todo 2018, en medio del silencio ensordecedor de la comunidad internacional.”

El informe de Amnistía Internacional pone de manifiesto que la represión de la sociedad civil y la disidencia se intensificó considerablemente en Egipto, Irán y Arabia Saudí en 2018. Estos tres Estados son representativos de la respuesta insuficiente a las violaciones generalizadas.

En Irán se reprimió con violencia una ola de protestas multitudinarias, con miles de personas detenidas y recluidas a lo largo del año. Aun así, la Unión Europea, que mantiene un diálogo de derechos humanos con el país, guardó silencio.

En 2018, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Países Bajos suspendieron las ventas de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. En cambio, Estados Unidos, Francia y Reino Unido están entre los Estados que han continuado exportando armas que han permitido a la coalición liderada por Arabia Saudí dirigir ataques selectivos contra escuelas, hospitales y civiles durante el conflicto de Yemen, en contravención del derecho internacional. Internamente, Arabia Saudí continuó su campaña represiva contra activistas de la sociedad civil, y hubo casos de defensoras de los derechos humanos detenidas y torturadas bajo custodia.

Francia y Estados Unidos, entre otros Estados, también han seguido suministrando a Egipto armas utilizadas para ejercer la represión interna en un contexto de represión generalizada de los derechos humanos. Hoy, vivir en Egipto es más peligroso que en ningún otro momento de la historia reciente del país para quienes ejercen la crítica pacífica.

Estados Unidos, además, se ha comprometido a proporcionar ayuda militar a Israel por valor de 38.000 millones de dólares en los próximos 10 años, a pesar de la impunidad con que actúan las fuerzas israelíes y del gran número de violaciones de derechos humanos que siguen cometiendo en los Territorios Palestinos Ocupados. En la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes mataron al menos a 180 personas palestinas el año pasado, entre ellas 35 menores, durante las manifestaciones por el derecho al retorno de las personas refugiadas, según el Centro Palestino de Derechos Humanos. Aunque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una comisión de investigación sobre los homicidios, Israel se ha negado a cooperar con la investigación y las presiones que ha recibido para hacerlo han sido escasas o nulas.

“Una y otra vez, aliados de los gobiernos de la región han antepuesto a los derechos humanos sus lucrativos acuerdos comerciales, acuerdos de cooperación en materia de seguridad o ventas de armas por valor de miles de millones de dólares, fomentando los abusos y creando un entorno en el que los gobiernos de Oriente Medio y el Norte de África consideran que son 'intocables' y están por encima de la ley”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Ya es hora de que el mundo siga el ejemplo de Estados como Dinamarca, Finlandia, Noruega y Países Bajos, que han anunciado la suspensión de ventas de armas a Arabia Saudí, transmitiendo el mensaje inequívoco de que violar derechos humanos tiene claras consecuencias.”

Amnistía Internacional hace un llamamiento a todos los Estados para que suspendan de inmediato la venta o transferencia de armas a todas las partes del conflicto de Yemen y a Israel mientras exista un riesgo considerable de que esas armas puedan utilizarse para cometer o facilitar la comisión de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. La organización pide asimismo a todos los Estados que presten mayor apoyo a los mecanismos internacionales destinados a garantizar justicia a las víctimas, como las misiones de investigación de la ONU sobre los homicidios de Gaza y sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Yemen y Siria, así como a la Corte Penal Internacional.

Represión incontrolada de la disidencia

Como consecuencia de la ausencia de rendición de cuentas en toda la región, las autoridades de los Estados de Oriente Medio y el Norte de África han tenido vía libre para encarcelar a personas que ejercían la crítica pacífica, restringir las actividades de la sociedad civil o recurrir a la detención y reclusión arbitrarias y al uso excesivo de la fuerza contra manifestantes que reclamaban sus derechos.

En Irán, 2018 fue calificado por Amnistía Internacional como “año de la vergüenza”, en el que las autoridades detuvieron a más de 7.000 manifestantes, estudiantes, periodistas, activistas medioambientales, trabajadores y defensores de los derechos humanos, y en muchas ocasiones de forma arbitraria. Entre las personas que pagaron un alto precio por su activismo pacífico estaban las defensoras de los derechos humanos que se manifestaron contra la práctica abusiva y discriminatoria de obligar a llevar el velo (hiyab).

En Arabia Saudí, las autoridades detuvieron y procesaron a personas críticas con el gobierno, figuras del mundo académico y personas que defienden derechos humanos. En una ola de detenciones practicadas en mayo de 2018, al menos ocho defensoras de los derechos humanos que habían hecho campaña contra la prohibición de conducir impuesta a las mujeres y contra el sistema de tutela fueron detenidas sin cargos. Prácticamente la totalidad de los defensores y defensoras de los derechos humanos de Arabia Saudí están actualmente entre rejas o han tenido que huir del país.

En Egipto, las autoridades intensificaron su represión de la disidencia en el periodo previo a las elecciones presidenciales. Detuvieron al menos a 113 personas sólo por expresar opiniones críticas de forma pacífica y promulgaron legislación que agrava el silenciamiento de los medios de comunicación independientes. Dos mujeres fueron detenidas por alzar la voz contra el acoso sexual en Facebook. Una de ellas, Amal Fathy, vio confirmada la condena a dos años de prisión que le habían impuesto.

En Irak, las fuerzas de seguridad dispararon, golpearon y detuvieron a manifestantes. En Marruecos se impusieron largas penas de prisión a decenas de personas por participar en manifestaciones.

En Emiratos Árabes Unidos y en Bahréin, los destacados activistas Ahmed Mansoor y Nabeel Rajab fueron sancionados con duras penas de cárcel —10 y 5 años, respectivamente— por sus publicaciones en redes sociales.

En Argelia, personas activistas y blogueras fueron blanco de ataques por criticar al gobierno en comentarios publicados en Facebook.

Las autoridades de Jordania, Líbano y Palestina también detuvieron arbitrariamente a activistas y otras personas por expresar críticas a las autoridades o participar en manifestaciones de manera pacífica.

“En toda la región de Oriente Medio y el Norte de África, prácticamente todos los gobiernos sin excepción han demostrado una escandalosa intolerancia del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”, ha dicho Heba Morayef.

“Quienes salieron a la calle para manifestarse desafiando la represión y se atrevieron a alzar la voz para ejercer la crítica pacífica han pagado un precio muy alto. Algunas de estas personas pasarán años entre rejas simplemente por expresar sus opiniones, ya que se dictan condenas absurdamente desproporcionadas para intimidar a activistas y silenciar su voz.”

El sufrimiento de la población civil en el conflicto armado

El suministro continuado de armas a gobiernos de Oriente Medio y el Norte de África por la comunidad internacional y su reiterada falta de medidas encaminadas a presionar para que haya rendición de cuentas por los crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional han tenido consecuencias devastadoras y de gran alcance.

En Libia, Siria y Yemen siguieron cometiéndose crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario en 2018. En Irak y Siria, la población civil continuó soportando un gran sufrimiento a pesar de que las hostilidades armadas disminuyeron.

La población palestina de Cisjordania y Gaza continuó sufriendo a causa de la ocupación militar israelí. Su política de ampliar los asentamientos ilegales y su bloqueo permanente sobre Gaza constituyen violaciones graves del derecho internacional.

En Siria, las fuerzas gubernamentales continuaron cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; Rusia y China, por su parte, ayudaron a obstaculizar la rendición de cuentas por estos crímenes.

La investigación de Amnistía Internacional también ha revelado que las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos mataron a cientos de civiles e hirieron a miles durante su ofensiva sobre Al Raqa para expulsar al grupo armado autodenominado Estado Islámico, que incluyó ataques contrarios al derecho internacional humanitario. Tanto en Siria como en Irak, las fuerzas de la coalición han mostrado lentitud en reconocer y explicar las muertes de civiles causadas durante sus operaciones.

En Yemen, si bien algunos países europeos han suspendido las transferencias de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (miembros de la coalición), otros países, como Estados Unidos, Francia y Reino Unido, han seguido suministrando equipo militar por valor de miles de millones de dólares, parte del cual se ha utilizado para cometer violaciones del derecho internacional humanitario durante el conflicto.

En Libia, la falta de medidas de la comunidad internacional para presionar en favor de mecanismos efectivos de rendición de cuentas en foros como el Consejo de Derechos Humanos ha animado a las partes del conflicto a continuar cometiendo abusos con absoluto desprecio del derecho internacional.

“Hace demasiado tiempo que los autores de atrocidades quedan impunes en todo Oriente Medio y el Norte de África debido a la ausencia de presión internacional para obligar a rendir cuentas a las partes del conflicto responsables de crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional. La rendición de cuentas es fundamental, no sólo para que las víctimas de estos crímenes obtengan justicia, sino para acabar con el círculo vicioso de abusos y evitar que haya más víctimas”, ha manifestado Philip Luther.

Atisbos de esperanza para los derechos humanos

En medio de la represión y los abusos generalizados que caracterizaron 2018, hubo algunos avances limitados para los derechos de las mujeres y de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (personas LGBTI).

En todo el Magreb se promulgaron leyes que contienen disposiciones para combatir la violencia contra las mujeres, y el Estado de Palestina derogó una disposición por la que el presunto violador podía librarse de ser juzgado casándose con su víctima, siguiendo los pasos de otros Estados de Oriente Medio y el Norte de África.

En Arabia Saudí, las autoridades al fin levantaron la prohibición de conducir a las mujeres, aunque encarcelaron a mujeres defensoras de los derechos humanos que habían hecho campaña en favor de ese mismo derecho.

Aunque las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo seguían siendo delito en toda la región, hubo dos pequeños triunfos para los derechos LGBTI en países donde ha habido una fuerte movilización de la sociedad civil en relación con esta cuestión: en Túnez, donde se presentó un anteproyecto de ley al Parlamento que despenalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, y en Líbano, donde un tribunal resolvió que las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo no constituían delito.

En una región dominada por una impunidad muy arraigada, estos dos países también avanzaron hacia la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. En Líbano, el Parlamento aprobó una ley que establecía una comisión para investigar miles de desapariciones forzadas durante la guerra civil después de varios años de campaña de la sociedad civil libanesa. En Túnez, la Comisión de la Verdad y la Dignidad superó con éxito los reiterados intentos de obstaculizar su trabajo por parte de las autoridades.

“En un contexto de represión desbordante, algunos gobiernos han dado tímidos pasos adelante. Estos avances son un tributo a las personas valientes que defienden los derechos humanos en toda la región de Oriente Medio y el Norte de África y sirven para recordar a quienes arriesgan por sistema su libertad para decir la verdad al poder y enfrentarse a la tiranía que están sembrando las verdaderas semillas del cambio para los próximos años”, ha afirmado Heba Morayef.