Martes, 11 de junio, 2019
Un año después de que estallaran las protestas en Nicaragua, al menos 700 personas se enfrentan a procedimientos penales y más de un centenar de ellas continúan en prisión, incluidos los líderes estudiantiles Amaya Coppens y Christopher Olivas y los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora. Una ley de amnistía aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de Nicaragua podría poner en peligro la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la crisis. Instamos a las autoridades nicaragüenses a poner de inmediato en libertad a todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y a retirar los cargos en su contra.
Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo
Daniel Ortega Saavedra, Presidente de Nicaragua, c/o Ministerio de Relaciones Exteriores
Del cine González 1 c. al Sur, sobre Avenida Bolívar,
Managua, Nicaragua nicaragua@oas.org / Twitter: @DenisCanciller
Señor Presidente Ortega:
Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por la constante estrategia de persecución y criminalización utilizada en Nicaragua desde abril de 2018. Al menos 700 personas se enfrentan a procedimientos penales y más de un centenar de ellas continúan en prisión, incluidos los líderes estudiantiles Amaya Coppens (23 años) y Christopher Olivas (19) y los periodistas Lucía Pineda Ubau (45) y Miguel Mora (53), a pesar de los llamamientos del Consejo de Derechos Humanos y del Consejo Permanente de la OEA en favor de su liberación, y del compromiso del gobierno de Nicaragua de ponerlos a todos en libertad antes del 18 de junio de 2019. La nueva ley de amnistía podría poner en peligro la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de la crisis.
Le insto a poner de inmediato en libertad a todas las personas detenidas desde el 18 de abril de 2018 exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y a retirar los cargos en su contra, de acuerdo con las normas internacionales; le insto asimismo a garantizar que no se otorga amnistía a ninguna persona responsable de cometer violaciones graves de derechos humanos.
Atentamente,
[NOMBRE]
Información complementaria
El 18 de abril de 2018, tras años de declive institucional en Nicaragua, estallaron protestas tras el intento del gobierno de implementar —sin consulta previa— reformas impopulares a la seguridad social. A estas protestas se respondió con una violenta represión. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la crisis ha causado la muerte de 325 personas, entre ellas 21 policías y 24 niños, niñas y adolescentes, y heridas a más de 2.000. Además, las cifras facilitadas por la sociedad civil determinan que se ha detenido a más de 700 personas. Asimismo, se ha destituido a 300 profesionales de la salud, se ha expulsado a 144 estudiantes de la UNAN (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua) y se ha obligado a exiliarse a más de 70 periodistas y profesionales de los medios de comunicación. Según el ACNUR, unas 62.000 personas nicaragüenses han huido a los países vecinos; 55.000 de ellas han buscado refugio en Costa Rica.
El 16 de mayo de 2019, Eddy Montes (de 57 años), con doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense, murió por disparos en la prisión La Modelo de Managua. Él y otros que resultaron heridos habían sido detenidos por participar en las protestas de 2018. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una Ley de Amnistía el 8 de junio de 2019.
El informe de Amnistía Internacional Sembrando el terror concluyó que uno de los elementos centrales de esta política de represión eran los persistentes esfuerzos del Estado nicaragüense por criminalizar a quienes se le oponen, refiriéndose a quienes protestaban contra el gobierno como “terroristas” o “conspiradores” para justificar sus acciones violentas.
Desde entonces, las protestas han continuado, reclamando un cambio sustancial en la situación. Más de un año después del comienzo de la represión de las protestas, Amnistía Internacional sigue recibiendo informes de detenciones arbitrarias y tortura de personas privadas de libertad. Además, las organizaciones de la sociedad civil cuyo estatus jurídico fue cancelado por el gobierno (incluido el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH) siguen sin poder realizar libremente su trabajo en el país, y continúa el acoso contra periodistas y personas que defienden los derechos humanos. Los ataques contra la libertad de expresión y reunión pacífica indican una estrategia continuada para reprimir las voces discrepantes.
Pueden escribir llamamientos en: Español
También pueden escribir en su propio idioma.
Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 18 de julio de 2019
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
Nombre y género gramatical preferido: Personas encarceladas después de más de un año de protestas (no aplicable)
Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4390852018SPANISH.pdf
(AU: 169/18 Índice: AMR 43/9085/2018 Nicaragua)